El oficialismo consiguió ayer los dictámenes de mayoría que llevará hoy al recinto de la Cámara de Diputados para darles media sanción a tres de los proyectos enviados por el Gobierno al Congreso para la “democratización de la Justicia”: la publicación a través de Internet de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios de los tres poderes, incluidos los jueces, y las resoluciones de la Corte Suprema y los tribunales superiores del fuero federal, además del “acceso igualitario” al Poder Judicial. La oposición elaboró un dictamen común de rechazo a las iniciativas, a las que consideró “parte de un paquete con que el Gobierno quiere politizar y dominar la Justicia”, rubricado por la UCR, el PJ anti K, el FAP y el PRO. El ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Alvarez, defendieron los proyectos del Ejecutivo ante el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara baja. Mientras, el sindicalista judicial Julio Piumato expuso su rechazo.

El kirchnerismo junto a sus aliados cargará con la responsabilidad de conseguir el quórum para abrir hoy al mediodía la sesión especial que debatirá los tres proyectos sobre democratización de la Justicia que ingresaron por la Cámara de Diputados, a los que aspira darles media sanción. Si el oficialismo logra el quórum, la oposición recién ingresará al recinto para dar debate e intentar rechazar las iniciativas.

La discusión de ayer en las comisiones comenzó con la controversia sobre los invitados que había solicitado la oposición para que expusieran durante el debate. La presidenta del plenario y de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, argumentó que faltó tiempo para cursar las invitaciones, pero afirmó que abriría la lista de invitados cuando el martes próximo debatan en comisiones los “temas más controvertidos” que entraron desde el Senado: la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, la creación de Cámaras de Casación en distintos fueros y la reglamentación de las medidas cautelares. Aunque aseguró que el ministro Alak, su secretario Alvarez y el “ex compañero” Piumato expondrían ante el plenario de ayer. La oposición cuestionó el “tratamiento express” de las propuestas.

Luego de un breve cuarto intermedio, Alak defendió las propuestas del Gobierno. El ministro sostuvo que los proyectos buscan la “corrección del déficit democrático” en la organización del Poder Judicial, además de la necesidad de dar a publicidad las declaraciones juradas de los funcionarios judiciales para monitorear “la evolución” de su “crecimiento patrimonial”. Así como la “publicación obligatoria de sus actos”, que “no se trata de ninguna innovación porque hay provincias que ya lo hacen”. Alvarez fue más vehemente a la hora de defender el “ingreso igualitario” a la Justicia. “El Poder Judicial es una aristocracia, una elite con determinadas costumbres sociales y no representa la pluralidad de la sociedad”, sostuvo Alvarez. También sostuvo que las declaraciones juradas de los integrantes del sistema se harán a través de formularios “iguales a los de la AFIP”, que irán a la Oficina Anticorrupción, ya que el artículo 8 del proyecto elimina la comisión especial que establecía la Ley de Etica Pública y que nunca se conformó. “Era una especie de oráculo ético de la sociedad argentina”, afirmó Alvarez para justificar su reemplazo.

Conti abrió la posibilidad de realizar preguntas a los funcionarios, pero el jefe de los diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra, prefirió exponer la posición partidaria sobre “el paquete” de proyectos, incluidos los que se discuten en el Senado, a los que calificó “de una gravedad institucional extraordinaria”. Después afirmó que “son producto de la situación judicial adversa a la posición del Ejecutivo” y que por eso “la Presidenta objetó a la Justicia”.

Tras exponer las modificaciones del oficialismo al texto original de los proyectos, entre ellos la preservación de los trabajadores que litigan contra las patronales en la publicación de los fallos, Conti despidió a los funcionarios –en medio de las quejas opositoras– y le dio la palabra a Piumato. El dirigente sindical fue propuesto por el arco opositor e invitado especialmente por el presidente de la Comisión de Justicia, el riojano Jorge Yoma, uno de los principales opositores a las propuestas del Gobierno.

Piumato cuestionó que se haya desplazado al gremio de la “veeduría” de los concursos y que los mismos no se extiendan a la Procuraduría y a la Defensoría de la Nación.

Luego, fue todo de la oposición hasta concluir las más de cuatro horas de discusión. Elisa Carrió, fiel a su estilo, sostuvo que “la Presidenta busca una hegemonía que no exige república” y “la dirección de una dictadura de las mayorías”. “Se busca debilitar a la Corte Suprema y debilitar la independencia de los jueces”, agregó el macrista Pablo Tonelli. “Los proyectos son producto de un gobierno que pretende una Justicia funcional”, sentenció Margarita Stolbizer (GEN-FAP). “El nuevo proyecto hará menos transparente el sistema de representación de declaraciones juradas”, insistió el radical Manuel Garrido.

Aunque la mayoría de los bloques opositores tenían sus propios dictámenes de minoría, con objeciones parciales, el grueso de la oposición terminó elaborando un dictamen común “de rechazo a todos los proyectos”. Liliana Parada, de la UP, que trabajó en los dictámenes que iba a presentar el FAP, los mantuvo como propios. Igual que la CC y el mismo Yoma.