Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano y el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy.

El juez Ariel Lijo aceptó ayer el pedido del fiscal Alberto Nisman en la causa por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA y procesó a Carlos Menem, su hermano Munir, el ex juez Juan José Galeano, el comisario Jorge “Fino” Palacios y el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, entre otros, por delitos que van desde el encubrimiento hasta la falsedad ideológica y la violación de medidas de prueba. El magistrado no les dictó prisión preventiva, pero sí les impuso embargos por 300 mil pesos.

El 28 de julio de 1994, diez días después del atentado contra la AMIA, había sospechas relevantes contra Alberto Jacinto Kanoore Edul. En primer lugar, había llamado por teléfono a Carlos Telleldín, el último tenedor de la Trafic que estalló frente a la mutual judía. En segundo lugar, un camión había dejado un volquete frente a la AMIA pocos minutos antes de la explosión. En la hoja de ruta de ese camión figuraba que había estado previamente en la calle Constitución 2657, justito en medio de dos domicilios de Kanoore, Constitución 2633 y Constitución 2675. Por último, la empresa que llevó allí el volquete, Nassib Hadad, registraba compras importantes de amonal, el químico usado en el explosivo de la AMIA.

A raíz de estos elementos, el juez ordenó la intervención de los teléfonos de Edul, el allanamiento de sus domicilios y su detención. Sin embargo, en la tarde del 1º de agosto de 1994, el padre de Kanoore concurre a la Casa Rosada, habla con Munir Menem, éste con el entonces presidente, y la investigación da un vuelco asombroso. Las intervenciones de teléfonos se paralizan, los casetes de las grabaciones desaparecen, los allanamientos son una pantomima y hasta hay llamados misteriosos de Palacios, el policía a cargo, a los que iban a ser allanados. Lijo dictó los procesamientos sobre la base de todos esos hechos irregulares.

“La interrupción de la investigación fue producto de la voluntad ilegítima del presidente de la Nación, Carlos Menem, instrumentada en connivencia por Munir Menem, hermano del nombrado”, afirmó Lijo.

La resolución del juez Lijo tiene un aspecto llamativo. Es cierto que Kanoore Edul aparecía –y sigue apareciendo– muy sospechado en relación con el atentado contra la AMIA. Sin embargo, nunca se le pudo terminar de probar nada y hoy en día está en libertad, con falta de mérito.

Lijo y Nisman dicen –tácitamente– que no se pudo avanzar en la investigación porque hubo orden de la Rosada y por ello no se le pudo terminar de probar nada a Kanoore. En este terreno, la postura del juez y el fiscal se entronca con lo que en su momento dijo el Tribunal Oral Federal 3: la investigación de la AMIA fracasó, estuvo llena de pistas falsas y la política –el gobierno de Menem– se metió para desviarla.

En concreto, la resolución de ayer señala que Alberto Kanoore Edul, padre del sospechoso Alberto Jacinto Kanoore Edul, concurrió a Gobierno el 1º de agosto de 1994. Allí habló con Munir, en momentos en que estaba ordenado el allanamiento y la detención de Albertito. Alberto padre conocía muy bien al presidente: por ejemplo, había aportado dinero para la compra de un departamento en la calle Cochabamba, donde Menem vivió cuando desembarcó en Buenos Aires para la carrera presidencial de 1989. Además, Kanoore y Menem tenía un origen común en Siria, la ciudad de Yabrud.

Sin embargo, lo que sugiere el texto de Lijo no es únicamente el vínculo personal. En la resolución se habla de la pista sirio-iraní, porque supuestamente Albertito tenía relación con Mohsen Rabbani, el agregado cultural de Irán en la Argentina. Sacando a Kanoore de escena, se sacaba también a Siria del cuadro, y esa habría sido la intención de la jugada: mantener únicamente a Irán como el gran sospechoso. Aún hoy, la CIA, el Mossad y la SIDE insisten en que el gran culpable del atentado fue el régimen de Teherán.

Sí, papá está en la Casa Rosada dicen desde el domicilio de los Edul en las escuchas que la SIDE tenía en su poder y que habían desaparecido.

Al que vaya, díganle que hablen por este tema con Munir –se afirma en otra escucha.

La visita de Kanoore padre a Munir está probada por lo que surge de las escuchas y la orden de frenar la pesquisa surge de numerosos datos, entre ellos del testimonio de Claudio Lifschitz, secretario de Galeano, quien propuso profundizar la pesquisa y le dijeron: “No podemos hacer nada. En qué quilombo querés que nos metamos si cuando lo detuvimos a Edul llamó el hermano del Presidente. No es el momento de seguir con eso”, le dijo el otro secretario de Galeano a Lifschitz.

Los allanamientos realizados por Palacios a los tres domicilios de Kanoore aparecen en la resolución como una parodia. Existen numerosos testimonios de que los efectivos llegaron a las 8 y la orden librada por Galeano indicaba que debía irrumpirse en Constitución 2633, 2695 y 2745. El primero no fue allanado, el segundo se concretó a las 17.30 y el tercero a las 19.20. En las escuchas telefónicas se verifica claramente que los allanados ya sabían que se estaba por hacer el procedimiento.

A todo este cuadro de sospecha se agregan dos llamadas consideradas por Lijo como virtuales avisos de Palacios a Kanoore. Las comunicaciones se hicieron ese 1º de agosto desde el celular 4411-5884, que figuraba a nombre de Palacios, a los teléfonos 4941-0024 y 4942-9146 de Kanoore Edul. La primera de un minuto y medio, la segunda de 45 segundos. Palacios dijo que él no tenía el celular y no hizo la llamada. Argumentó que a su nombre había una flota de teléfonos. El informe de Movicom lo desmiente y además se demuestra que era su aparato personal.

El comportamiento de la SIDE va en el mismo sentido. Las sospechas sobre Kanoore llevan a un pedido urgente de que se intervenga el teléfono. Eso ocurre el 27 de julio, nueve días después del atentado. Después del 1 de agosto las escuchas se suspenden, sin orden judicial. Posteriormente se produce otro hecho asombroso. La SIDE le entrega a Galeano la transcripción de las escuchas del celular de Kanoore realizadas hasta el 2 de agosto. Oficialmente Galeano le dijo al Tribunal Oral que no las tenía. Desaparecieron. Y, en forma paralela, algo igual ocurrió con el comisario Palacios: recibió los casetes 1 a 4 de esas transcripciones y nunca más aparecieron. En el texto de Lijo queda claro que todo se repitió con las transcripciones y las cintas correspondientes a las escuchas de los otros teléfonos de Kanoore. Todo desapareció. Según el juez, fue sustraído por Galeano, Palacios y otro comisario, Carlos Castañeda.

Con estos elementos a la vista, el juez Lijo le imputa a Carlos Menem, Munir Menem, Galeano, Anzorreguy, Castañeda y otros el delito de encubrimiento, esencialmente porque ayudaron a alguien a eludir las investigaciones y participaron de la desaparición y ocultamiento de pruebas. Es otro eslabón en lo que los familiares de las víctimas vienen denunciando desde 1997: en el expediente AMIA no hubo voluntad de investigar, sino que se produjo una sucesión de maniobras destinadas a tapar el trasfondo de lo ocurrido.

Lijo expuso en su fallo que a partir de la directiva de Menem “se evitó la producción de las medidas que eran imprescindibles para dilucidar la responsabilidad de la pista siria” y agregó que eso “ocasionó la pérdida de elementos de producción inmediata y de difícil recolección posterior, que frustraron la averiguación de la verdad”.