Silvia Inchaurraga, titular de la Asociación Argentina de Reducción de Daños (ARDA), manifestó su “acuerdo en la necesidad de que el Estado, en este caso la ciudad de Buenos Aires, se haga cargo de disponer recursos para la atención de personas con problemas de drogas. Casi no existen instituciones específicas, sobre todo en el interior del país. Pero estamos en total desacuerdo con todo tratamiento compulsivo, ya que ningún tratamiento impuesto puede ser eficaz. Puede haber, sí, casos donde la coacción se funda en que la persona está poniendo en riesgo su vida o no es consciente de sus actos por padecer una crisis psicótica o de otro orden, para abordar esa situación. Entonces estamos de acuerdo en que haya instituciones específicas, pero no en que se obligue a las personas, cualquiera sea su edad, a tratarse en ellas”.

Para Graciela Touzé, de la Asociación Civil Intercambios, “es correcto y necesario exigirle al gobierno de la ciudad que cumpla sus obligaciones de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Hay que advertir, sin embargo, que el fallo enfatiza un único tipo de estrategia, la internación ‘voluntaria o compulsiva’, mientras que la Ley de Prevención y Asistencia del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la CABA plantea la necesidad de varios órdenes de dispositivos. Vale alertar en cuanto a que el fallo, que procura preservar derechos, no produzca un efecto boomerang, al priorizar una estrategia de encierro sobre la población más vulnerable y desprotegida. También hay que advertir que la ‘falta de contención familiar y social’ por el hecho de residir en una villa puede ser verdadera en determinados casos, pero su generalización abona cierto prejuicio”.