El planteo comienza con una paradoja. Hoy, en un momento en que la aceptación formal de los derechos humanos se ha consolidado en el mundo y son pocos los países que la rechazan de manera abierta, aquellas naciones que la impulsaron en un primer momento parecen dispuestas a abandonarla: Estados Unidos, con esa “zona libre de derechos y leyes” que es Guantánamo y su decisión de autoexcluirse de la Corte Penal Internacional, y algunos países de Europa, que aceptan recortar libertades civiles ante el doble riesgo de la amenaza terrorista y la inmigración. Así comienza el artículo de Cath Collins, profesora de la Universidad de Surrey y especialista en cuestiones de derechos humanos, que sintetiza y discute algunas de las ideas volcadas en los artículos y entrevistas incluidas en el último número de Puente @ Europa.

Uno de los ejes es América latina. La idea es que la recuperación de la democracia en casi todos los países latinoamericanos –con algunas islas de excepción– ha generado un cambio crucial en el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales. Esto, naturalmente, marca una diferencia con el pasado trágico de dictaduras militares, pero también genera nuevos desafíos. En el nuevo contexto, de un Estado débil y ciertamente insuficiente pero sin el afán asesino del pasado, el desafío de los movimientos de derechos humanos parece difícil: ¿cómo relacionarse con un Estado que ya no es el carnicero de antes, un enemigo indiferenciado al que hay que oponerse, sino algo mucho más complejo, lleno de matices y zonas grises? Y que es un Estado que, además, debe responder a cada vez más demandas. En efecto, una vez superadas las amenazas a los derechos básicos –o al menos al extenderse un compromiso formal de protegerlos–, comenzaron a consolidarse reclamos más relacionados con los derechos económicos, políticos y sociales. Para Martín Abregú, del CELS, una solución posible es convertir al movimiento de derechos humanos en una especie de voz de la sociedad civil que ayude a canalizar sus necesidades ante el Estado.

Editada por la Universidad de Bologna (representación Buenos Aires) con apoyo de la Unión Europea, Puente @ Europa es una publicación de debate político y académico dirigida por Giorgio Alberti y Lorenza Sebesta y coordinada por Martín Obaya. La última edición contiene, además de los artículos de Collins y Abregú, entrevistas a diferentes especialistas que abordan desde diferentes ángulos el tema de los derechos humanos en la globalización.

Hay, sin embargo, un aspecto que el artículo de Collins menciona al pasar y que quizá podría haberse profundizado: la tensión entre derechos humanos y multiculturalismo. En Bolivia, las discusiones por las Asamblea Constituyente incluyeron una fuerte polémica desatada por el proyecto de otorgarle a la “justicia comunitaria” un status similar al de la “justicia occidental” en las zonas donde prevalece la población indígena. Esto, evidentemente, genera un problema. Aunque la “justicia comunitaria” tiene en general un espíritu más reparador que de castigo, también es cierto que incluye algunas sanciones y figuras que chocan frontalmente con los derechos humanos más elementales. Un ejemplo notable es la sanción a la mujer infiel –no al hombre– mediante el procedimiento de avergonzarla públicamente cortándole el pelo. Otro es la sanción a los homosexuales por considerar que violaron la confianza de la comunidad. O los castigos físicos con el chicote (látigo) para los ladrones. Más estructuralmente, la justicia comunitaria no incluye algo parecido a la figura del abogado defensor ni contempla la posibilidad de apelación. Y el tema no es solo boliviano. En Argentina, la justicia salteña encarceló a José Fabián Ruiz, un cacique wichi de 28 años, acusado de violar y dejar embarazada a su hijastra de 9 años. El cacique se defendió argumentando que se trata de una costumbre ancestral de su pueblo, donde luego de la primera menstruación los jefes de la comunidad tienen el derecho a disfrutar de sus vasallos.

El tema es complejísimo, pero es evidente que la noción de los derechos humanos universales, por un lado, y la identidad cultural y las prácticas comunitarias de los pueblos precolombinos, por otro, son dos reivindicaciones de la izquierda que a menudo chocan entre sí, generando tensiones y dilemas difíciles de resolver. Y que valdría la pena discutir como parte de la reflexión acerca de los límites y las posibilidades de los derechos humanos en el mundo global.