Desde Santa Cruz

Pasados los días de tomas, quemas y destrozos, queda ver quién paga los edificios rotos. Mediante el Decreto Supremo 29.698, el gobierno estableció mecanismos para reparar “los daños causados por actos de vandalismos y depredación del patrimonio estatal, provocados por alteraciones de orden público promovidos por (algunas) prefecturas”, que deberían pagar. El presidente cívico Branko Marinkovic no es un próspero empresario por lento: “Que le pasen la factura a la policía, que no fue a proteger. Además, en ningún momento el Comité Pro Santa Cruz encabezó esas tomas”, dijo ayer. Acto seguido, se fue de gira por Argentina, Brasil, Chile y Paraguay “para denunciar los hechos de violencia que han sido provocados por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en Pando y las amenazas de oficialistas que se ciernen sobre el diálogo en Cochabamba”, según una gacetilla del comité.

Aunque a veces sintió “duras e intensas” las charlas con el gobierno, el prefecto tarijeño, Mario Co-ssío, dijo: “Poco a poco se empezó a visualizar una luz en esta segunda fase. Esperamos que comiencen a buscarse las soluciones que espera el pueblo boliviano”.

Ayer, antes de viajar a Panamá, el presidente Evo Morales envió a los prefectos del Consejo Nacional Democrático (Conalde) una nueva propuesta para compatibilizar los evangelios de cada sector: la nueva Constitución, apañada por el gobierno y las organizaciones sociales; y los estatutos autonómicos de la Media Luna (Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija). Los prefectos descartaron esta propuesta y se aferraron al documento consensuado en La Paz.

“Hemos ratificado el compromiso asumido en La Paz –dijo Cossío–. La primera mesa tratará los temas relacionados con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las regalías; la segunda contemplará las autonomías y la nueva Constitución, mientras que en una tercera se trabajará sobre un pacto fiscal donde estén contempladas las designaciones congresales”, para autoridades del Tribunal Constitucional, la Corte Nacional Electoral y otras oficinas del Poder Judicial vacantes.

Parece que se olvidaron del desaforado prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, el chico nuevo de la cárcel paceña de San Pedro. Su situación penal se complica, ya que el juez quinto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Williams Dávila, decidió juzgarlo por “terrorismo”. Hay claros indicios de que Fernández envió a empleados de la Prefectura para “frenar”, según él, la marcha de mil familias campesinas que estaba a 30 kilómetros de su destino, Cobija, capital pandina. Allí iban a deliberar sobre los actos de violencia promovidos por militantes de la autonomía departamental. Ayer, con el hallazgo de un niño de dos años y su padre en el monte, subió a 17 la cifra de asesinados entre el 11 y el 14 de septiembre en los municipios de Porvenir y Filadelfia.

El juez Dávila, candidato a fiscal general de la República, evaluó que lo mejor era encerrar al ex ministro de Gobierno de Hugo Banzer. “Con el poder que tiene en Pando, podría influir negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o informen verdaderamente sobre los hechos”, dijo en la audiencia.

La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer la investigación del desempeño del Dávila en este caso. Advirtieron que si encuentran un error en el proceso, el candidato a fiscal general sería acusado de “prevaricato”.

Miles de campesinos e indígenas continúan el cerco a Santa Cruz por tres vías. En la ruta que va a Argentina bloquean la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (Fsutc-SC). En las carreteras que van a Cochabamba y Beni hay campesinos de estos departamentos, cruceños y paceños. En Yapacaní había 12 mil bloqueadores, varios armados, con ánimo de avanzar pacíficamente a Santa Cruz para pedir la renuncia del prefecto, Rubén Costas. Ante la masiva devolución de 26 edificios públicos efectuada por los cívicos y la Prefectura, se calmaron.

Y miraron hacia Cochabamba, donde el gobierno y la Media Luna buscan reconciliarse, con modificaciones a la nueva Constitución mediante. “Si el presidente mueve una letra del nuevo texto constitucional, la marcha va a volverse contra él”, dijo a PáginaI12 el tacana Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), cuya sede había sido ocupada por los cívicos.