El gobierno nacional solicitó formalmente a los gobernadores provinciales la derogación de los edictos policiales y de todas las normas locales que impliquen la privación de la libertad de una persona sin orden judicial o haber sido sorprendido en “flagrante delito”. El pedido fue dispuesto a raíz de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Bulacio, que condenó al Estado argentino a eliminar esas normas. Los abogados de la familia del chico que murió en 1991 tras una razzia policial sostuvieron que para el cumplimiento de esa sentencia deben ser derogados todos los Códigos Contravencionales y de Faltas del país, como así también la facultad de las fuerzas de seguridad de realizar detenciones por “averiguación de antecedentes”.

El pedido a las provincias fue formulado en el encuentro de ayer del Consejo de Seguridad Interior, que reúne a las autoridades del área de todas las jurisdicciones del país, incluida la nacional. Precisamente, presidió la reunión el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, quien recordó ante el plenario que “el caso Bulacio provocó una condena por la forma en que fue detenido” y explicó que “esto nos obliga a la revisión de toda esa situación”. “Nosotros necesitamos que en un país federal como el nuestro, donde cada uno de los estados tiene su propia normativa al respecto, se revise esa normativa para que estemos todos adecuados a los estándares internacionales”, les dijo a ministros, secretarios y jefes policiales presentes.

La condena a la que aludió Fernández data del año 2003 y es consecuencia de la impunidad en la que quedó la muerte de Walter Bulacio, el adolescente que fue detenido cuando iba a un recital de Los Redonditos de Ricota. El caso, convertido en símbolo de la represión policial, fue llevado a la CIDH. Tras un largo proceso, el tribunal internacional condenó al Estado argentino a que sea separado de la fuerza policial al comisario retirado Miguel Angel Espósito, procesado por el hecho –Fernández lo exoneró el jueves, con lo que deja de percibir la jubilación–, que se reponga a la familia como querellante en la causa, que posibilite que finalmente se llegue a sentencia en la causa judicial y, en su punto principal, que sean derogadas todas las normas que facultan a las diversas fuerzas de seguridad a detener personas sin orden de un juez o sin haber sido encontradas cometiendo un delito.

Por eso, Fernández envió a cada gobernador una carta en la que le expresa la “honda preocupación” respecto de la situación internacional en la que se encuentra la Argentina tras ese fallo. “En el presente caso –abundó en su misiva–, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la vida y la integridad física en el marco de un inapropiado ejercicio de su deber de custodia, así como por la detención ilegal sufrida por la víctima y por no haber adoptado las medidas de protección que la condición de menor requería.” Para dar cumplimiento al fallo en cuestión, el ministro solicitó “la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación” a las garantías previstas en la Convención Americana de los Derechos Humanos y “la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías”.

María del Carmen Verdú, abogada de la familia de Bulacio e integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), advirtió que “los Códigos de Faltas y Contravencionales de todo el país, incluido el de la Capital Federal, prevén arrestos sin mediar ninguna orden del juez, es decir que sancionan penalmente conductas que no son delitos. Lo mismo pasa con la ley que faculta a la Policía Federal a detener personas por averiguación de antecedentes, así que para cumplir con el fallo de la CIDH es necesario que se derogue todo ese sistema de normas”.

–Es lo que pidió el ministro Fernández ayer a los gobernadores –señaló PáginaI12 a la abogada.

–El fallo de la Corte es de 2003, se tomaron cinco años para hacerlo. Además, vamos a dar por cumplida la sentencia en ese punto cuando todos los Códigos de Faltas y Contravencionales del país estén derogados y se haya quitado la facultad policial de detener solo por sospecha, con la excusa de la averiguación de antecedentes.

En la reunión del Consejo, el ministro Fernández destacó que en la causa Bulacio “nos hemos presentado como querellantes y ya hemos elevado la acusación, con lo cual estamos trabajando para resolver lo más pronto posible todos los puntos porque definitivamente le tenemos que dar a esto un trato serio por parte del Estado y dar por terminada la situación”.