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El jueves, las tres impotencias de lo que queda del Estado dieron una nueva vuelta en sus respectivas norias, sólo para comprobar que los pozos siguen secos. El senador Eduardo Duhalde, a cargo en forma interina del Poder Ejecutivo, desistió del juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que había impulsado antes de enterarse de la muy peronista diferencia entre prometer y realizar, que todos los días se le olvida y debe reaprender y que ha convertido la Casa Rosada en una academia de educación permanente para adultos. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, a cargo del tira y afloja con la Corte y del aborto del procedimiento constitucional, no pudo conseguir quórum para someter a votación el dictamen de la Comisión de Juicio Político que recomendó destituir a los nueve jueces supremos. La Corte tampoco pudo formar mayoría para decidir en alguna forma u otra la medida cautelar presentada por Antonio Alberto Acerbo contra el Banco y la Provincia de Chubut, a quienes tuvo la mala puntería de confiarles 1.141.268,28 dólares el 23 de noviembre de 2001, una semana antes de que Domingo Cavallo realizara su último pase de magia. El núcleo duro de la mesnada menemista (el socio, Julio Nazareno; el cuñadísimo, Eduardo Moliné; el amigo, Adolfo Vázquez; y el paje de tacos altos, Guillermo López) prepararon un voto favorable a Acerbo, quien reclama que su plata quede depositada en dólares hasta que se decida la constitucionalidad de las leyes y decretos que la transmutaron en caca. Antonio Boggiano, Augusto Belluscio y Carlos Fayt se oponen, por distintas razones, y Enrique Petracchi y Gustavo Bossert se excusaron, porque son los únicos tontos del grupo, con ahorros acorralados, de modo que si votaran se estarían pronunciado sobre intereses propios. Testimonio de ese atascamiento fue la declaración difundida durante la semana por el ministro de Justicia, Juan J. Alvarez: “Es imprescindible la coordinación entre Ejecutivo, Congreso y Justicia. Si se atropellan entre sí, es imposible que el andamiaje político avance”. Como cuadra a todo buen andamiaje, no avanza.
Al llegar el jueves a Tribunales, Petracchi accedió a conversar con los periodistas. Su declaración fue tan sorprendente, que la televisión la repitió durante todo el día. “Pido ser juzgado, porque la legitimidad de los jueces depende de que la gente confíe en ellos. Si yo tengo una acusación quiero que se juzgue y se diga si es cierta o no es cierta”, dijo. Su confianza en el desenlace tiene respaldo documental. La única acusación grave contra Petracchi afirma que recibió pagos ilegales para votar en favor del rebalanceo telefónico.
Aunque Petracchi no votó en ningún caso en ese sentido, el cargo pareció demostrarse con la aparición de una transferencia de 580.000 dólares a nombre de Enrique Petracchi en los registros del Federal Bank que el Citibank entregó al Senado de los Estados Unidos. El juez de la Corte sostuvo que nunca operó con el Federal Bank, del escribano Raúl Juan Pedro Moneta, y que su cuenta en el Citibank nunca tuvo más de 150.000 dólares, que no es un ahorro inalcanzable para un funcionario con cuatro décadas en el Poder Judicial.
Petracchi se autodenunció a la justicia, pidió su juicio político a la Cámara de Diputados antes que las cacerolas salieran de las cocinas y solicitó información a tres fuentes. La embajada de los Estados Unidos le respondió que el Poder Ejecutivo no podía interferir en una actividad del Senado. El Citibank dijo que aunque la transferencia estuviera a nombre de Petracchi, la cuenta era del Federal Bank por lo que no podía informarle. El Federal Bank contestó que la transferencia correspondía a un primo del juez y estrecho colaborador de Moneta, y el propio Alberto Petracchi admitió que el dinero era suyo. Pero ¿quién puede creerle algo a Moneta, sus empresas y sus asociados? Recién hace dos meses llegó al juzgado federal 7, a cargo de Jorge Urso, una respuesta del Banco Santander Central Hispano, firmada por su representante oficial Javier López Teijeiro, que parece liquidar la controversia. Afirma que la transferencia “fue devuelta al banco remitente al resultar imposible la aplicación de los fondos de acuerdo con la información facilitada”, es decir que Enrique Petracchi nunca cobró ese dinero.
Por eso Petracchi insiste en rechazar la perspectiva de que el juicio político sea desestimado por la Cámara en virtud de un acuerdo entre menemistas y duhaldistas y demanda un pronunciamiento específico sobre su caso. Tiene buenos motivos para temer que el carpetazo negociado entre el ex presidente y su ex vice, lo iguale con aquellos de sus colegas contra quienes abunda la prueba de mal desempeño o delitos, como si en la noche republicana todos los gatos fueran pardos.