“No hay programas del Estado porteño que aborden el problema de la violencia institucional. Su visualización depende de las voces desesperadas de las familias, en su mayoría, de los barrios pobres de la ciudad. Por eso, buscamos que la comisión sea una caja de resonancia de la problemática del gatillo fácil.” Las palabras del legislador porteño Facundo Di Filippo (Coalición Cívica) resumieron la preocupación y el pedido de un centenar de familiares de víctimas de violencia institucional y gatillo fácil que se hicieron presentes ayer en la Legislatura porteña para dar el primer paso hacia la creación de una comisión legislativa que se ocupe de la problemática. El proyecto, impulsado por legisladores de la CC y de Igualdad Social, será presentado la semana próxima.

No pasaron 15 días desde que Angélica Lezcano veló en el comedor de su casa de Villa Lugano a su hijo Jonathan “Kiki” Lezcano, de 17 años, luego de buscarlo durante dos meses y encontrarse con que había sido inhumado en el cementerio de la Chacarita como NN –como informó Página/12 hace dos semanas–. Kiki estaba con su primo Ezequiel, quien también fue asesinado y su cuerpo fue encontrado por sus familiares en la Morgue Judicial. La versión policial decía que un policía de la comisaría 12ª los baleó cuando lo apuntaron para robarle el auto. Pero un mes atrás, un uniformado de la 52ª había pasado por la casa de Angélica a advertir “cuídenlo a Kiki”.

Angélica estuvo presente ayer en la Legislatura porteña para aportar su testimonio y argumentos para la creación de una comisión que respalde a las familias contra la violencia institucional. “Es muy bueno que se comiencen a ocupar de resguardar los derechos de las familias pobres. Lo primero a resolver sería avanzar en las investigaciones sobre el accionar de la policía que siempre actúa contra chicos humildes con una impunidad total. Las fuerzas de seguridad tendrían que cuidarnos y terminan siendo los que matan a nuestros hijos”, sentenció la madre de Kiki.

Otros cien vecinos de Lugano y Ciudad Oculta –todos con historias similares que esperan justicia– estuvieron en la conferencia dialogando con los legisladores porteños Di Filippo, Diana Maffía y Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, y Liliana Parada y Martín Hourest del bloque Igualdad Social.

Según Di Filippo, la creación de la comisión incluiría la participación de la Defensoría del Pueblo y representantes del Ejecutivo para “crear una instancia donde se visualice la problemática y de la discusión surjan las herramientas necesarias para combatirla. Por eso, la iniciativa tendrá que tener una correlación con la creación de un programa de asistencia”, explicó el legislador, aunque aclaró que todavía no hay definiciones. “Es un debate que hay que empezar a dar para conseguir el apoyo del oficialismo y el presupuesto.”

Di Filippo espera que el proyecto se apruebe antes de fin de año para que, con la creación de la comisión, “aparezcan casos silenciados porque las familias no tienen las fuerzas para acompañar una causa, contratar un abogado, y hacerle frente al sistema judicial y policial que muchas veces los tienen en contra”, graficó, en diálogo con Página/12.

Un caso paradigmático es el de Fernando Carreras, condenado a 30 años de cárcel por atropellar y matar a tres personas con su auto en enero de 2005, en la denominada Masacre de Pompeya, a pesar de que organizaciones como la Defensoría del Pueblo y el CELS indicaron que se trataba de “una causa armada por la Policía Federal”. Su esposa, presente en la Legislatura indicó: “Todos estamos expuestos a los abusos policiales”.

Según la propuesta, la labor de la comisión no se agotaría en los casos de violencia institucional, sino que también abordará otro de los problema de los barrios pobres: el paco. “Hay que revisar la asistencia que brinda el Estado”, apuntó Di Filipo.

Informe: Nahuel Lag.