El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, declaró ayer la inconveniencia de que en las aulas de las escuelas estatales cuelguen crucifijos porque restringen los derechos paternos a educar a sus hijos libremente y según sus convicciones. El reclamo lo había planteado Soile Lautsi, ciudadana italiana, quien en 2001 pidió a las autoridades de la escuela estatal Vittorino da Feltre, en Abano Terme, cercano a Padua y camino a Venecia, donde cursaban sus hijos de 11 y 13 años, que fueran retirados los crucifijos de las paredes del aula. Después de recorrer sin éxito todos los estamentos escolares y judiciales italianos, llegó hasta la Corte de Estrasburgo, que resolvió por la “neutralidad estatal en cuestión de creencias”. El fallo tuvo su calvario: el vocero oficial del Vaticano, Federico Lombardi, criticó con “asombro y pesar” una decisión a la que calificó de “errónea y miope”. Más curiosa fue la reacción del gobierno italiano, que después de zambullirse en el escándalo del Cavaliere y sus belinas, las chicas sensuales que hicieron de acompañantes en tanta fiesta privada, salió a defender como un cruzado la presencia del crucifijo en las aulas.

Soile Lautsi llevaba a sus hijos de 11 y 13 años a la escuela estatal Vittorio da Feltre, en la comuna de Abano Terme, en la región del Véneto. En la escuela estatal la enseñanza italiana es laica. Pero cuando la mujer, de origen finlandés y que no profesa la religión católica, pasó por la escuela, descubrió los crucifijos colgados de las paredes y se sintió vulnerada. Pensó que esas presencias eran contrarias al principio de secularidad con el que pretendía educar a sus hijos, y pidió a las autoridades de la escuela que apartaran los crucifijos. Desde la dirección de la escuela no se tomó decisión alguna, con lo que se decidió que las cruces siguieran donde habían sido colgadas.

El reclamo subió un escalón, a las autoridades regionales, que a su vez elevaron el caso al Tribunal Constitucional italiano. El gobierno italiano defendió la presencia del crucifijo ante el tribunal, que se declaró incompetente en la materia. Un tribunal administrativo falló en contra de la demandante y el Consejo de Estado rechazó la demanda. Finalmente, el caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, la máxima jerarquía europea en la materia, que resolvió con el mentado fallo. La postura del gobierno italiano ante la Corte de Estrasburgo fue un calco de la que difundió ayer la ministra de Educación peninsular, Mariastella Gelmini, quien aseguró que el crucifijo es un “símbolo” de la tradición y su exposición en las aulas no implica “adhesión al catolicismo”.

El fallo de la Corte de algún modo respondió a la inquietud del gobierno del ultracatólico Berlusconi, un cavaliere cruzado a la hora de defender los estandartes públicos, pero perdido en privado entre las fauces de sus diabólicas e infartantes compañías, un amén al doble mensaje. En su resolución la Corte sostuvo que la exhibición de crucifijos “podría interpretarse fácilmente por los alumnos como un signo religioso” y agregó que podría resultar molesto para quienes profesan otras religiones. La Corte conminó a la “neutralidad confesional en el contexto de la educación pública”. También sostuvo que la función de la educación pública no debe ser invadir los ámbitos confesionales sino “estimular el pensamiento crítico de los estudiantes”.

La curiosa defensa del gobierno italiano consistió en intentar despojar de religiosidad a un símbolo religioso con la curiosa idea de mantenerlo en sus paredes aun a costa de transformarlo en un objeto cualquiera. La respuesta del Vaticano vino de la mano de su vocero oficial, Federico Lombardi. “Es una pena que sea considerado como un signo de división, de exclusión o de limitación de la libertad”, sostuvo Lombardi.

De otro costado, la Unión de ateos y agnósticos racionalistas de Italia (UAAR), que impulsaron el recurso ante la Corte Europea, consideraron que el pronunciamiento constituye “una victoria para la laicicidad”, según declaró el secretario general de esta organización, Raffaele Carcano. “La laicicidad del Estado italiano, afirmada por todos con la palabra, se confirma en una sentencia histórica”.