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El director regional para América Latina y el Caribe de Unicef, el sueco Nils Kastberg, estuvo apenas 36 horas en Buenos Aires. Vino al país, en una visita relámpago, para reunirse con el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y plantearle su preocupación por el tenor que está tomando el debate en torno de una nueva ley penal juvenil –tras el asesinato de un chofer de Valentín Alsina a manos de un chico de 14 años– y transmitirle personalmente la posición del organismo internacional en el tema. Poco después de ese encuentro, Kastberg conversó en exclusiva con Página/12. En una extensa charla –cuyos puntos principales se reproducen a continuación– el experto calificó como “una medida demagógica” bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, como promueven la mayoría de los proyectos que empezaron a discutirse en el Congreso, dado que apenas “15 homicidios dolosos al año” tienen como partícipes a niños de menos de 15 años en el país. “Quiero advertirles que no es cierto lo que algunos sectores dicen, que al aplicar más penas la situación va a mejorar. Lo que se tiene que mejorar es lo que se hace con el chico durante el tiempo de la pena que se establezca. Lo que se tendría que discutir es qué calidad de rehabilitación se le va a ofrecer. Eso es lo que les va a dar seguridad”, señaló el especialista a este diario. Y cuestionó que hoy en los institutos de menores apenas se les brinda en promedio dos horas de educación. “Hay que ofrecerle al chico un proceso reeducativo integral para que cuando salga sienta que tiene algo que no quiere perder”, puntualizó. Kastberg describió además cómo aumentó la criminalidad en los países centroamericanos que aplicaron recetas de “mano más dura” con los menores de edad y destacó experiencias exitosas en Cuba y Colombia con el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal.

Kastberg llegó a Buenos Aires el miércoles por la noche, directo desde Ginebra, donde participó de la Cumbre Mundial contra el Racismo. El viernes por la mañana emprendió el regreso a Panamá, donde tiene la sede la Oficina Regional de Unicef. El jueves tuvo su encuentro con el ministro Fernández y aceptó la entrevista de este diario, en una maratónica agenda, como es ya habitual en su vida. La mayor parte de ella la pasa arriba de un avión, desde que a comienzos de la década del ’80 empezó a trabajar en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), donde le tocó –entre tantos destinos– desmovilizar a miles de niños soldados en Sudán. Conoce América latina y el Caribe casi como la palma de su mano: y la situación de los niños, niñas y adolescentes, que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad –social y sanitaria– son su desvelo. Habla español de forma impecable. Apenas tiene un segundo libre, chequea correos electrónicos en su Blackberry.

–¿Qué es lo que le preocupa del debate que comenzó en el país en torno de la necesidad de una nueva ley penal juvenil?

–La Argentina tiene uno de los niveles de homicidio doloso más bajos de América latina y el Caribe: 5,5 cada 100 mil habitantes, según las estadísticas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Las tasas de El Salvador, Jamaica, Honduras y Trinidad y Tobago –57, 55, 32 y 20, respectivamente–, están entre las más altas del mundo. La Argentina está hoy en una posición desde la que puede evitar lo que ya se probó en Centroamérica y no funcionó. Allí metieron pena de muerte, extendieron penas...

–¿Para adultos y personas menores de 18 años?

–Sí. ¿Qué lograron? Subieron los índices de violencia y delito. Dieron muchos poderes a la policía, incluso de arrestar en algo que llaman prisión cautelar, que se aplica solo con menores de 18 años: antes de que hagan algo, si tienen un tatuaje o los ven cara de querer hacer lío esa noche, lo llevan a la comisaría.

–¿Sin denuncia ni acusación?

–Sin denuncia. Los pueden tener una noche o un mes. La policía nunca tuvo tanta capacidad de actuación como la que tiene en Centroamérica. ¿Qué lograron? Que se profesionalizó la utilización de menores en el crimen. Como los empezaron a meter más y más en prisión, las cárceles están repletas y se convirtieron en centros de comando del delito: todos saben que en algún momento los van a meter presos y les van a dar una flor de paliza si no hacen lo que les dicen en la cárcel que tienen que hacer. Apenas los sueltan y tienen la instrucción de matar a tal, más vale que lo hacen, porque si al día siguiente los agarran por cualquier cosa y no lo hicieron, les van a dar semejante paliza que nunca más van a querer desobedecer, si sobreviven. La mayoría de los maras que yo he encontrado tienen una historia de violencia familiar. Me contaba una chica de 18 años que había sido marera y estaba estudiando psicología, que entre los 10 y 12 años un familiar allegado a su casa había abusado sistemáticamente de ella. La chica le trataba de decir a la madre y al padre, pero no le llevaban al apunte. A los 12 quedó embarazada. El padre le empezó a pegar y a echarle la culpa, acusándola de haber seducido al tío. Le pegó tanto que perdió el embarazo. Desesperada, dejó su casa. ¿A dónde fue? A las maras, el único sitio dónde la podían proteger. Para ingresar tuvo que tener relaciones sexuales con siete muchachos, una especie de pasaje de iniciación. Para ella, eso no era nada, frente a los abusos y la violencia que había sufrido en su familia. ¿Qué pasa con muchos de los chicos que están metidos en violencia? No tienen nada que perder.

–¿Cuál es el camino que propone Unicef?

–Políticas integrales. Si un chico de 14 años mata a alguien, tiene que haber habido todo un sistema de adultos que no funcionó y otro sistema de adultos que se aprovechó de él. A veces, estamos frente a la segunda o tercera generación de chicos que se han criado sin valores, sin afecto, sin amor. Me encontré con un chico en República Dominicana en un centro para niños de la calle, donde podían ir durante el día para recibir algo de educación, en las horas en que no estaban vendiendo algo. Ese chico me cuenta que la primera vez que recibió un abrazo en su vida fue en ese centro, a los 12 años. El punto de partida en este debate no tiene que ser adultocéntrico, particularmente si sabemos que, en nuestra región, 80 mil chicos mueren por violencia intrafamiliar cada año y en la mayor parte de los casos, con impunidad.

–¿Quiere decir que son casos que no son juzgados ni reciben una condena?

–La policía no quiere meterse, en el hospital los padres dicen que el niño se cayó. ¿Por qué no actuamos con la misma celeridad en esos casos como queremos actuar cuando un adolescente comete un crimen? Si los adolescentes mataran a 80 mil adultos cada año, estoy seguro de que estarían todos los medios ocupándose del tema. En vez de nosotros, como adultos, reconocer que hemos fallado, estamos queriendo caerles a los adolescentes con castigo. ¿Cuál es la propuesta de Unicef? ¿Impunidad? No. Un chico que ha cometido el más horrendo de los crímenes necesita ante todo ser rehabilitado. Imagínese si matara a mi hija, ¿qué es lo que yo quisiera? Primero, un proceso corto. Segundo, que el juez lo ponga en un centro en el que el chico pueda ser desprogramado de esa violencia. Cuando yo trabajaba con niños soldados en el sur de Sudán, hace diez años, teníamos que desmovilizarlos. Había unos 12 mil, menores de 18 años, que eran parte de la guerrilla. Había de todo, desde combatientes hasta aquellos que proveían información del frente de guerra. Nosotros consideramos que necesitaban por lo menos seis meses de rehabilitación antes de animarnos a mandarlos de vuelta con su familia.

–¿Por qué?

–En primer lugar, si está criado en un contexto de violencia, tirando tiros, acostumbrado a resolver todo con un arma, no lo podés mandar de vuelta con su madre o su tía. Segundo: seguramente ese chico no tuvo educación primaria porque estuvo metido en esas fuerzas. Necesita un proceso educativo porque si no, llega de vuelta y frente a otros chicos que sí han tenido la posibilidad de ir a la escuela, va a ser el más desempoderado, al no tener un arma. Si de repente, de haber sido el jefe de una banda, es el más débil de todos, porque ni siquiera sabe leer y escribir o lo hace mal, va a buscarse un arma para volver a tener el poder. En este momento, en Cuba están cambiando el modo en que trabajan el tema de justicia penal juvenil.

–¿Qué están haciendo?

–Tiraron abajo los muros de los institutos, incluso de aquellos en que hay chicos que cometieron delitos graves. Los convirtieron en centros abiertos y les metieron muchísima educación. En este momento, en la Argentina un adolescente que es enviado a un instituto recibe un promedio de dos horas de educación diarias. En Cuba, le dan entre 10 y 12 horas por día de arte, cultura, deporte, enseñanza de un oficio que le interese. Ahora les están cambiando el uniforme para que tenga el mismo que usa cualquier chico de secundaria y cuando se celebra un acto cívico al que concurren estudiantes, ellos también van.

–¿Aun los que han cometido delitos más graves, como un homicidio?

–Todos. Me encontré con uno allí, de 15 años, que había cometido un homicidio. Una trabajadora social trabajaba con su novia de 14 años, que dos meses antes había dado a luz a un bebé. ¿Qué pasa con ese chico? Está empezando a tener algo que no quiere perder: la oportunidad de tener un trabajo, de cuidar de su novia y su bebecito. La filosofía de trabajo que están utilizando es que el proceso de reinserción social empieza el primer día que llegan. No tienen una pena fija sino que el juez los manda al centro y después es un equipo que trabaja con ese chico el que decide cuando considera que el proceso de rehabilitación se ha completado.

–¿No se corre el riesgo de que ese plazo sea arbitrario y haya abusos en el tiempo de encierro?

(Piensa algunos segundos) –En este momento, prefiero ese sistema a que me digan que la pena debe ser de 10 o 15 años.

–La mayoría de los proyectos que empezaron a discutirse la última semana en el Congreso plantean bajar la edad de imputabilidad a 14 años. ¿Qué opina?

–No estoy de acuerdo. El tema no pasa por bajar de 16 a 14 años. Incluso, considero demagógica esa reducción.

–¿Por qué?

–En la Argentina hay unos 2000 homicidios dolosos al año. De ese total, en unos doscientos han participado menores de 18 años. De esos doscientos, 150 corresponden a jóvenes de 16 a 18 años. Quedan 50, de los cuales en 35, los responsables tenían 15. ¿Cuántos quedan?

–Quince.

–¿Qué los tiene que asustar a los argentinos? ¿Esos 15 homicidios? No. Me parece totalmente demagógico, por no usar una palabra indecente, pensar que se va a resolver el tema de la violencia en la Argentina enfocándose en esos 15 casos. ¿Qué es lo que quisiéramos lograr? Garantías en el proceso y que sea lo suficientemente ágil. Hay que trabajar en un proceso de rehabilitación social. Si se sigue con el método actual, con apenas dos horas de educación, más bien los estamos almacenando para que puedan seguir haciendo lo que hacían antes.

–Pero, ¿qué pasa si vuelve después de una rehabilitación a la misma familia y contexto que no lo contuvo, que no le dio cariño y lo maltrató?

–Ahí hace falta un proceso de seguimiento social del entorno del chico. Eso también es importante. Parecería que aquellos que están metidos en la criminalidad son más capaces de desarrollar a este adolescente para lo malo, que la sociedad para el bien.

–Además de la experiencia de Cuba, ¿hay otras en la región para destacar en el tratamiento a jóvenes en conflicto con la ley penal?

–Sí, en Colombia, por ejemplo, hay instituciones tipo Don Bosco que trabajan muy bien con los peores casos en el desarrollo vocacional, artístico y musical. Esas posibilidades transforman a los chicos, les dan alegría. La tasa de reincidencia de un centro que visité era menos del 10 por ciento, un nivel bajísimo, que habla de increíbles logros porque por el ambiente del cual provienen esos chicos, es un milagro que no haya más casos. Veo muy positivo que la ciudadanía argentina reaccione frente a un nivel de criminalidad que no le gusta: quisiéramos que fuera cero, pero al tener relativamente bajos niveles de homicidios dolosos, quiero advertirles que no es cierto lo que algunos sectores dicen, que al aplicar más penas la situación va a mejorar. Lo que se tiene que mejorar es lo que se hace con el chico durante el tiempo de la pena que se establezca. Un año más o un año menos de pena no es lo que se tendría que discutir, sino qué calidad de rehabilitación se le va a ofrecer. Eso es lo que les va a dar seguridad. En estos momentos no están haciendo lo que se debe hacer. No están responsabilizando a los adultos suficientemente, no están realizando un seguimiento al entorno que provoca esto, por ejemplo, una familia totalmente disfuncional. Hay que ofrecerle al chico un proceso reeducativo integral para que cuando salga sienta que tiene algo que no quiere perder.

–¿Qué evaluación hace de la reunión que mantuvo con el ministro Aníbal Fernández?

–Claramente hubo una alta receptividad. Me confirmó que el Ejecutivo quiere presentar una propuesta al Congreso lo más pronto posible. En la medida en que haya coincidencia de criterios, estoy dispuesto a salir públicamente a apoyarla.