La causa madre por la desaparición de Jorge Julio López no registra, a un año y cinco meses, avance alguno. Pero, en cambio, si prospera la denuncia penal que hizo el fiscal federal Sergio Franco contra una veintena de miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a los que acusó de haber frustrado pruebas esenciales para dar con el testigo desaparecido: el juez federal Arnaldo Corazza decidió que los llamará a prestar declaración indagatoria. Así lo había pedido el fiscal y las citaciones serían inminentes, según aseguró a Página/12 una alta fuente judicial. El daño causado no es menor, porque en el expediente hay numerosos indicios que relacionan a represores presos en esa cárcel con sospechosos del caso.

Franco imputó a los penitenciarios por haber obstaculizado el allanamiento del 23 de marzo del año pasado a la cárcel de Marcos Paz porque comprobó que, entre otras irregularidades, aparecieron líneas telefónicas nunca informadas por el SPF que utilizaban los represores, y los libros de guardia que debían reflejar las visitas que reciben estaban “plagados de falsedades y omisiones”.

Escribió el fiscal: “Han perjudicado la investigación a tal punto que se ha perdido prueba que podría haber sido fundamental para arribar a resultados positivos en la búsqueda de Jorge Julio López y de los responsables de su desaparición. Ello es así porque la investigación ha sido desviada hacia lugares inconducentes”. Y pidió al juez que investigue las “irregularidades con las líneas telefónicas a disposición de los internos” detenidos por violaciones a los derechos humanos, y las “irregularidades en la inscripción en el libro en donde se asientan las visitas a esos detenidos”. Franco acusó a catorce miembros del SPF, incluidos los dos últimos jefes de Marcos Paz, de haber cometido “falsedad ideológica de documento público, ocultamiento de información y abuso de autoridad”.

En el juzgado de Corazza avanzaron en tal sentido, y en los próximos días serán llamados 19 agentes, que probablemente deban declarar bajo esos mismos cargos. Los acusados tendrán que explicar por qué informaron que la línea que usaba Etchecolatz estaba, en realidad, en el módulo de Enfermería, o por qué aparecieron cinco líneas usadas por los represores que el SPF ocultó durante los procedimientos judiciales; y cómo es posible que aparezcan en el libro de guardia tres personas con el mismo número de documento. Por esos días la hipótesis principal del caso apuntaba a una banda mixta de represores retirados y en actividad con vínculos con los que están presos, que habrían sido los secuestradores de López.

Este diario publicó los detalles de los dos allanamientos a la cárcel, en marzo y en junio, y describió el trato preferencial que las autoridades del penal daban a los represores. A los pocos meses el jefe de Marcos Paz, Hugo Sosa, fue relevado del cargo por el ex ministro de Justicia Alberto Iribarne. “Es bueno que se reactive esto porque así se puede seguir para arriba, y si Iribarne no se va al Vaticano podría tener que dar explicaciones en este caso”, especuló uno de los investigadores de la causa.