El director nacional de Ceremonial de la Cancillería, Marcelo Pujó, renunció ayer a su cargo después de que el juez Norberto Oyarbide lo citara a indagatoria como sospechoso de haber participado de una “asociación ilícita” en la causa sobre la importación irregular de autos de lujo con franquicias diplomáticas. De Pujó dependía, en el organigrama, el área que manejaba los permisos para ingresar autos libres de impuestos donde se detectaron más de noventa trámites sospechosos. En tribunales también hubo novedades: aunque ya se veía venir, Oyarbide oficializó su negativa a darle el expediente al juez del fuero penal económico Jorge Brugo, que investiga la hipótesis del contrabando. Si Brugo insiste en que es competente, intervendrá la Cámara de Apelaciones de su fuero.

Hasta hace unos días, quien aparecía como principal imputado en la causa de Oyarbide era Jorge Matas, ex director de Franquicias. Un sumario interno de Cancillería detectó que actuaba en complicidad con su secretaria María Cristina Santander y su hija, Marisol Rodríguez, además del empleado Roberto Barrios. Madre e hija, a su vez, admitieron ser parientes de uno de los gestores del negocio, Pablo Rodríguez, que es ajeno al Ministerio pero según testimonios de otros empleados entraba como si fuera su casa. Todos fueron citados a indagatoria, pero el juez en la lista de imputados también incluyó a Pujó, el único que no había sido desplazado de su puesto.

En su renuncia, presentada ayer y aceptada por el canciller Jorge Taiana, Pujó sostiene que prestó funciones “en forma honesta y leal”, pero “por razones de delicadeza y decoro”, dado que fue llamado a indagatoria, opta por el alejamiento. “Sin perjuicio de mi absoluto desconocimiento y falta de competencia administrativa en todo lo atinente a franquicias tal como lo anticipé en mi descargo en el sumario interno y como lo ratificaré ante el juez, considero oportuno dimitir en el cargo de modo de aventar cualquier perjuicio que mi desempeño pudiera ocasionar a la investidura ministerial y a las altas autoridades de la Nación”, dice el texto de su renuncia, al que accedió este diario.

Pujó era director de Ceremonial desde 2004 y tenía buena relación con Taiana. Un dato que arrojó sospechas sobre él fue una circular que firmó en agosto del año pasado, donde les avisaba a las representaciones extranjeras que las importaciones con franquicias diplomáticas quedaban eximidas de presentar la licencia de configuración de modelo, un requisito básico para que un auto pueda circular por la calle. Las camionetas Hummer, por ejemplo, no tiene esa habilitación.

Oyarbide ayer dijo por radio que no descarta que alguien vaya preso. Pujó sería un candidato. La asociación ilícita es un delito grave. En el juzgado, por lo bajo, admiten que si no hay peligro de fuga o trabas en la pesquisa no es tan cantado que haya detenciones. Eso sería más factible en el fuero penal económico si sigue en pie la causa: el contrabando es más grave aún, con 4 a 10 años de cárcel, y por eso Brugo reclama la competencia. Ambos jueces investigan casi lo mismo, desde distinta óptica.

La denuncia ante Oyarbide la hizo Cancillería y la que recibió Brugo, la Aduana. El primero rechazó mandarle sus actuaciones al segundo apoyándose en un dictamen del fiscal Patricio Evers, que decía que unificar es prematuro. Es muy probable que Brugo insista, mientras prepara sus propios llamados a indagatoria, y entonces tendrá que resolver qué se hace una sala de la Cámara en lo Penal Económico. La decisión será inapelable.