En la reunión del Consejo de Seguridad Interior, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, destacó también la necesidad de “revisar los edictos y las legislaciones provinciales” para eliminar la persecución policial contra las personas por su orientación sexual. “Hablamos oportunamente con la CHA y con la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales para hacer la revisión de legislaciones que vienen con una concepción bastante alejada de lo que los estándares internacionales recomiendan para este tipo de situaciones”, señaló ante los responsables de seguridad de todo el país. Y acotó que “nosotros nacionalmente hemos resuelto (esos cambios) sin ningún tipo de inconveniente”.

Efectivamente, las organizaciones de la comunidad gay-lésbica vienen denunciando desde la restauración democrática las normas que siguen penalizando la orientación sexual. Según el relevamiento de esas entidades, existen Códigos de Faltas o Contravencionales “que criminalizan e imponen penas por ser homosexual o travesti” en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.