Un jubilado que es detenido y condenado, automáticamente pierde el derecho a su jubilación. Ayer, la Procuración Penitenciaria de la Nación pidió que se rehabilite el beneficio jubilatorio a un detenido. La aplicación automática de estas reglas “es contraria a la Constitución Nacional y a los instrumentos de derechos humanos –señala la Procuración–, ya que restringe los derechos a la seguridad social y a la propiedad sin consideración de las particularidades de cada caso en el marco de un proceso judicial y sin evaluar sus consecuencias concretas sobre la dignidad del encierro”.