Tras más de dos años de trabajo en conjunto, las ONG de La Pampa y Mendoza, funcionarios estatales y miembros de la Universidad Nacional de Cuyo cumplieron con su objetivo: la suspensión y reelaboración de un proyecto de extracción de cloruro de potasio impulsado por la minera angloaustraliana Río Tinto, una de las compañías más importantes del mundo. “Es un megaemprendimiento que, además de contaminar con sodio la aguas del río Colorado, implicaba el consumo de gas y energía eléctrica argentina prácticamente gratis, sin dejar casi ningún beneficio al país. Ni siquiera el cloruro, ya que exportaría el 100 por ciento”, denunció Leandro Altolaguirre, presidente de Alihuén, una de las organizaciones denunciantes. El cloruro de potasio se utiliza como fertilizante en las plantaciones de soja.

Si bien Altolaguirre evaluó los resultados –la relocalización de los residuos de cloruro de sodio a 18 kilómetros de la cuenca– como “positivos”, consideró que “sólo giran en torno de la contaminación, mientras que el desmesurado gasto de energía y gas no se tendrá en cuenta. Para eso, es necesario modificar la Ley de Inversiones Mineras, para que a las multinacionales no les salga gratis el uso de recursos del país”.

El emprendimiento busca extraer cloruro de potasio de una salina localizada a más de 1200 metros de profundidad, en las orillas del río Colorado, en la zona de Pata Mora, un paraje al sur de la localidad mendocina de Malargüe. “Si Argentina no ofreciera gas, energía eléctrica y agua a precios ínfimos, el proyecto no sería rentable para la empresa de ninguna manera”, señaló Altolaguirre. El principal objetivo de la movida impulsada por organizaciones sociales y acompañada por funcionarios de los gobiernos locales fue “garantizar la no contaminación del río”, una fuente de agua que nutre a La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Sin embargo, el proyecto de Río Tinto implicaría más perjuicios al país.

El emprendimiento consumiría cerca de 87 millones de litros por día, “casi el triple de agua que necesita una ciudad con 115 mil habitantes –como la capital pampeana– para funcionar por día”, especificó el presidente de la ONG. “Al utilizarse en el proceso, el agua queda salinizada y no apta para su consumo”, agregó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Ríos Interprovinciales de La Pampa, Martín Berhongaray, advirtió que la cercanía de la salina al río –quedaba a sólo 5 kilómetros de la cuenca– implicaba “un riesgo enorme de salinización del curso de agua que alimenta a más del 60 por ciento de la población pampeana”.

Como si eso no fuera suficiente, el agua utilizada debe estar caliente para facilitar la extracción del mineral. Y para calentarla, se usarían grandes cantidades de gas. Asimismo, la planta necesitaría 78 megavatios de electricidad diarios, “lo mismo que consume el sector residencial de Mendoza”, señaló el docente universitario Marcelo Giraud, otro de los impulsores de la campaña.

Informe: A. B.