La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados emitió ayer un dictamen favorable sobre los dos proyectos de ley que tienen como objetivo poner fin a los casos de judicialización de pedidos de aborto contemplados por el artículo 86 del Código Penal. Una de las iniciativas en danza había perdido estado parlamentario el año pasado, al no obtener consenso en la Comisión de Legislación Penal. Ahora, sus impulsores la presentaron de nuevo y buscan obtener un mayor consenso en la Cámara baja para alcanzar un acuerdo a fin de reglamentar los abortos no punibles en el país.

Los proyectos reglamentan el alcance del artículo 86 al definir que el aborto no es punible en tres casos: cuando el feto es inviable, cuando la mujer realice un tratamiento médico incompatible con la continuidad de la gestación y cuando el embarazo fuera producto de una violación, sin hacer distinción de si la mujer tiene o no discapacidad. En estos tres casos, la mujer no requeriría de una autorización judicial para que le practiquen la intervención. Así, el artículo 1 garantiza “a la mujeres el derecho a la interrupción del embarazo en los casos de abortos no punibles”, mientras el 7 dispone que “los abortos no punibles deben ser realizados sin cargo” en los centros de salud públicos.

“Los aberrantes casos de violaciones y los fallos a favor de las víctimas para que puedan abortar ayudaron a explicar lo que estamos tratando de aprobar y su importancia para garantizar un derecho establecido que tienen esas mujeres”, comentó a Página/12 la diputada Silvia Augsburger, del Partido Socialista (PS), una de las autoras de los proyectos, mientras la otra iniciativa había sido presentada por la ex diputada Juliana Marino, del Frente para la Victoria (FpV), en 2007.

Al respecto, Augsburger recordó el caso de Ana María Acebedo, una joven santafesina de 20 años que murió el año pasado por un cáncer. Durante cinco meses soportó un embarazo contra su voluntad por la decisión de los médicos que priorizaron la vida del embrión. Así, la joven, que había solicitado un aborto terapéutico, no pudo recibir el tratamiento indicado para su cuadro médico. “Hay una presentación judicial por homicidio doloso contra los médicos por no realizarle un aborto terapéutico que la ley le garantizaba”, señaló la diputada.

En la Comisión de Legislación Penal, los diputados que apoyan la propuesta tratarán de lograr un mayor consenso para obtener su segundo dictamen, lo que habilitaría su entrada al recinto. En esa comisión, 15 de sus 20 integrantes son mujeres. La presidencia es de Nora César, legisladora del FpV.

“Pienso que por el enfoque sanitarista de la mayor parte de los bloques, esta vez la iniciativa tiene todas las posibilidades de ser aprobada”, consideró, en diálogo con Página/12, Juan Sylvestre Begnis, del FpV, quien durante su labor como ministro de Salud de Santa Fe defendió la educación sexual y apoyó la despenalización del aborto.

En la misma línea, Augsburger se mostró optimista con la aprobación de la propuesta. “En la provincia y en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario ya hay legislaciones que regulan el aborto no punible. Además, hay una conciencia de la situación de discriminación que sufren las mujeres pobres, ya que aquellas que tiene dinero se realizan un aborto en una clínica, donde los médicos no piden una autorización judicial”, argumentó la diputada socialista.

Sylvestre Begnis precisó que la Comisión de Legislación Penal tiene un plazo de dos años para tratar el proyecto. Si en ese tiempo no es tratado, perderá estado parlamentario y volverá a foja cero.

Según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, los hospitales públicos atienden a 188 mujeres que sufrieron complicaciones por un aborto. Esa cifra no toma en cuenta las que fueron asistidas en guardias ni las que mueren.

Informe: Esteban Vera