“Privación ilegítima de la libertad agravada por su extensión y hurto agravado” fue la figura con la que los jueces de la Sala 1 de la Cámara del Crimen imputaron a dos mujeres por internar durante dos meses a una anciana –la abuela y la suegra de las acusadas– en un geriátrico, en contra de su voluntad, para poder apropiarse de sus bienes personales, tales como su departamento, los muebles y algunas otras pertenencias. Con la excusa de que padecía de deterioro mental y otras enfermedades, las familiares la internaron a la fuerza e incluso indicaron a las autoridades del hogar que le prohibieran toda clase de comunicación con el exterior, ya sea de forma personal o vía telefónica.

Para los camaristas Gustavo Bru-zzone y Carlos Barbarosch, la nieta y la nuera actuaron con “el fin de privarla, dolosamente, de su libertad, situación que se prolongó por casi dos meses”, afirmaron en su resolución.

El fallo las imputa también por “apoderamiento indebido de bienes de la querellante, mientras se encontraba internada en el geriátrico, y aprovechando la circunstancia de contar con las llaves del domicilio”.

La odisea de la anciana comenzó el 2 de julio de 2003, cuando su nuera y su nieta la llevaron al geriátrico Santa María “aduciendo circunstancias falsas, tales como padecimiento de deterioro mental y otras enfermedades”, y dejando a las autoridades del lugar “órdenes expresas de prohibir las visitas personales y cualquier tipo de comunicación telefónica”, tal como se describe en el fallo.

La mujer permaneció en ese hogar hasta el 22 de septiembre de ese año, cuando abogados de PAMI lograron retirarla por orden judicial. El equipo de defensores de esa obra social supo de la situación a través de las denuncias que les hicieron llegar médicos, enfermeros y familiares de otros pacientes alojados en ese geriátrico.