Llegaron hace casi cinco años y convirtieron el galpón de generosa amplitud, ubicado a la vera de la autopista 25 de Mayo, en aulas de apoyo escolar, en la redacción de una revista y en el espacio donde 250 personas comen todos los sábados en una de las ollas populares más grandes del barrio porteño de San Cristóbal. Se trata de los integrantes de la multisectorial “Vecinos de San Cristóbal - 19 de Diciembre”, a quienes el gobierno de la ciudad comunicó su decisión de no renovarles el convenio de comodato a través del cual les cedió el predio en 2003. Los vecinos convocaron a toda la comunidad a una asamblea abierta para el próximo sábado a las 14, donde además de recolectar firmas para evitar el desalojo, intercambiarán propuestas de cara a solucionar el problema.

Los miembros, vecinos y vecinas del barrio, integrantes de la Asociación Civil Grietas, de la parroquia de la Santa Cruz y estudiantes de las facultades de Filosofía y Ciencias Sociales recibieron la noticia hace una semana por boca de Carlos Romero, jefe de Gabinete de la Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana –dependencia de la Subsecretaría de Atención Ciudadana porteña–, que anunció que la nueva administración “no tenía pensado renovar el convenio y que teníamos que irnos en 30 días, no dio más explicaciones”, relató a PáginaI12 Daniela Paredes, una de las creadoras de la organización.

Según explicó Romero a este diario, el motivo de la decisión es la necesidad del gobierno de contar con ese espacio para “instrumentar proyectos destinados a toda la ciudad y no sólo al barrio de San Cristóbal”.

Si bien el colectivo se conformó a fines de 2001, fue recién en 2003 que se estableció en el galpón del pasaje Prudán 1365, entre Cochabamba y Constitución, cuando la administración de Aníbal Ibarra se los cedió en comodato a través de un contrato a renovar cada dos años. El 22 de julio próximo debían volver a firmarlo, aunque la decisión de la administración de Mauricio Macri se adelantó en la negativa.

Sin embargo, lo que parecía una decisión tomada comenzó a debilitarse con la insistencia de los representantes de los distintos colectivos que conformaron la multisectorial a fines de 2001. “Logramos congelar el desalojo para que las autoridades analizaran el trabajo que estamos llevando a cabo en el barrio”, afirmó Daniela Paredes.

De esta manera, Romero le solicitó la presentación de documentos que certifiquen los proyectos que la Multisectorial impulsa, que “están siendo analizados por las autoridades”, admitió el funcionario.

Las iniciativas que se llevan a cabo en el centro vecinal no son pocas. La más importante, y la que les provoca más satisfacción a los voluntarios es la olla popular que lanzaron hace un año donde casi 250 personas desayunan y almuerzan sábado a sábado. A esa actividad se suman el taller de costura, las clases de apoyo escolar que ofrecen a chicos de nivel de educación primario del barrio y el periódico La Multirrevista.

“El barrio necesita de un espacio como la Multi, donde se fomentan los valores de la autoorganización y se propone pensar entre todos soluciones a los distintos problemas que aquejan a los vecinos”, opinó Paredes. Y si bien no aventuró ninguna hipótesis que explique el desalojo, aseguró: “Nuestro trabajo no les interesa”.

Informe: Ailín Bullentini