A dos años del incendio en el taller textil clandestino de Luis Viale 1269, en el barrio porteño de Caballito, donde murieron cinco niños y un adulto, sólo están procesados –con vistas al juicio oral que todavía no tiene fecha– los dos capataces del local, a quienes se acusa por el delito de “estrago culposo”, que tiene una pena máxima de cinco años de cárcel. “Las causas civiles están encaminadas, pero en el juicio penal hay sólo dos imputados y el juez (Alberto) Baños se ha declarado incompetente en lo que respecta a investigar las responsabilidades que les caben a funcionarios del gobierno porteño, de la Policía Federal y de otros organismos públicos que no hicieron las inspecciones correspondientes que habrían evitado la tragedia”, explicó a Página/12 el abogado Gabriel Chamorro, quien junto con Myriam Carsen representan a los padres de una de las víctimas fatales, el niño Harry Rodríguez Palma, de 3 años.

“Tampoco fueron imputados los dueños del taller de costura, Daniel Fischberg y Jaime Geiler, que están desde hace años en el negocio textil. Ellos quedaron fuera de la imputación porque alegaron que sólo son dueños del local y que no son responsables del negocio textil que allí funcionaba. Ellos sólo reconocieron ser locadores”, informó el abogado Chamorro. Por eso, en la causa, el juez Baños “sólo procesó a Luis Sillerico Condori (de nacionalidad boliviana, como las seis personas fallecidas) y a Juan Manuel Correa (argentino), quienes en realidad sólo eran los capataces del local, pero no los dueños del negocio, que hasta ahora no fueron investigados como correspondía”.

El incendio en el taller de Luis Viale se produjo en la tarde del 30 de marzo de 2006, en un edificio de dos plantas habilitado como taller de costura desde 2001. “La habilitación era para cinco máquinas de coser y cinco trabajadores, pero había 40 máquinas y 40 trabajadores. Entre los trabajadores y sus familias eran 60 personas que vivían allí.” El incendio comenzó en la planta alta, donde estaban las personas que murieron: Juana Vilca Quispe, de 25 años; Elías Carbajal Quispe, de 10; Rodrigo Quispe Carbajal, de 4; Harry Rodríguez Palma, de 3; Wilfredo Quispe Mendoza, de 15, y Luis Quispe, de 4 años. Eran de Cantón Ocaña, Bolivia.

“Esa tarde había pocos chicos, porque la mayoría estaba en el colegio. Pudo haber sido una desgracia mayor. Los padres de Harry estaban en la planta baja con Kevin, el otro hijo del matrimonio. No pudieron subir por la escalera y tampoco pudieron entrar por las ventanas del primer piso, porque estaban enrejadas”, relató Chamorro. Sus representados, los padres de Harry, Luis Rodríguez Palma, de 32 años, y Sara Gómez, de 29, piden que se condene a los responsables del incendio por las seis muertes.

Ante Baños también se presentaron, patrocinados por Rodolfo Yanzón, los ex trabajadores del taller Rubén Cari, Cristina Mamani y Lourdes Hidalgo. Le pidieron a Baños que derivara al juez federal Norberto Oyarbide todo lo que tenga que ver con la otra causa abierta por el siniestro. Oyarbide investiga a decenas de talleres clandestinos por las condiciones de esclavitud en las que se encontraban las personas que trabajaban en ellos.

“Los dueños del negocio textil, Fischberg y Geiler, son argentinos y tienen un comercio en el barrio de Once. Ante Baños presentaron un contrato de alquiler en el cual figuran como inquilinos los dos capataces, Sillerico Condori y Correa. De todos modos, se sabe que eran Fischberg y Geiler los que hacían retirar las prendas que se producían en el local de la calle Luis Viale. La mercadería iba a La Salada o al barrio de Once”, insistió Chamorro. El abogado denunció que tampoco se avanzó sobre la responsabilidad de los inspectores que “nunca fueron o que fueron y no hicieron nada para sancionar las irregularidades”.

“Esto fue un Cromañón chiquito. Hay que investigar por qué la AFIP no hizo inspecciones, por qué la comisaría del barrio no intervino aunque hubo denuncias de los vecinos, por qué no actuó Migraciones y tampoco el gobierno porteño. Hay que investigar a Protección del Trabajo, al Ministerio de la Producción, a la Secretaría de Control Comunal, a la Subsecretaría de Trabajo.” El hecho ocurrió durante la gestión de Jorge Telerman, quien prometió “desterrar el trabajo esclavo” y sancionar a los dueños de los talleres. De ellos dijo: “Hay que denunciar a esta gente. Bueno, gente no, salvajes”.

Luis Sillerico Condori, al declarar ante Baños, aseguró que “nunca se presentaron policías, inspectores ni nada parecido”. Chamorro opinó que “de ser cierto lo que dijo, es grave porque significaría que nunca hubo una inspección desde 2001”. Sin embargo, en la causa, varios trabajadores dijeron lo contrario. Martín Salinas Chamba declaró que “vinieron (los inspectores) una sola vez y nos quedamos (algunos) en las máquinas y los otros se fueron para arriba”, en alusión a la planta alta del edificio.

Yola Quispe Maquera señaló que “un día ingresó un inspector a recorrerlo”, pero ella “justo fue a llevar a su hijo al colegio, motivo por el cual no vio dónde revisó”. En igual sentido se manifestaron Cristina Mamani Condori y Flora Villca Quispe. La primera supo que “un día fue un inspector al lugar” y la segunda, que “en alguna ocasión al taller concurrió personal policial o (que hubo) inspecciones”. En ambos casos no pudieron ver lo que ocurría porque “el señor Luis (Sillerico Condori) les dijo a todos ‘suban para arriba con sus guaguas (niños) porque vinieron los de inspección’ y nos escondieron en el primer piso”.

Flora Villca Quispe recordó que una vez “vinieron en el horario del almuerzo y Luis me dijo que sirviera rápido para subir y comer arriba”. También fue confirmado, por Sillerico Condori, que los vecinos los denunciaron por ruidos molestos y que por eso tuvieron que instalar las máquinas en la planta baja, porque en el primer piso eran más ruidosas. Ante la posibilidad de que se hayan realizado inspecciones, Chamorro sostuvo: “Si las hubo y no se hizo nada contra las irregularidades, es todavía más grave que si nunca se realizaron. Hay que investigar a los funcionarios también en la causa penal”.