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La exitosa alianza entre policías bonaerenses y desarmadores de autos sufrió ayer un revés judicial nuevo. El juez de San Isidro Orlando Díaz dictó la prisión preventiva a un comisario y un oficial acusados de recibir semanalmente las coimas de dos centros de reducción de autos robados. Los dos policías que continuarán presos hasta el juicio oral en el que los juzguen por asociación ilícita son los mismos que ya aparecieron en una investigación publicada por Página/12 en la que los propios desarmadores cuentan cómo les pagaban el “arreglo” para continuar con los negocios. El de los autos es una de las más rentables actividades ilegales protegidas por la corporación policial.
Norberto Fiori es el comisario preso. Y José Humberto Garay, un sargento de su seccional que se encargaba, según los testimonios que engrosan la causa, de recorrer con un cronograma que jamás se rompía cada desarmadero abierto con la complicidad de la policía. A Fiori lo embarran, y casi lo empantanan, demasiados testigos. No sólo los vecinos que dieron inicio a la investigación del fiscal de Tigre John Broyad, sino también dos de los profesionales del desguace automotor, Pablo Marabotto y Oscar Chaparro. Los dos apuntaron a Garay y dejaron mal parado al comisario. A eso se le suma el relato de un policía de la misma comisaría de Pacheco, al tanto de las transas profusas entre las dos veredas de la ley. En su declaración cuenta que era público que a Garay lo visitaban mecánicos, gomeros y desarmadores de autos buscando su colaboración generosa. Y que lo mismo ocurría con el comisario con quien se reunía, sin esperas, sin nunca hacer pasillo, uno de los capos de la zona.
Si hay una escena de cotidianidad que terminó de convencer al juez de Garantías que los procesó, ésa es la del sábado al mediodía, cuando de uno de los desarmaderos del barrio Las Tunas de Pacheco solía salir un espeso humo de chori y carne de la mejor. El comisario, según los testigos, se sentó a esa mesa a departir con los muchachos como un miembro más de la banda. De hecho eso es lo que quedaría demostrado en principio para el juez Díaz que le dictó la preventiva como miembro de la asociación ilícita dedicada al comercio de autos robados. Sucede que las pruebas indican también que Garay recolectaba no para él, obviamente, sino para los jefes, en principio para el comisario. Al aparecer policías implicados en la causa, por una disposición de la Procuración General de la Suprema Corte, el fiscal que los investiga no puede ser del mismo departamento judicial que los acusados, de manera que el expediente del caso se desdobló. Lo que tiene relación con los delitos supuestamente cometidos por uniformados pasó a las fiscalías de San Isidro.
Allí se continuará la pista que dejó la investigación de Broyad: varios policías más estarían implicados en el mismo negocio. La comisaría de Pacheco era solo una de las bocas a alimentar con el dinero sucio. En la causa abundan los detalles sobre cómo otro agente, éste de la DDI, o ex Brigada de Tigre, pasaba con conducta religiosa a levantar las “colaboraciones” o “arreglos” que tenían con los delincuentes fierreros. Esos procesamientos, los del recaudador y los de algunos jefes, no tardarían, según fuentes judiciales le dijeron ayer a Página/12. Este diario entrevistó a los testigos claves de la causa; contaron cómo los autos blanquiazules se estacionaban frente a los locales de corte y venta de autopartes robadas y cómo los desarmadores les entregaban un fajo de billetes a los policías. Lo que la Justicia quiere saber es cómo funcionaba la maquinaria completa: esto es, cómo es el proceso que va desde el robo de coches a punta de pistola, hasta el momento en que cualquier hijo de vecino compra un guardabarros a la tercera parte de su valor aprovechando este gigantesco mercado ilegal en la provincia. Los investigadores sospechan que detrás del negocio no habría sólo dinero y chapas, sino también algunas muertes.