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El debate sobre los medios de comunicación públicos rara vez recibe participaciones valiosas, sobre todo si vienen por el andarivel de la disputa política capturada por los medios privados hegemónicos. Lo más común es la cantinela según la cual “los pagamos todos”. A partir de esa muletilla emergen descalificaciones a los contenidos que aquellos medios emiten, en especial cuando intentan enfrentar los discursos predominantes en lo político, económico, social y cultural. Esta ecuación ignora con toda malicia la verdad enunciada por Alejandro Dolina, quien con claridad notable explicó cómo, en nuestra condición de consumidores –voluntarios o involuntarios– de productos y servicios, terminamos por financiar a cada uno de los medios y comunicadores, por muy indeseables que nos resulten.

Sin embargo, esto no niega la necesidad de un debate que será enriquecedor en tanto sus participantes no sean rehenes de la lógica de los propietarios de los medios privados. Riqueza como la que Emanuel Respighi aportó en Página/12 del 31-3-2013, cuando reunió ideas y opiniones de académicos e investigadores de Argentina, Chile, Colombia y España.

La radicación de la disputa por el poder político en la comunicación reclama enfoques renovados. La experiencia de los gobiernos latinoamericanos actuales muestra que hasta su supervivencia puede depender de cómo se administre la información y ya tenemos visto que, en una campaña electoral, consigue más consideración de los estrategas un buen desempeño en el set televisivo que el esfuerzo de una estructura partidaria para colmar plazas y calles con miles de personas.

Sin precalificar intenciones, se observa que los medios públicos de comunicación son objeto de estándares de exigencia incluidos en una matriz ideológica identificable, de la que emanan varios prejuicios: a) la palabra administrada y emitida por actores no estatales es menos partidaria; b) aun cuando todos los actores hagan un uso partidario, se discute más en el caso de los medios públicos; c) si se habla de responsabilidad social de los medios, primero están los públicos; c) los medios públicos deben ser educativos, formativos, pluralistas, multiculturales e incluir a las minorías, en tanto es simplemente común que los privados se rijan sólo por el objetivo de capturar las audiencias.

Si, como presumimos, buena parte del enfrentamiento entre dos o más proyectos para un país se tramita a través de la comunicación, es legítimo preguntarse por los derechos que deban tener en los medios públicos las mayorías que eligen a un gobierno, más tomando en cuenta que la oposición, prácticamente en todos sus matices, tiene en los medios privados hegemónicos una supremacía abrumadora, si no es directamente conducida por ellos. En esta línea, el análisis sobre la inclinación oficialista de espacios de los medios públicos merece un esfuerzo mayor que el reclamo tradicional sobre pluralismo.

Específicamente sobre radio y televisión, además de aquella verdad doliniana sobre cuál es el origen del financiamiento de los medios, sean privados o públicos, parece no estar siempre a la vista que los emisores no estatales también explotan una propiedad común, el espectro radioeléctrico, que es además un espacio finito y por ello debe ser administrado y regulado por los Estados, como lo establecen acuerdos internacionales y sostiene la Unesco.

En suma, la discusión sobre cómo deben ser los medios públicos no puede prescindir ni un ápice de la interacción (¿confrontación?) con los privados, ni olvidar por un segundo las circunstancias que surgen del contexto político general: cuando un gobierno –y la mayoría a la que expresa– tiene cerradas las vías de comunicación con la sociedad en gran parte de los medios privados que detentan, además, la posición dominante, ¿no debe y no tiene que recurrir a las otras vías disponibles, incluso para cumplir el mandato que recibió de la población? Es en este punto que se crea una tensión –que corresponde atender– con la exigencia de pluralismo, equidistancia y neutralidad planteada a los medios públicos.

Parece políticamente incorrecto aceptar que pueda haber razonabilidad en la inclinación oficialista de estos medios, cuando está desaconsejada por completo por la academia, los códigos de ética y manuales de estilo. Sin embargo, la ecuación se vuelve mucho más sinuosa cuando, en varios de nuestros países, el conjunto de los medios privados constituye la fuerza principal de bloqueo a los procesos de cambio avalados por sucesivas elecciones democráticas.

* Periodista y escritor, secretario de Comunicadores de la Argentina (Comuna).