Sobre la Ruta Nacional 34 y la Provincial 37, en El Talar, Jujuy, desde hace más de una semana viven a la intemperie unas cincuenta familias de la comunidad aborigen guaraní Jasy Endy Guazu que fueron desalojadas brutalmente de sus tierras ancestrales. En la madrugada del lunes 28 de julio, alrededor de las 5, unos cuarenta infantes de la policía jujeña, respaldados por topadoras y patrulleros, arrasaron con sus viviendas de chapas y maderas. “No hubo una orden de desalojo previa del juez. Llegaron en la oscuridad y con las topadoras voltearon la totalidad de las casas y subieron a las personas a los camiones como si fuesen animales. Y mataron a los animales que la comunidad necesita para sobrevivir”, relató a Páginai12 Esteban Coronel, vocero los aborígenes. El gobierno de la provincia adjudicó las tierras a productores sojeros, en el contexto del corrimiento de la frontera agropecuaria.

La expulsión de los aborígenes fue ordenada por el juez de Instrucción Penal 5 de San Pedro, Argentino Juárez, quien hizo lugar a un pedido de un productor sojero que disputa tierras destinadas a 38 comunidades indígenas. Fue sorpresivo para la comunidad, que no recibió ninguna notificación previa. “Reclamamos la restitución de las tierras y un juicio político al juez por omitir las leyes que amparan a los pueblos originarios”, remarcó Coronel.

La comunidad Jasy Endy Guazu, integrada por unas 200 personas, habitaba en ese lugar, unas 1800 hectáreas, desde el año 2000. Se trata del lote fiscal 515, que tiene una extensión de 4000 hectáreas. Allí sembraban alimentos (zapallo y choclo), criaban animales para autoconsumo, cazaban y recolectaban leña como medio de sustento. “Somos muy respetuosos de la naturaleza en la reserva”, dijo a este diario Diego Ruiz, miembro de la comunidad guaraní.

“Si bien la ocupación de esas tierras se hizo muy fuerte a partir del 2000, la comunidad siempre tuvo presencia en ese territorio y, por ejemplo, se han encontrado cerámicas ancestrales en la zona”, contó Coronel, quien reclamó la propiedad de las tierras. “Hace muchos años que nos bloquean la entrega de los títulos de las tierra”, se quejó.

En 2004, el Instituto de Colonización jujeño comenzó a adjudicar tierras en esa zona, donde predominan quebrachos colorados, a productores rurales, que recibieron aproximadamente 3600 hectáreas, incluidas las de la comunidad guaraní. Betiana Demattei, delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) de Jujuy, señaló que en las tierras que ocupaban los aborígenes guaraníes “se autorizó un desmonte de 1000 hectáreas con la presunción de que van a plantar soja”. La funcionaria, además, denunció que los Jasy Endy Guazu “recibieron el acoso por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y el Instituto de Colonización jujeño”.

La ley 26.160 (que declaró “la emergencia sobre la posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas) suspende los desalojos de los territorios en conflicto por cuatro años, a contar desde noviembre de 2006.

“El desalojo fue una terrible violación de nuestros derechos humanos, en franca violación a la Ley de Emergencia”, denunció Modesta Campos, Mburuvicha (Gran Jefa, en guaraní) de la comunidad Jasy Endy Guazu. Demattei sostuvo que “la forma violenta en que se efectuó el desalojo infringe no sólo un buen número de leyes vigentes aplicables al caso, sino los derechos fundamentales de las personas que ocupan las tierras”. El Inadi realizó una presentación en la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Por el momento, el lote comenzó a ser alambrado y electrificado, mientras es custodiado por la policía.

Informe: Esteban Vera.