“Las cautelares deben ser reguladas para evitar el abuso de los sectores más poderosos; al mismo tiempo, hay que fortalecerlas para la protección de los sectores vulnerables”, resume Paula Litvachky al explicar el eje del planteo que el Centro de Estudios Legales y Sociales hizo ayer en el Senado. Directora del Area de Justicia y Seguridad del organismo de derechos humanos, Litvachky explica qué cuestionan del proyecto del Poder Ejecutivo.

–¿Qué cambios propone?

–Básicamente, que se amplíe la fórmula de excepción del proyecto original, para que determinados grupos o situaciones que requieren de una especial protección del Estado no tengan requisitos tan agravados para presentar medidas cautelares.

–¿Por qué?

–La cautelar es una medida que los organismos venimos usando desde hace 30 años como herramienta de protección de los derechos humanos. Casos en los que se ha planteado la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda digna, o la necesidad de acceder a ciertos medicamentos, o en cuestiones que tienen que ver con la protección de los derechos de los detenidos cuando se han agravado sus condiciones de detención son ejemplos de casos en los que nosotros, como CELS, hemos litigado usando la herramienta de la medida cautelar. Algunos de estos temas se están contemplando en las excepciones a las limitaciones que se van a fijar, pero lo que planteamos es que hay que ampliar esas excepciones, por ejemplo sobre las cuestiones ambientales y en lo vinculado con los usuarios de servicios públicos. La clave es que las cautelares, entre otras herramientas, sirven para garantizar la tutela judicial efectiva, y para eso tienen que ser recursos que puedan ser usados en forma simple, sencilla y rápida.

–Y esto quedaría trabado si el proyecto se aprueba como ingresó.

–Tal como está, en la medida que plantea excepciones muy restrictivas, hace que ese instrumento sea más dificultoso para estos sectores. Estamos de acuerdo en la necesidad de regular las cautelares para que este tipo de acciones no puedan ser usadas abusivamente por corporaciones o empresas, y al mismo tiempo se las debe reforzar para que sí puedan servir en la protección de derechos de determinados grupos.

–Ayer, el secretario de Justicia anticipó que se van a hacer algunas modificaciones para garantizar el acceso a las cautelares de los sectores desprotegidos. Una es que donde el texto hablaba del derecho a la vida, ahora hablará del derecho a una vida digna. ¿Alcanza?

–El secretario plantea dos cosas importantes. Una es quitar del texto el término “afectación directa”, que lo hacía aún más restrictivo, y la otra es agregar “digna” a la cuestión de vida. Las dos cosas nos parecen importantes porque amplían los supuestos sobre los que estábamos discutiendo. Sin embargo, sería necesario ver si se puede discutir y reformular para hacer una enunciación más amplia, que dé cuenta de otras situaciones y otros derechos que no quedan abarcados en esa formulación. Nuestro planteo es que, si este proceso de democratización de la Justicia tiene que ver con dar cuenta de que en muchos casos la respuesta actual del sistema judicial es una respuesta discriminatoria, o que no da cuenta de la necesidad de protección de esos sectores, porque son los jueces los que toman decisiones muy restrictivas... bueno, del Congreso tiene que salir la mejor formulación posible para que el proyecto no tenga interpretaciones restrictivas por parte de esos funcionarios judiciales. El proyecto tiene que avanzar en esa línea para que el Congreso, el sistema político, dé un mensaje claro al sistema judicial sobre cuáles son aquellos derechos y aquellos sectores que merecen una especial protección de una herramienta como la cautelar para garantizar su tutela judicial, y que esta herramienta pueda funcionar en forma rápida y efectiva.

–Otro de los cambios anunciados tiene que ver con el derecho a huelga. El proyecto va a ser modificado para que el Estado pueda pedir una cautelar sólo si no hay preaviso, si no se cumplen servicios mínimos y si se está violando una conciliación obligatoria.

–Nosotros propusimos agregarle al texto del artículo la condición de que haya una manifiesta ilegalidad, es decir, propusimos una formulación más simplificada y más abarcativa. Pero en cualquier caso, es importante la modificación que plantean.

–¿Qué balance hace de la reunión?

–Es positivo que se haya podido generar esta discusión y que se estén discutiendo modificaciones. Por supuesto, hay que ver después cómo va a quedar el texto definitivo, pero que se haya abierto la posibilidad de discutir y se piense en reformular el texto ya es muy valorable.