–¿Qué vamos a hacer con esto? –apuró al resto de los consejeros la diputada la Diana Conti. Se refería a las sospechas de fraude en el concurso para cuatro juzgados federales porteños, que salieron a la luz la semana pasada, y se sumaron al caso de un machete constatado en el examen para un juzgado de Paraná, hace menos de un mes. Al instante se desató un murmullo en la sala de audiencias del Consejo de la Magistratura y comenzó un intento colectivo por remendar los escándalos que se vienen sucediendo en los procesos de selección de jueces. Para empezar, le dieron una semana de plazo al cuerpo de auditores para que presente un informe preliminar y evalúe si hay razones para pensar que hubo postulantes que tuvieron de antemano la prueba que les iban a tomar. Luego el cuerpo votó en general un nuevo reglamento para elegir magistrados, que aumenta la exposición pública de los postulantes, pone más requisitos para ser jurado y fija plazos para elevar las ternas.

Según las nuevas reglas, además de un examen escrito habrá otro oral y público, más la entrevista personal (ya existente) de los candidatos con los consejeros. La prueba escrita seguirá siendo anónima y a todos los participantes se les adelantarán las líneas generales del tema. Tendrán que presentar, además, un plan de gestión para el juzgado al que aspiran. Se creará un registro de jurados para quienes habrá requisitos puntuales de antecedentes y formación. Habrá plazos precisos en todo el proceso para que la elevación de una terna de posibles jueces no supere los noventa días que establece la ley (actualmente el consejo demora un promedio de dos años en proponer los nombres). Serán convocadas ONG del ámbito del derecho como veedoras.

La celeridad no es una característica del Consejo. Sus propios miembros lo admiten.

—¡Que se ponga un plazo para los auditores y si no que se anule el concurso! (del Fuero Federal) –exclamó al comienzo del plenario el radical Ernesto Sanz.

El examen para los cuatro juzgados vacantes –inquietante para el poder político por ser los que investigan casos de corrupción– quedó cuestionado la semana pasada, cuando se conocieron indicios de que dos de los concursantes pudieron haber obtenido la prueba con antelación. Los aspirantes deben resolver un caso, que suele estar basado en expedientes reales, como si ellos fueran los jueces. Esta vez era un robo de monedas antiguas del Banco Nación. El expediente verdadero lo tuvo Daniel Rafecas. Las dudas recaen sobre el juez de instrucción Luis Rodríguez, ya que de parte suya llamaron al juzgado de Rafecas pidiendo el fallo en la causa de las monedas tiempo antes de la prueba escrita. También quedó bajo la lupa el examen de Carlos Ferrari, que llamó la atención por la cantidad de citas –cuarenta y tres– casi textuales de sentencias de la Corte Suprema y de la Corte norteamericana. Ferrari es actualmente asesor del auditor oficialista de la Auditoría General de la Nación (AGN) Javier Fernández.

Los exámenes los elaboran los cuatro miembros del jurado y se supone que sólo ellos pueden conocer el contenido. Tienen que proponer cuatro casos, de los cuales se sortea uno que debe quedar en un sobre cerrado. Un juez que fue jurado en varios concursos le comentó a este diario que la confidencialidad del contenido es relativa ya que, al menos hasta hace algunos meses, el Consejo le requería al jurado un diskette con los casos, además de la copia en papel.

En el plenario de ayer en el Consejo hubo casi asistencia perfecta. Sólo faltó el senador K Marcelo Fuentes. Después de Sanz, varios consejeros –tanto jueces como legisladores kirchneristas– tuvieron intervenciones en pos de la transparencia, pero evitaron propiciar la anulación del certamen del fuero federal, que lleva cuatro años en trámite y ya fue invalidado el año pasado en medio de una pulseada de los distintos sectores del Consejo en la que nadie lograba imponer a su favorito.

Así las cosas, los consejeros le dieron una semana al cuerpo de auditores para que haga un informe preliminar que defina si hay elementos para sospechar que alguien filtró las pruebas para el fuero federal. Los auditores ya empezaron a tomar testimonios de personas vinculadas al concurso. El tema también es investigado penalmente por la jueza María Servini de Cubría, quien tendrá que rastrear posibles contactos entre jurados o miembros del Consejo y los concursantes. El jurado lo integraban el camarista Eduardo Farah, los jueces Sergio Torres y Julián Ercolini y el académico Juan Gemignani (h).

El abogado Santiago Montaña sugirió que, al margen de lo que concluyan los auditores, la mejor solución sería sacar a los sospechosos del concurso, como se hizo con el secretario de la fiscalía de Saavedra, Hernán Tuppo, hallado in fraganti –a comienzos de septiembre– con copias del examen para ocupar el juzgado de Paraná que había conseguido por anticipado.

Desde que se produjo el episodio de Tuppo, el Consejo decidió reflotar la discusión de su reglamento de selección de jueces, como para dar una respuesta por los manejos oscuros y por las increíbles demoras en los nombramientos (los concursos duran dos años en promedio). En base a un proyecto de Conti, finalmente ayer se pusieron de acuerdo en los puntos centrales y votaron una reforma en general. Sólo quedaron algunas discusiones pendientes que serán saldadas en las próximas reuniones de comisión, para ajustar la letra fina del nuevo reglamento. Por ejemplo, está en discusión qué puntaje asignar a las pruebas orales y escritas respectivamente; qué plazos poner a las impugnaciones, y sobre quién –cualquier consejero o sólo las asociaciones profesionales– puede proponer nombres para integrar los jurados.