El gobierno argentino dispuso ayer, mediante un decreto presidencial y varias resoluciones del Ministerio de Justicia, cumplir con todas las exigencias en el caso Walter Bulacio ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anunció ayer el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, en conferencia de prensa. La decisión, por sí sola auspiciosa, tiene al menos dos lecturas. Una, que es el primero de los cinco gobiernos que pasaron por la causa que anunció que cumplirá por completo con lo ordenado y dio pasos en ese sentido. Dos, que el fallo de la CIDH ya lleva cinco años y sólo se cumplieron “pequeñeces”, como definen los querellantes al pago de una indemnización y a su publicación en el Boletín Oficial. El resto –condena a los policías responsables, su exoneración, la investigación a los jueces que mantuvieron la causa dormida 17 años y la anulación de los epp (edictos paleozoico policiales) que hacen de los comisarios jueces, aún funcionan en unas cuantas provincias– figura en la columna del debe. Ayer, el representante del Estado ante la CIDH, esto es, el Ejecutivo, dio un primer paso al anunciar con un gesto enérgico su disposición de cumplir con un decreto y dos resoluciones. “Es auspicioso, pero nada más que eso. El Estado argentino habrá cumplido cuando se haga justicia”, respondió Andrea Pochak, del CELS, quien copatrocina a la familia de Walter, representada por María del Carmen Verdú, de Correpi. En dos días las partes deberán reunirse en Montevideo, convocadas por la propia CIDH, preocupada porque ya pasaron cinco años sin cumplirse su sentencia.

Walter Bulacio murió a los 17 años, el 26 de abril del ’91, como resultado de haber sido torturado a golpes por la policía de la comisaría 35ª después de ser detenido una semana antes en una razzia a la salida de un recital de los Redondos. Durante 17 años, la familia clamó ante los estrados judiciales y lo que menos obtuvo fue justicia. Tanto es así que incluso fueron apartados de la causa como querellantes. Después de atravesar todas las instancias judiciales argentinas, la familia se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que primero admitió la causa y después produjo un informe el 3 de octubre de 2000.

En dicho informe, la Comisión encontraba a Argentina culpable de violar derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, del niño, y de la protección judicial. Y dispuso que “se adopten todas las medidas necesarias para que los hechos no queden impunes. Entre ellas, ordenó realizar “una investigación completa, imparcial y efectiva” sobre la detención, las lesiones y la muerte de Walter. Y sancionar a los responsables “con la legislación argentina”. Ordenó una “adecuada y oportuna reparación” a los familiares. La Comisión acordó dar un plazo de dos meses para el cumplimiento a partir de la fecha de transmisión del informe, que tuvo lugar el 24 de octubre de 2000.

De la Rúa, por entonces en el gobierno, no respondió al informe. Con un mes de gracia, el 24 de enero de 2001, la Comisión presentó demanda ante la Corte Interamericana. El 26 de febrero de 2003, con Eduardo Duhalde como presidente provisional, tras varias reuniones, el Estado se reconoció como responsable y se avino a una solución amistosa. Que por más amistosa que fuere se demoró. Tanto que hasta la fecha, sólo se cumplió el pago de la indemnización, billetes que no trasuntan el fondo de la cuestión, o sí, según el punto de vista de quien lo mire.

El comisario Miguel Angel Espósito, titular de la comisaría 35ª cuando fue detenido Bulacio y golpeado hasta la muerte, fue procesado en la causa, demorado por dos horas, liberado, sobreseído, vuelto a procesar, pero libre y al borde de la prescripción cuando la Corte Suprema, en 2004, ordenó que la causa no prescribía por tratarse de un crimen de lesa humanidad. No prescribió, pero Espósito sigue el camino de la inocencia.

Pero ayer, el Gobierno anunció su decisión de completar su gestión relativa a derechos humanos que ya venía enarbolando con los juicios por los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

“Empezamos a trabajar para lograr cerrar la causa Bulacio porque no tiene sentido que esa causa continúe en un país que tiene a los derechos humanos como política de Estado”, dijo Fernández en conferencia de prensa en la sede del ministerio a su cargo.

Los actos de cumplimiento anunciados por el Gobierno fueron: el decreto presidencial 1313, del 11 de agosto pasado, que designa al secretario de DD.HH., Eduardo Luis Duhalde, como parte querellante en todas las causas penales que investiguen la muerte de Bulacio.

La orden mediante la resolución ministerial 2208, en la que Aníbal Fernández ordena a la Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria adecuar los mecanismos de restricción de libertad a menores según las normas protectivas y de derechos internacionales. Y por otro lado, la resolución 2209, por la que ordena la conformación de una comisión de expertos, para modificar las normas y edictos policiales que funcionan en unas cuantas provincias argentinas, entre ellas, Entre Ríos, Córdoba, Catamarca y Jujuy las más pleistocénicas. Por otro lado, indicó que existe orden de avanzar en la investigación administrativa sobre la responsabilidad policial, que podría derivar en la “exoneración de los responsables”, según refirió el ministro. Y aseguró que se ordenó determinar si en el Consejo de la Magistratura existen investigaciones abiertas sobre los 34 jueces intervinientes en el caso.

Según Andrea Pochak, del CELS, “por ahora, no pasa de auspicioso. Pasaron 17 años y no alcanza con hablar de buenas intenciones. Se hará justicia cuando se condene a los culpables y se revean todos los mecanismos de detenciones masivas, de detención por averiguación de antecedentes, de detención de menores y edictos policiales. Aunque retirado, Espósito sigue siendo considerado inocente, es comisario y está libre. Va a haber justicia cuando se investigue a los jueces que durmieron la causa y surja una decisión al respecto. Nosotros, a la audiencia de Montevideo vamos a ir para exigir que se cumpla lo que fue sancionado”.