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Mucho se ha escrito ya acerca de la construcción social de sentido que los medios de comunicación producen en la representación social de ciertos acontecimientos. Sin embargo, la falacia que postula que los medios de comunicación “reflejan” una realidad “exterior” a ellos sigue presente en innumerable cantidad de discursos sociales. Lo vemos y oímos a diario en conversaciones cotidianas que reproducen lo visto y oído en los medios como afirmaciones de quien fuera testigo ocular y auditivo de un hecho. Y que aunque así lo fuera, su versión jamás podría dar cuenta de todas las aristas de un acontecimiento.

Basta con asistir a ciertos eventos noticiables y luego leer o mirar el relato mediático construido para llegar hasta a dudar acerca de nuestra propia presencia allí, siendo tantas las disparidades entre lo visto y lo construido. Sin embargo, en tanto resulta imposible que el conjunto de la sociedad posea una experiencia directa acerca de todo lo que sucede en su entorno, es necesario recurrir a los medios de comunicación para conocer los acontecimientos que se encuentran fuera de su alcance. Pero sólo una selección de dichos hechos –mediada por presiones, recortes y valores– se convierte en noticia.

Es esta información, parcial y sintética, la que le permite al conjunto social conocer, discutir y decidir acerca de cuestiones de interés general. Por ello es preciso que la circulación de información e ideas sea múltiple y variada, para que la población pueda recurrir a distintas fuentes informativas y tome decisiones políticas con responsabilidad. Las comunicaciones democráticas son un requisito indispensable para la democracia, puesto que el sistema democrático se sustenta sobre el escenario donde se dirimen cuestiones políticas, sociales, económicas y culturales. Y sólo contando con medios de comunicación democráticos, que transmitan información confiable y diversa, la sociedad estará en condiciones de debatir, proponer y actuar en dicho espacio.

El poder económico aparece como un factor de forzosa influencia en la relación entre comunicación y democracia, pues –tal como señalara el Informe 2004 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA– las prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación “conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que aseguran el pleno ejercicio del derecho de la libertad de información de los ciudadanos”.

Hoy nos encontramos atravesando un momento histórico particular en nuestro país, cuando se está discutiendo como nunca antes sobre un tema tantas veces obliterado –por los propios medios– como es la comunicación. En este marco se están llevando a cabo foros y debates en torno de la propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual impulsada por el gobierno nacional. Se trata de acontecimientos cuyas construcciones noticiosas conllevan las características de representación antes descritas. Si bien es posible plantear críticas al anteproyecto gubernamental, tales como las amplias facultades que recaerían sobre la nueva autoridad de aplicación de la ley, que continuaría dependiendo del Poder Ejecutivo Nacional, o la composición del directorio de los medios públicos, entre otras, también es preciso destacar sus rasgos positivos y el gran avance que representarían con respecto a la situación actual, entre los que se hallan la disminución en el número de licencias que puede concentrar un mismo licenciatario, el porcentaje inderogable del espectro destinado a los sin fines de lucro, la participación parlamentaria y la creación de la Defensoría del Público.

Pero creo que el anuncio de su lanzamiento, más allá de las incondicionales voces a favor y en contra que se han levantado, ha servido de puntapié inicial para cuestionarnos acerca de la importancia del poder simbólico –en términos bourdieanos– que poseen los medios de comunicación, en tanto formadores privilegiados de la opinión pública en las sociedades. De allí la necesidad de distanciarse de oportunismos políticos de diverso color y forma y entender que se trata de un momento único, tal vez irrepetible, para cambiar una situación histórica de concentración de poder heredada, que nos afecta como ciudadanos.

Y esto no significa apoyar la propuesta del Gobierno sin modificaciones ni descartar otras iniciativas o proyectos de radiodifusión presentados en el Congreso de la Nación. Significa aprovechar la coyuntura histórica que estamos viviendo para sancionar un marco normativo democrático para regular la comunicación en la Argentina, tarea que requiere de participación, opiniones y disensos constructivos. Y, sobre todo, de compromiso político para impulsar la discusión parlamentaria sobre el tema, teniendo en cuenta que lo que está en riesgo detrás de la implementación de esta medida es la calidad de la información recibida por todos.

* Licenciada en Comunicación Social UBA.