Fue uno de los primeros convocados al Comité Científico Asesor en Materia de Represión del Narcotráfico y Criminalidad Compleja, que está bajo la órbita de Aníbal Fernández y que desde mañana tendrá un espacio físico en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Roberto Falcone es juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y afirma que con sus colegas del Comité todavía no se discutió la despenalización ni la legalización de las drogas. “Lo que se critica es el arsenal de medidas para reprimir al consumidor, medidas deproporcionadas y que lo alejan del reconocimiento a su derecho a la salud”, le aclaró a Página/12.

Mientras crecen los rumores (y para muchos las esperanzas) de una posible modificación a la ley de estupefacientes, que pena la tenencia para consumo personal, este especialista recomienda ir “paso a paso”. Primero, explicó, es necesario asegurar un tratamiento médico a quienes viven en la marginalidad, después habrá que discutir “con los sectores más reaccionarios” la normalización de, al menos, la marihuana. Más lejos queda una política de tolerancia como en España, donde se permite la tenencia de cocaína si es para su uso personal. El discurso de Fernández en Viena el lunes pasado y su reafirmación del enfoque de reducción de daños por sobre el prohibicionismo norteamericano ha dado sus frutos. “Recién empezamos a poner en el centro de la escena está cuestión –reconoció Falcone–, pero es muy importante que el ministro fije posición, ahora tenemos que seguir debatiendo.”

–¿Cuál es el tema que debate el comité entonces?

–Lo que nos preocupa es que se le dé el mismo tratamiento legal al consumidor y al traficante inescrupuloso que lucra con el vicio de los demás. La violencia penal estatal no sirve para solucionar un problema social y la Justicia afecta a una gran cantidad de recursos humanos para perseguir a los consumidores. La gente cree que el derecho penal es como “sanalotodo”, por eso ahí van a parar los problemas que no se pueden resolver.

–Está situación está avala por la ley.

–La ley actual viene del conservadurismo norteamericano, fue impulsada por el presidente (Ronald) Reagan y utiliza los mismo principios para juzgar a los traficante y a los consumidores, que supuestamente son la punta del ovillo. Esta distorsión de la proporcionalidad tiene un agravante: la Justicia ordena un tratamiento al adicto y si éste no se puede curar lo encarcela, cuando antes le reconocía que estaba enfermo.

–¿Entonces habría que modificarla?

–Hoy en día en la Argentina se está criminalizando el consumo de estupefacientes, pero nosotros no estamos debatiendo la legalización de las drogas. Sólo buscamos alternativas para evitar la estigmatización del consumidor, que se lo judicialice, en vez de ayudarlo a curarse.

–¿Y si no se quiere curar?

–Bueno, es su salud y nadie puede obligarlo. Además, el consumidor tiene derechos constitucionales. (Sebastián) Soler, autor de un Código Penal, decía que castigar la tenencia para consumo es como castigar la autolesión. En Argentina la tentativa de suicidio no es punible. ¿Si alguien fuma un cigarrillo de marihuana en el baño es un delincuente? No, porque no afecta la salud pública.

–Reconocer un consumidor es reconocer una lógica que incluye también al mercado y al producto. En el caso de marihuana, los consumidores reclaman que se permita cultivar, como en España por ejemplo.

–Aunque ese planteo tiene su lógica estamos tratando con reaccionarios que quieren mandar a los adictos a la cárcel. Por eso, estamos pensando en los casos más marginales, en los chicos que están perdidos por su adicción. Son temas que hay que debatir en algún momento porque hay actos orientados al consumo que no son delitos. Si no se pena a alguien por fumar un cigarrillo de marihuana, no puede ser delito que alguien plante cuatro plantas en su casa, salvo en caso de que estén destinadas a la venta y tráfico ilícito.

–En este sentido, deberían eliminarse figuras penales como la tenencia para consumo.

–Sin embargo, es necesaria una figura como la “tenencia neutra” que se aplique en casos que excedan la tenencia para consumo personal y puedan tratarse de tráfico ílicto. Pero repito: no se busca despenalizar, sino criticar el arsenal de medidas para reprimir al consumidor, medidas desproporcionadas y que lo alejan del reconocimiento al derecho de salud.

–Pero que sea delito federal y se considere que alguien que fuma un porro pone en peligro la seguridad nacional es exagerado...

–¡No es exagerado, es inconstitucional! Es pensar como pensaban los represores, que estaban más preocupados por la flotación del dólar que por la flotación de cadáveres en el río.