Desde aquel verano de 1997 del brutal asesinato de Cabezas ha pasado mucha agua bajo los puentes de nuestra agitada vida política. Nada autoriza una mirada lineal: ni la que pretendiera señalar en aquel acontecimiento un punto irreversible de la lucha contra la impunidad que desde hace décadas campea en nuestra maltratada convivencia social, ni la que postulara que desde entonces nada habría cambiado. En los últimos meses hemos comprobado, no sin perplejidad, que la violencia sigue siendo un lenguaje viable en la lucha política de este país: el desconocido destino de Jorge Julio López y el secuestro de Luis Gerez sitúan nuevamente en la agenda pública el accionar de fuerzas antidemocráticas, muy probablemente enquistadas en el aparato estatal y sobre las que nada se sabe.

Es decir, la impunidad no ha sido derrotada en la Argentina. No hablamos del imposible deseo de que ningún crimen eluda su justo castigo, sino de la más modesta reivindicación de que el Estado esté en condiciones de disponer de todos sus recursos y de sus agencias para esclarecer aquellos hechos que ponen en cuestión al orden y a la estabilidad política. La sola narración de la llamativa facilidad con que los coautores del asesinato de Cabezas, en su mayoría, consiguieron su libertad y el manto de oscuridad en el que sigue envuelto el crimen revela que las grandes movilizaciones de hace una década no han conseguido todos sus objetivos.

Desandando el camino aparece, sin embargo, una conquista que, si así pudiera hablarse, le da sentido al martirio de Cabezas. Desde entonces, el discurso de la impunidad ha sido erradicado del centro de la vida pública argentina. Antes de la muerte del periodista, el cruel destino de María Soledad Morales, víctima de la arrogancia criminal del poder en Catamarca, había puesto en el banquillo de los acusados a quienes hasta entonces se sentían dueños de la vida y de la muerte. Con una radical ignorancia de esa mutación ideológica de la sociedad, el ex presidente Menem puso en juego, ante el crimen de Cabezas, todo el repertorio de cinismo que hasta ese momento había sido pasivamente aceptado por una sociedad encandilada por las luces de la estabilidad y la aparente prosperidad económica de esos años. Antes había dicho que las madres de quienes protestaban contra el gobierno debían aprender de la experiencia de las madres de los desaparecidos durante la dictadura; a propósito de la muerte de Cabezas ratificó su patético aforismo de que “el periodismo es una profesión de riesgo”. El repudio generalizado a esos dichos fue acaso uno de los primeros síntomas del cambio de humor de la sociedad argentina ante un discurso que hasta poco antes circulaba con total naturalidad.

En la provincia de Buenos Aires, sede del homicidio, el entonces gobernador Duhalde cambió la carátula de su policía. Meses antes, en medio de grandes cuestionamientos por sus prácticas delictivas, la había consagrado como “la mejor policía del mundo”; después del crimen aceptaría un arduo y rico debate político y parlamentario que concluyó con un proyecto de profundas reformas en la estructura de lo que entonces empezó a llamarse “la maldita policía”. Aquella iniciativa, conocida como el proyecto “Arslanian-Binder”, sería truncada poco después cuando, amortiguados los ecos del martirio de Cabezas, el candidato Ruckauf –con el beneplácito de Duhalde– conquistó el apoyo de la mayoría de los bonaerenses con la terrible consigna de “meter bala a los delincuentes”. Las tremendas consecuencias ideológicas y sociales de esa irresponsable prédica todavía no han sido del todo reparadas, a pesar del cambio de rumbo que inició Solá con la nueva gestión de Arslanian en el Ministerio de Seguridad.

La voluntad de dar pelea contra la democracia y el estado de derecho, por parte de los nostálgicos del general Camps y del comisario Patti no ha cesado. En ese sentido, podría decirse que la gesta democrática que emergió después de la muerte de Cabezas tuvo límites en su alcance. El escepticismo se acrecienta si se piensa en lo poco que pudo avanzarse en la trama delictiva y de protección policial que rodeó su asesinato. El “empresario” Yabrán murió sin que su cuerpo yerto pudiera ser fotografiado como lo fue en vida por el valiente fotógrafo; como tantos otros en la amarga historia política de la Argentina, el crimen sigue sin ser plenamente esclarecido.

Sin embargo, aunque pueda sonar a triste consuelo, la ostentación retórica de la impunidad parece proscripta en la Argentina. Nadie se atreve a decir que atestiguar contra Etchecolatz es un ejercicio riesgoso; pocos de los empresarios prebendarios enriquecidos a la sombra del Estado osarían hoy definir al poder, como en su momento lo hizo Yabrán, como sinónimo de impunidad. Eso formaba parte de un clima de época; un ciclo político-cultural que empezó a terminar con el declive menemista, estalló con la crisis de diciembre de 2001 y cuyo eco reaparece ocasionalmente en las expresiones de quienes reclaman la impunidad en nombre de una supuesta “reconciliación”. Es cierto que ante el reciente episodio del secuestro de Gerez hubo voces y acciones que pretendieron concentrar la sospecha en la víctima, patética reminiscencia de los años de la dictadura militar. Pero esas voces no ocupan hoy el centro de la escena política y nada sugiere que vuelvan pronto a ese lugar. Aunque conviene estar alerta porque conocemos las oscilaciones del humor de nuestra sociedad, particularmente cuando el miedo logra instalarse en su subjetividad cotidiana.

Vale recordar a José Luis Cabezas como una de las personas que, con el simple recurso de un ejercicio responsable y valiente de su profesión de periodista, contribuyeron a este modesto pero no despreciable cambio en el sentido común de la sociedad argentina.

* Politólogo.