Desde Santa Cruz

El gobierno nacional propuso a los prefectos de la Media Luna trazar una “autopista autonómica” que uniera la nueva Constitución, defendida por el oficialismo, con los estatutos autonómicos pregonados por la oposición. Pero los hechos presentan un camino de tierra y bastante llovido. El prefecto de Beni, Ernesto Suárez, evaluó que el estatuto aprobado el 1º de junio es menos ilegal que la nueva Carta Magna: “No hay legitimidad en la aprobación de ese texto constitucional masista. La palabra ‘compatibilización’ no encaja con nuestros estatutos, que fueron votados por la población. Sería reconocer como legal lo que se hizo en Sucre y Oruro, cuando se aprobó el proyecto de Constitución”. Los prefectos del Consejo Nacional Democrático (Conalde), sinónimo de la Media Luna, se reunirán hoy en Santa Cruz para estudiar el panorama post referéndum y buscar otra medida de presión para que el gobierno devuelva a las prefecturas el 30 por ciento que les sacó del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), porque la huelga de hambre “masiva” de los cívicos no conmueve al presidente Evo Morales. Ayer, con el 85 por ciento de los votos computados, la aprobación al gobierno de Morales llegaba al 67,2 por ciento. Y se tomó “licencia” uno de los prefectos revocados, el capitán cochabambino Manfred Reyes Villa.

A todos sorprendió el giro de Reyes Villa. En la noche del lunes “lo último que había declarado es que fue elegido popularmente y no se iba a ir hasta 2009”, comentó a PáginaI12 el delegado presidencial de Cochabamba, Rafo Puente. Ayer, el prefecto se fue de licencia y dijo que dedicará todas sus horas a demostrar el fraude del referéndum que lo revocó. “Es un acto de realismo y relativa sensatez. Aunque recuerdo que en las elecciones presidenciales de 2002 había denunciado lo mismo: que hubo fraude en su contra y lo iba a comprobar. Hasta que se apagó la cosa y todos lo olvidaron. Al irse hizo lo más decoroso”, dijo Puente. Antes del referéndum, el cochabambino alumno de la Escuela de las Américas había advertido que si perdía no lo iba a aceptar.

Surge el dilema de la sucesión. “Todavía nada se puede comentar. No hay ningún nombre. Los movimientos sociales debaten proponer a alguien. También el Colegio de Abogados y el comité cívico han dicho que tienen derecho a opinar, y claro que lo tienen”, dijo el delegado.

Ayer, en el revuelto de números y frases cruzadas metió cuchara el gobierno de Estados Unidos. El secretario de la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), David Johnson, sugirió que al trópico cochabambino debería volver su Agencia de Desarrollo Internacional (Usaid). De allí fue expulsada en junio por campesinos cocaleros que la juzgaron opuesta al gobierno de Morales. “No creemos que una acción de este tipo deba ser basada exclusivamente sobre la decisión de grupos privados. Es un tema para ser tratado entre los gobiernos de Bolivia y EE.UU.”, dijo Johnson. El delegado presidencial le respondió: “Decidimos como nos da la gana a nosotros y no como le da la gana a EE.UU. Los campesinos tienen todo el derecho a no querer esa cooperación internacional”.

La Media Luna (Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca) perdió en Reyes Villa a un referente. Pero no le aliviana a Morales su trabajo para entenderse con la oposición. El vicepresidente, Alvaro García Linera, pasó por Santa Cruz y dio una conferencia de prensa donde sugirió crear una “autopista autonómica”. La nueva Constitución contempla cuatro tipos de autonomía: departamental, regional, municipal e indígena. La oposición aborrece la autonomía indígena, avalada en 2007 por la Declaración de los Derechos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por ahora, el Congreso de Bolivia fue el único del mundo que incorporó este texto a su legislación. “Ambas autonomías (indígena y departamental) son dos vagones, pero van en el mismo tren, que tiene como líder al Estado”, dijo García Linera.

“El IDH primero y después el diálogo”, condicionó el presidente del Comité Pro Santa Cruz, el empresario agroindustrial Branko Marinkovic. Se refería a las siglas del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que Bolivia cobra a los países explotadores de estos recursos. En 2007, el gobierno quitó a las prefecturas el 30 por ciento del dinero recibido del IDH para financiar la Renta Dignidad, que da U$S 30 a los ancianos. Por eso los cívicos de la Media Luna organizan huelgas de hambre con 300 personas en Santa Cruz –Marinkovic y varios líderes cívicos ya la abandonaron–; 400 en Beni, 40 en Tarija y 15 en Pando.

Según los últimos datos, el presidente fue ratificado con el 67 de Sí y el 33 por ciento de No. El presidente aseguró que cuando se termine el conteo convocará a una reunión con la Media Luna y organizaciones sociales.