La presencia de mujeres en los cargos de mayor jerarquía del Ejecutivo porteño es escasa: tres de cada cuatro funcionarios de los primeros niveles de la administración pública son varones. Tras la renuncia de la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, queda sólo una mujer, la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, en los estamentos más altos. Hay casos extremos como el del Ministerio de Desarrollo Urbano, donde ninguno de los 24 cargos superiores está en manos de una mujer. La diputada de la Coalición Cívica Diana Maffía presentó un proyecto de declaración, con el apoyo de legisladores de distintos bloques –incluido el PRO– en el que expresa su preocupación por el limitado número de cargos de decisión en manos femeninas. No se trata de un capricho: el gobierno de Mauricio Macri está violando consideraciones constitucionales y la ley 474 que establece un Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres y obliga al Ejecutivo a adoptar políticas y acciones a fin de “incentivar la participación social y política de las mujeres en los más altos niveles de planificación y gestión de las políticas públicas y en la toma de decisiones de cualquier otra índole”, recordó Maffía. Y consideró que “la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones es una cuestión de justicia social y un aspecto central al considerar la calidad de la institucionalidad democrática”.

El relevamiento fue realizado por la Comisión Especial de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres de la Legislatura. El estudio forma parte de un seguimiento de la distribución de posiciones de responsabilidad según género que lleva adelante el órgano parlamentario. Se analizaron los nombramientos del Ejecutivo porteño, desde direcciones generales hacia arriba, en los nueve ministerios, las secretarías General, Legal y Técnica, y de Comunicación Social, en la Vicejefatura de Gobierno, la Jefatura de Gabinete y en organismos fuera de nivel en los que se desagrega la administración pública local.

De 239 cargos en juego, 184 están ocupados por varones y apenas 55 por mujeres, es decir, 77 por ciento frente a 23 por ciento. En agosto de 2008, cuando todavía quedaban bastantes puestos vacantes, la Legislatura aprobó un proyecto de declaración en el que pidió que fueran cubiertos por mujeres a fin de cumplir con disposiciones de la Constitución de la ciudad, la ley 474 y normas complementarias, recordó Maffía. De aquel momento a la actualidad, apenas subió un 3 por ciento la presencia femenina en las máximas instancias del poder porteño, de acuerdo con el estudio.

Las áreas en las que se detectó mayor asimetría son el Ministerio de Desarrollo Urbano, donde no hay ninguna mujer en los cargos más importantes, seguido por el de Justicia y Seguridad, donde hay tres funcionarias y veinte funcionarios, y el de Desarrollo Económico, donde hay dos damas, y los 16 cargos restantes están distribuidos entre caballeros. En la Jefatura de Gabinete, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, hay 16 funcionarios y sólo cuatro funcionarias. En las secretarías Legal y Técnica y General directamente los tres lugares más relevantes corresponden a varones. “Consideramos que es un acto de justicia distributiva y de obligación del Ejecutivo ser equitativos en los puestos, pero de ninguna manera es la solución para la igualdad de oportunidades sino en todo caso un indicador de la voluntad política de respetarla”, dijo Maffía a Página/12.

El proyecto de declaración en el que se expresa la preocupación por la “escasez” de mujeres en los puestos de mayor jerarquía del gobierno porteño fue presentado en los últimos días y lleva las firmas de Maffía, Gabriela Alegre (Diálogo por Buenos Aires), María Eugenia Rodríguez Araya (PRO), Martín Hourest (Igualdad Social), y de Alicia Bello y Silvia Pedreira (Frente para la Victoria). “Pese a las normativas aprobadas es un dato comprobable que las áreas ministeriales de la actual gestión de la ciudad están ocupadas casi exclusivamente por varones, con excepción del Ministerio de Desarrollo Social, y lo mismo ocurre en la mayoría de los cargos de los primeros niveles de ministerios, secretarías y los organismos fuera de nivel”, apuntó la legisladora de la CC.

Los fundamentos del proyecto enuncian que “la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones es una cuestión de justicia social y un aspecto central al considerar la calidad de la institucionalidad democrática”. Por otro lado, los legisladores destacan que no suscriben “versiones esencialistas” que postulan que la incorporación de mujeres en los espacios de gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo, inmediatamente redundará en la atención de los intereses de todas las mujeres y en beneficio de todas ellas consideradas como colectivo. “Más bien, nos impulsa una perspectiva que señala que algunos grupos sociales, entre ellos las mujeres, han sufrido desventajas sistemáticas como producto de relaciones sociales situadas en contextos históricos particulares. De modo que constituye una flagrante injusticia que los varones –blancos, propietarios, heterosexuales– monopolicen los espacios de la política institucional en virtud de un privilegio construido temporal y espacialmente. Así, comprendemos que la modificación de la composición de género de la política institucional es un requisito para un proyecto de profundización de la democracia”, señaló Maffía.

La legisladora indicó que la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres está “estrechamente vinculada” con la remoción de estereotipos y de prejuicios firmemente anclados en el sentido común que inciden en la asignación de roles y en las expectativas sociales sobre capacidades y habilidades diferenciales según género. “Estudiosos y estudiosas de la teoría política han señalado que uno de los argumentos a favor de las medidas de inclusión de mujeres en terrenos tradicionalmente masculinos –tal es el caso de los cargos ejecutivos– es que su presencia fomentaría la construcción de modelos alternativos de identificación femenina que, en un círculo virtuoso, impactarían en las posibilidades de acceso de las mujeres a los espacios de los que han estado históricamente. Otro argumento convincente para promover activamente la intervención femenina en ámbitos de relevancia política y social es que la presencia de una masa crítica de mujeres permite la visibilización y el debate acerca de necesidades y de experiencias que han estado excluidas de los espacios de la política”, agregó.

Doctora en Filosofía, Maffía consideró además que “la incorporación de la perspectiva de género en la política pública no sólo requiere tomar en consideración las diferencias entre mujeres y varones en cualquier actividad o ámbito social; también, implica tomar medidas correctoras de la desigualdad detectada en distintos espacios, en este caso en el ámbito del gobierno local”.

El sexo del gobierno

Distribución de los cargos de los primeros niveles de la administración local según sexo

Fuente: Relevamiento de Comisión Especial de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres de la Legislatura.