Como una película en continuado, la historia de Luis Pa-tti candidato no tiene fin. Con su postulación a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires a punto de ser oficializada, los familiares de sus víctimas y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo volverán a impugnar por su activa participación en la represión ilegal y el terrorismo de Estado desplegada durante la última dictadura. Esto ocurrirá el martes, en el plazo establecido por la Justicia electoral para cuestionar a los candidatos presentados para las elecciones de junio. “Una vez más lo impugnamos, pero ahora está procesado con prisión preventiva y con su caso más cerca de ir a juicio oral”, dijo a Página/12 Carolina Varsky, del CELS. Aunque en su presentación pondrán los mismos argumentos e idéntica convicción, los impugnantes saben que la Justicia electoral podría rechazar el planteo. ¿La razón? La actual legislación requiere de una condena firme, que Patti aún no tiene, para sacarlo del ruedo. Por eso los querellantes del caso que lo llevó a la cárcel insisten desde hace meses ante los diputados que no tratan una ley que permitiría truncar en su origen las aspiraciones políticas de represores como el ex comisario.

Faltaban pocos días para Navidad cuando el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, el CELS, el Serpaj, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Herman@s, la directora del Instituto para la Memoria Ana María Careaga e Hijos fueron a la Cámara de Diputados para apoyar el pedido de tratamiento del proyecto de ley para inhabilitar a represores que aspiren a ocupar cargos públicos, que pensaba hacer la diputada Victoria Donda “sobre tablas”. Ante el levantamiento de la sesión debido a la falta de quórum, el presidente del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi, se comprometió públicamente ante los organismos de derechos humanos a emitir dictamen de comisión en febrero y a impulsar el tratamiento de la iniciativa en el recinto en la primera sesión de 2009.

El proyecto de Donda aún no tiene dictamen. El año pasado estuvo cinco meses en la Comisión de Asuntos Constitucionales y cinco veces fracasó la reunión conjunta para tratarlo con las de Justicia y de Derechos Humanos. Ahora, en plena campaña electoral, Rossi tiene aún más dificultades para que su tropa acuda al Congreso. La semana pasada tampoco los diputados de la oposición estuvieron en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales prevista para tratar la iniciativa de la legisladora de Libres de Sur. Sólo 9 de sus 33 integrantes se hicieron presentes.

Los organismos de derechos humanos y los familiares querellantes en la causa por el secuestro del ex diputado Diego Muniz Barreto y su colaborador Juan Fernández, el homicidio de Gastón Gonçalves, la desaparición de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención ilegal de Osvaldo Ariosti seguirán impulsando que esa ley salga “sí o sí”, aun en medio de los tiempos electorales que paralizaron la actividad parlamentaria. “Todos abandonaron el barco, pero si es necesario volveremos a hablar con cada uno de los diputados de la comisión, porque la diferencia es que con la nueva ley Patti nunca más podría ser candidato, y esto no nos volvería a pasar”, sintetizó uno de los representantes de las víctimas del confeso torturador.

A partir del cierre de listas, previsto para el 9 mayo, la Cámara Nacional Electoral difundirá en Internet todas las candidaturas. Desde ese momento hay tres días para presentar impugnaciones. Diego Morales, del CELS, explicó que una acordada de la Cámara reglamentó esa forma de publicidad que permite conocer a los postulantes, algo que antes ocurría cuando las listas ya estaban oficializadas. Si bien la gravedad de los cargos contra Patti no se ha modificado, Morales se manifestó consciente de que tampoco cambió la cuestión de fondo. Esto es, que la falta de una condena volvería a provocar el rechazo de la impugnación. De todos modos, el abogado destacó que esta vez podrían llegar hasta la Corte Suprema para hacer valer los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que recomiendan limitar las candidaturas de quienes se encuentren sospechados de haber cometido delitos de lesa humanidad.

“Me parece muy bien, defendemos el derecho a muerte, yo voy a impugnar a (Néstor) Kirchner por insano”, opinó el duhaldista Daniel “Chicho” Basile, principal impulsor del regreso de Patti a las primeras listas políticas, consultado sobre el pedido de inhabilitación para el represor.