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La Justicia tucumana se orienta contra los padres de los chicos desnutridos por “abandono de persona”, en lugar de investigar al gobierno provincial por el desvío de fondos para asistencia social: así lo denunció el fiscal anticorrupción de esa provincia. Además una alta funcionaria del Ministerio de Salud nacional afirmó que en esa provincia “les cobran a los pobres por la leche que la Nación envía gratuitamente”. El gobernador Julio Miranda, en cambio, afirmó que “no hay que buscar culpables ni responsables”. Entretanto, el parte diario del hambre concierne hoy a las provincias de Chubut, Jujuy, Entre Ríos, Mendoza y Buenos Aires.
“Además de estar sin trabajo y quebrados por la muerte de sus hijos, ¡ahora los van a investigar por abandono de persona!”, se exasperó Esteban Jerez, fiscal anticorrupción de la provincia de Tucumán. A partir de las recientes muertes de (hasta ahora) diez niños por desnutrición, “la Corte Suprema provincial dispuso una investigación pero por ‘abandono de persona’, lo cual apunta a los padres de los fallecidos: debería apuntar a los funcionarios responsables de los fondos para políticas sociales”, sostuvo el fiscal.
Jerez se refirió “al plan de Políticas Sociales Comunitarias que, a partir de un estudio efectuado por la Universidad Nacional de Tucumán en el conurbano de San Miguel, procuraba erradicar las casas-rancho y fundamentalmente las letrinas, focos de enfermedades infecciosas (como las parasitosis que desencadenaron la muerte de varios de los chicos desnutridos). El gobierno nacional envió unos 380.000 pesos por mes, cuya distribución estaba a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano provincial, pero de allí tomaron fondos, para sí mismos o para su clientela política, los sucesivos titulares Ramón Mirra, Hugo Cabral y Fernando Juri”, denunció el fiscal.
El gobernador de Tucumán, Julio Miranda, prefirió sostener que “no hay que buscar culpables ni responsables por esas muertes” y ratificó que no se propone renunciar. Sin embargo, la directora de Política Sanitaria de la Nación, Graciela Rosso, afirmó que “en Tucumán los fondos que remite la Nación no son distribuidos correctamente”, que “en algunos casos los planes de Jefes y Jefas de Hogar los reciben los que más tienen” y que “detectamos centros de atención donde a los pobres se les está cobrando por la leche que la nación envía”. La funcionaria efectúa en esa provincia una auditoría previa al “Operativo rescate”, que se iniciará el lunes.
Ayer, se sumó una nueva muerte , un niño desnutrido de un año y medio, en el Hospital Jesús. La situación se tensó aún más cuando 1500 personas, convocadas por organizaciones barriales y de desocupados, organizaron una olla popular ante el Hospital de Niños.
La edición de hoy del mapa del hambre continúa así: en Comodoro Rivadavia, Chubut, una entidad de desocupados presentó un recurso de amparo para que el gobierno provincial atienda a cuatro hermanitos con desnutrición grave; en Jujuy, el jefe de pediatría del Hospital de San Pedro reveló que ese centro atiende a 35 niños con desnutrición grave y detectó 3600 con cuadros moderados; en Concordia y Nogoyá, Entre Ríos, se registraron dos casos graves; en Mendoza, el Ministerio de Salud admitió que 14 mil niños tienen problemas de nutrición, aunque “no se registran casos graves”; en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Felipe Solá admitió que “en las poblaciones más pobres, un siete por ciento de los chicos tienen grado 1 de desnutrición: crecen menos y su coeficiente intelectual es menor que el que les correspondería”.