En su lucha a todo o nada con el Congreso ecuatoriano, el flamante presidente Rafael Correa recibió un apoyo decisivo. Los indígenas –que en la última década propiciaron la caída de dos mandatarios– y cinco grupos civiles, junto al oficialista partido Alianza País anunciaron ayer que se movilizarán para exigirle a la Legislativo que dé curso a la consulta popular convocada por Correa, precisamente para cerrar el Congreso, a más tardar este fin de semana. Pero el Parlamento ayer decidió empezar a estudiar doce reformas constitucionales al margen de la consulta y el gobierno dijo que no descarta formar un tribunal electoral paralelo.

A diez días de haber asumido la presidencia de Ecuador, su principal propuesta de campaña, el llamado a una asamblea para reformar la Constitución, quedó trabada a la espera de una respuesta del Congreso opositor. Resulta paradójico: el líder izquierdista que desea cambiar al Congreso quedó atrapado en él. Pero Correa cuenta con una iniciativa que goza de popularidad (73 por ciento) y el apoyo de los movimientos sociales.

El anuncio de los indígenas se produjo luego de que el martes el tribunal electoral (nombrado por el Congreso) dejara la decisión de llamar a la consulta en manos del Congreso, en el que Correa no tiene representantes, y que retacea su apoyo a que se realicen cambios en el texto. El gobierno minimizó la importancia de fallo. El vicepresidente Lenin Moreno advirtió que se podría formar “un tribunal electoral paralelo”.

“Si el Congreso no tramita y el Tribunal no convoca a más tardar el fin de semana la consulta popular, habrá una rebelión indígena en todo el país”, advirtió ayer Humberto Cholango, presidente de la Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Kichua de Ecuador (Ecuarunari).

Los indígenas y una treintena de grupos sociales integraron a comienzos de año un “frente único de presión” para impedir que el tribunal electoral o el Congreso bloqueen la Constituyente, con la cual el mandatario busca una nueva Carta Magna de corte socialista.

Los indígenas, que representan el 35 por ciento de la población ecuatoriana de 13,5 millones, participaron en la destitución desde el Parlamento de los presidentes Abdalá Bucaram, en febrero de 1997, y Jamil Mahuad, en enero de 2000. “Hay un bloqueo entre dos funciones del Estado, a las que se suman unas movilizaciones distintas al pasado reciente. Ahora son a favor del mandatario”, advirtió a Página/12 el experto ecuatoriano Adrián Bonilla, de Flacso-Ecuador.

Cinco organizaciones de campesinos, jubilados y comunidades negras también anunciaron marchas. “Ecuador está en pie de lucha, hemos tratado de evitar enfrentamientos, pero esto no va más, vamos a salir a las calles a apoyar al gobierno”, dijo Alodia Borja, presidenta de la Confederación Afroecuatoriana, quien negó que la campaña sea financiada por el gobierno, como asegura la oposición. A su vez, César Rodríguez, directivo de Alianza País, señaló que comunicará en breve un plan de acciones populares junto con otros grupos cívicos..

Al mismo tiempo, la actuación del Ejecutivo fue criticada por sectores aliados, que piden a Correa no ceder a los cortejos del destituido ex presidente y líder opositor Lucio Gutiérrez. “El presidente ha cometido errores por intentar concertar con la partidocracia. Tiene que ser serio y gobernar con el pueblo, salir de esa prostitución política a la que quiere llevarlo Gutiérrez”, expresó Cholango.

Gutiérrez buscó un acercamiento con Correa y se ofreció para presidir la Constituyente. Pero la potencial alianza de Correa con Gutiérrez tiene un cartel de “peligro”. Gutiérrez llegó al poder con el apoyo del movimiento indígena Pachacutik, al que luego traicionó. Tuvo un final anunciado: fue eyectado del sillón presidencial y huyó en un helicóptero.

Para el analista Bonilla “se presenta un cuadro de confrontación, con un Parlamento deteriorado y un presidente que activa las manifestaciones a su favor. Por ahora no se ven posibilidades de negociación. Lo más probable es que se acentúe la radicalización de los dos bandos”.