Empresas de ómnibus de larga distancia se niegan a conceder un descuento de 20 por ciento en los boletos adquiridos por “estudiantes secundarios, universitarios y personal docente”, contra lo que exige una resolución, denunció la Defensoría del Pueblo de la Nación. El organismo responsabilizó a la Secretaría de Transporte por la presunta irregularidad, mientras voceros de esa dependencia argumentaron que la “aplicación del beneficio debe ser verificada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)”.

Fuentes de la Defensoría del Pueblo de la Nación dijeron que la secretaría debe emitir una resolución para ratificar la disposición que autorizó el descuento. Asimismo, resaltó que la CNRT solicitó una acción en el mismo sentido en 2005, porque “el decreto 2407/02 declaró en emergencia económica al sector y facilitó irregularidades en los últimos años”.

Por su parte, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, efectuó un segundo reclamo en ese sentido, para que se “efectivicen, inmediatamente, los descuentos a estudiantes secundarios, universitarios y personal docente” en el boleto de las líneas de transporte de larga distancia.

Mondino aseguró que recibió múltiples denuncias sobre la falta de cumplimiento de la Resolución 103/72, en cuyo artículo 3 se establece un descuento de 20 por ciento en el pasaje para los viajes en ómnibus “interurbanos”.

Esta normativa, de 1972, fue establecida cuando existía una tarifa única de los servicios del sector, pero el decreto 2407 declaró en 2002 la “emergencia económica” e instauró “bandas tarifarias” que, a criterio de las empresas, generaron una disyuntiva sobre el monto para aplicar el descuento.

En octubre, el ombudsman nacional reclamó a la Secretaría de Transporte que determinara de manera inmediata las tarifas sobre las que se debe aplicar el beneficio, pero hasta ahora no estableció un criterio para tal fin, dijo Mondino. “La demora en la resolución de este reclamo por parte de Transporte genera perjuicios a los usuarios, quienes no sólo se ven privados del derecho a la información y a obtener adecuada respuesta a sus reclamos, sino que son burlados con información que no es fidedigna”, opinó el defensor del Pueblo de la Nación.