–Esperá que me peino –bromeó el general retirado Juan Carlos Colombo ante el fotógrafo de Página/12 dos minutos antes de escuchar por videoconferencia su sentencia por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, cuando era gobernador de facto de Formosa.

–Es arresto domiciliario –fueron las primeras palabras de su esposa, por si el militar de 85 años no había entendido, un minuto después de escuchar la condena a 25 años de prisión hogareña como miembro de una asociación ilícita, coautor mediato de nueve privaciones ilegales de la libertad agravadas por tormentos, y de dos tormentos seguidos de muerte.

Las escenas transcurrieron en una oficina diminuta del Consejo de la Magistratura, frente a un plasma y una cámara, a 1191 kilómetros del Colegio de Escribanos de Formosa, donde el Tribunal Oral Federal local lo juzgó en ausencia. Gracias a sus problemas de salud, el ahora condenado no pisó la sala de audiencias durante los siete meses que duró el juicio, que tuvo más de 150 testigos, y donde un centenar de personas escuchó ayer la lectura del fallo del juez Eduardo Belforte. Colombo sólo debió trasladarse tres veces al microcentro: una para escuchar la acusación, otra para desentenderse de los crímenes de sus su-bordinados y reivindicar a su compañero de promoción Jorge Rafael Videla –“un ferviente cristiano y un hombre de bien”, en sus palabras–, y ayer para escuchar el veredicto.

El fallo del TOF, que también integran Norberto Giménez y Gladys Yunes, no conformó a los querellantes: habían pedido reclusión perpetua, en cárcel común, y que se considerara que los crímenes no fueron aislados sino parte de un genocidio. Formosa no tiene un solo represor preso. Pedro Velázquez Ibarra, víctima y abogado querellante, lamentó “que el acusado no quebró el pacto de silencio y no dijo dónde están los cuerpos de los desaparecidos formoseños”. Admitió que “si bien no salió la reclusión perpetua, estamos satisfechos porque, por los tiempos biológicos, los 25 años significan lo mismo”. También el representante del Ministerio Público había pedido la máxima pena. Organismos de derechos humanos y miembros de HIJOS escucharon el fallo en la vereda del Colegio de Escribanos.

Colombo es el decimosexto imputado que escucha una sentencia por delitos de lesa humanidad en 2009. Antes fueron condenados cinco represores de San Luis, el apropiador Víctor Rei, dos carceleros de Misiones, el general Pedro Mansilla en Mar del Plata (en el mismo juicio fue absuelto el coronel Alejandro Duret) y en agosto, en San Martín, el general Santiago Riveros y cinco de sus su-bordinados de Campo de Mayo.

Según registros del programa Lucha Contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS, sobre 54 condenados por crímenes durante la dictadura hay ahora 15 que gozan de arresto domiciliario. Menos de la mitad (24) están en cárceles comunes. Diez están en la unidad penal de Campo de Mayo, donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular. Y cinco están en libertad, incluidos los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani, jefes de Mansión Seré. La próxima sentencia sería la del TOF-5, que juzga al general Jorge Olivera Róvere y a cuatro ex jefes de áreas militares. Si el tribunal no modifica su criterio, pasarán a ser diez los condenados que siguen caminando por la calle.