En el curso de este año, las 2500 bocas de expendio de licencias para conducir, que funcionan anárquicamente en la Argentina, deberían reducirse a 330: otorgarían una licencia bajo sistema único y con supervisión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esta reorganización –fruto de un estudio efectuado por la Universidad Tecnológica Nacional en todo el país– iría aparejada con el funcionamiento de un registro único de antecedentes de tránsito, que a su vez permitiría implantar el scoring a nivel nacional. Condición para esto es que todas las provincias adhieran a la actual Ley Nacional de Tránsito. De las jurisdicciones que todavía no adhirieron, la más importante es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El titular de la Agencia se reunirá el miércoles con autoridades porteñas y bonaerenses para articular políticas: “El 60 por ciento de las infracciones en la ciudad de Buenos Aires corresponde a vehículos de otras jurisdicciones”, observó el funcionario. Un directivo del Centro de Educación y Seguridad Vial (Cesvi) advirtió a las autoridades jurisdiccionales que “la gente se está matando en accidentes mientras los funcionarios hacen pavadas en vez de adherirse a la ley y unificar las licencias de conducir”.

Felipe Rodríguez Laguens, titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, contó a Página/12 que “para este año proyectamos la creación de 30 centros de emisión de licencias de conducir, en las distintas provincias: éstos emitirán el 50 por ciento de las licencias, y el resto será cubierto por la homologación de 300 ciudades que ya emiten correctamente ese documento”. Todos estos sitios entregarán “una misma licencia” y reemplazarán a los actuales “2500 emisores de licencias de conducir, correspondientes a 2225 municipios” (algunos de los cuales, como se ve, tienen más de un centro emisor). El funcionario aclaró que el proyecto es resultado de “un relevamiento de todas las provincias, que la Agencia efectuó en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional”.

El miércoles, Rodríguez Laguens se reunirá con Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, y con Alberto Pérez, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, para “comenzar a coordinar interjurisdiccionalmente y trabajar en la adhesión de la Ciudad Autónoma a la Ley Nacional de Tránsito. Esta adhesión es requisito indispensable para que todas las jurisdicciones puedan integrarse en un sistema de información unificado de antecedentes de tránsito”. Además, observó Rodríguez Laguens, “el 60 por ciento de las infracciones que se registran en la CABA corresponde a vehículos de otras jurisdicciones”.

Adhirieron ya a la ley nacional las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán. El tema está en tratamiento legislativo en Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Tierra del Fuego y Salta. Santa Fe está elaborando un proyecto de adhesión y San Luis anunció su negativa a adherirse.

Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad, ya había admitido que la aplicación del sistema de puntaje se limita porque muchos vehículos que circulan por la Capital están registrados en la provincia, y planteó la cuestión en términos de buscar un acuerdo con las autoridades bonaerenses. Martín Ferré –vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires– observó que la ley provincial contempla el sistema de puntaje pero que “no se puede implementar sin que adhieran los 134 municipios bonaerenses: hasta el momento lo hicieron 50 y se espera llegar a la totalidad en marzo”.

En realidad la Ley Nacional de Tránsito establece un sistema de puntaje interjurisdiccional, en el marco de la instauración de una licencia nacional para conducir y del funcionamiento del Registro Nacional de Antecedentes.

“Las autoridades de las jurisdicciones tienen que dejar de hacer politiquería y ponerse a trabajar, porque la gente se sigue matando en accidentes mientras ellos hacen pavadas –requirió Fabián Pons, gerente general del Cesvi–. La Ley Nacional de Tránsito es una normativa seria, similar a la ley que rige en España y otras legislaciones avanzadas. Las provincias tienen que adherir y ponerse a trabajar en los controles.”

Pons señaló que “las provincias más avanzadas en seguridad vial, como Neuquén y Río Negro, adhirieron rápidamente a la ley nacional. La provincia de Buenos Aires se estaba demorando pero, ante la presión que fue recibiendo, también adhirió. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue demorándose. Entre la ciudad y la provincia reúnen más del 60 por ciento del parque automotor del país: si las dos adhieren a la ley, gran parte de la batalla estará ganada”.