Desde hace décadas se estudian los mecanismos de puesta en la agenda política de distintos temas a causa de su previa tematización por parte de la televisión, que los descubre y encumbra como cuestiones merecedoras de la atención social. Sólo excepcionalmente es la propia televisión la que protagoniza, como tema, esa agenda política.

La excepción está ocurriendo: el anuncio de un protocolo por el que la Argentina podría terminar adoptando la norma japonesa (ISDB-T) para la televisión digital, en el marco de los acuerdos entre Brasil y la Argentina firmados el lunes último por los presidentes Cristina Fernández y Lula da Silva, instala a la más masiva de las industrias culturales en el primer plano de las políticas industriales de las principales economías de Sudamérica.

De este modo, y por vía del vínculo con Brasil, la Argentina podría resolver el enigma de la elección de la norma digital por la “tercera vía japonesa”, ante la disyuntiva que tenía como principales contendientes a la estadounidense (ATSC, preferida por operadores televisivos en abierto y en cable, como el Grupo Clarín) y la europea (DVB, defendida por Telefónica/Telecom). Brasil ya había elegido en 2006 la norma japonesa porque le permitió intervenir en el estándar (además de otorgarle ventajas en la producción de receptores y codificadores) en un gesto de soberanía tecnológica que pasó desapercibido en otros países de la región. México fue fiel al Nafta y adoptó la norma estadounidense; más recientemente Uruguay y Colombia incorporaron la europea.

La posibilidad de complementar los estándares de funcionamiento de las industrias culturales con Brasil constituye la principal fortaleza del protocolo acordado en el viaje de Cristina Fernández. Si el acuerdo avanzara –como se amaga– en la potestad de ambos países (y no sólo de Brasil) para intervenir en la fabricación de aparatos y tecnologías; si como fruto del acuerdo se facilitara la digitalización del sistema estatal de televisión (Canal 7 y repetidoras, y señal Encuentro), y si se pudiera aprovechar la ventaja de la norma nipona para explorar la extensión del sistema inalámbrico de conexión a redes en el territorio argentino, entonces la puesta en agenda sería robustecida.

Estos avances, empero, se sitúan en el interés industrial de la decisión. Siendo significativo, no deja de ser un nivel técnico. La importancia de la televisión digital supera con creces ese plano: la cuestión de fondo es quién y cómo, con qué criterios, asigna las señales digitales en un país en el que sus ciudadanos consumen un promedio de cuatro horas diarias de televisión, casi la misma cantidad que las exigidas como carga mínima por el nivel inicial de educación.

La televisión digital permitirá crear entre cuatro y seis nuevas señales donde hoy emite un canal en analógico. ¿Nuevas señales implicarán también nuevas licencias y, por consiguiente, nuevos licenciatarios? ¿Serán las nuevas señales digitales de acceso gratuito para la población, o serán aranceladas? ¿Qué organismo tendrá a su cargo el llamado a concurso para asignar esas señales? ¿Por qué lapso y con qué compromisos por parte de los operadores se darán las licencias? ¿Qué requisitos tendrán que cumplir los interesados en operarlas? ¿Se privilegiará la diversidad de contenidos a través del estímulo de operadores no comerciales, de cooperativas, de emisores de la propia sociedad civil? ¿Se aprovechará el potencial digital para federalizar la programación televisiva, hoy dominada por el área metropolitana de Buenos Aires?

Estos interrogantes exceden el contorno del acuerdo bilateral suscripto entre Lula y Cristina. En su mayoría, no podrán responderse si el Congreso evita modificar la normativa vigente para radio y televisión, dispuesta por Jorge Videla en 1980 (decreto ley de radiodifusión 22.285), que constituye un lastre para la calidad democrática y para la articulación del espacio público. El Poder Ejecutivo se comprometió en mayo, tras reunirse con casi todos los actores de la comunicación del país, a enviar al Parlamento un proyecto de ley y la Cámara de Diputados declaró recientemente de interés público los “21 puntos” de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

La televisión digital podría reponer la importancia de las dos primeras funciones de la tríada prometida por la industria audiovisual, “educar, informar, entretener”, que fueron desplazadas por imperio de la tercera. Además, la posibilidad de multiplicación de señales de acceso gratuito equivaldría, en un panorama de hiperconcentración mediática como el de Argentina, a que ingresen otras voces al ruedo de la comunicación masiva. La incorporación en la agenda de la televisión digital sería incongruente si no se enmarca en una nueva ley de servicios de radio y TV.

* Doctor en Comunicación, Universidad Nacional de Quilmes, Conicet.