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Cada paso está puntillosamente descripto. Los documentos que las tabacaleras norteamericanas se vieron obligadas a hacer públicos en Estados Unidos –y que este diario empezó dar a conocer la semana pasada– muestran cómo, diez años atrás, se movieron para aniquilar la recién aprobada ley antitabaco, que terminó vetada por Carlos Menem. A fin de obtener el veto y “crear una atmósfera en la cual sería políticamente factible”, la industria del tabaco actuó a través de periodistas, políticos, científicos, publicistas, expertos constitucionales y encuestas. Esta es la historia de un lobby que se parece a muchos otros, pero tiene una fundamental diferencia: está documentado como ninguno.
“Veto de la ley antitabaco. Análisis del caso argentino”. El documento, uno de los miles que Philip Morris sacó a la luz por decisión de la Justicia norteamericana, describe un proceso que se inició en septiembre de 1990, con la aprobación del proyecto presentado por el diputado Aldo Neri en la Cámara baja, que prohibía todo tipo de publicidad directa e indirecta sobre el cigarrillo. Pero la alarma no cundió entonces sino mucho después, porque la ley durmió en el Senado casi hasta expirar, en 1992. Y entonces se despertó.
La ley no había sido sometida al análisis de ningún comité del Senado durante dos años y estaba destinada a caducar el 30 de septiembre de 1992 si no se la trataba. Cinco días antes, sostiene el documento, “el senador Oraldo Britos, presidente provisional del Senado y del Bloque Justicialista, llamó a una reunión sorpresa con representantes de las agencias de publicidad, los medios y la industria tabacalera para discutir el tratamiento de la ley durante la cual ‘ejerció fuertes presiones en quienes asistieron’”. Las “presiones” habrían sido según participantes de esa reunión un pedido de soborno, cosa que Britos siempre negó (ver aparte). Lo cierto es que días después la ley se aprobaba sin modificaciones.
A partir de ese momento comienza el lobby más intenso, con el objetivo de lograr el veto e “incrementar la percepción de la gente sobre la naturaleza extremista de la ley”. El paso formal es una carta a Menem (que se encontraba de viaje) solicitando el veto. Pero ya se habían iniciado los contactos así descriptos:
- “La industria del tabaco se reunió con altos funcionarios de la oficina del Presidente en repetidas ocasiones a partir del 27 de septiembre, tras el encuentro del senador Britos con los ejecutivos publicitarios.”
- “Por medio de contactos con los periodistas que acompañaban al Presidente en su gira europea, la industria del tabaco logró hacerle llegar su mensaje directamente.”
- “Los representantes de la industria se reunieron con el ministro de Economía, Domingo Cavallo, para expresar sus objeciones a la ley. El ministro acordó otro encuentro con el viceministro y el secretario para Relaciones Institucionales, quienes posteriormente comunicaron su apoyo para un veto a la oficina del Presidente.”
Siguieron las provincias. Se enviaron cartas a aquéllas donde están ubicadas las plantas tabacaleras para reclamar su apoyo al veto: Salta, Jujuy, Buenos Aires y Corrientes. El documento aclara que “el senador Romero Feris, de Corrientes, apareció en numerosas entrevistas de televisión hablando contra la ley Neri”.
Los medios son, justamente, un capítulo importante en el proceso. Inmediatamente tras el voto del Senado, “la industria incrementó sus contactos con los medios para transmitir su mensaje de apoyo a un veto”. La cobertura fue intensa, según el puntilloso conteo del documento:
- “Los voceros de la alianza de agencias de publicidad aparecieron en 44 entrevistas de radio en las dos semanas posteriores al voto del Senado.”
- “Hubo 32 entrevistas en televisión, incluyendo 11 con Jorge Vives, director de Asuntos Corporativos de Philip Morris de América latina.”
- “Se publicaron 129 artículos en diarios y revistas entre los días 1º y 15 de octubre, de los cuales 105 pueden ser clasificados como favorables para la posición de la industria.”
- “El total estimado del costo de la cobertura si se hubiera comprado tiempo y espacio en los medios habría sido de 2,8 millones de dólares.” No aclaran si, efectivamente, parte de ese espacio se compró.
En el frente de batalla, se asociaron las partes afectadas: las tabacaleras organizaron el 5 de octubre “una sesión de trabajo con aproximadamente 250 personas que representaban a dueños de medios, agencias de publicidad, proveedores, deportistas y asociaciones auspiciadas para movilizar apoyo a su posición”. Se decidió llevar adelante las siguientes acciones:
- “Las empresas de publicidad en la vía pública colocaron carteles en apoyo a un veto y colgaron pasacalles todo a lo largo de la ruta a la residencia oficial del Presidente Menem.”
- “Las agencias de publicidad lanzaron una campaña contra la ley Neri por medio de avisos en diarios, revistas, radio y TV.”
- “Todas las partes afectadas acordaron escribir cartas al Presidente Menem y dar a conocer al público el impacto económico adverso de la ley.”
El lobby también incluyó el aspecto legal. Para ello contrataron a un especialista: “La industria del tabaco –dice el documento– le encargó a un experto constitucional políticamente independiente, Alberto Spota, que escribiera una opinión legal sobre los aspectos constitucionales de la ley Neri. La opinión se basó en la ley argentina y los precedentes internacionales y fue consistente con la posición de Philip Morris sobre la constitucionalidad de las prohibiciones a la publicidad”.
El 30 de septiembre, la industria encargó una encuesta de opinión pública sobre un posible veto presidencial. La empresa elegida para realizarlo, dice el documento, fue “Tele Survey: Marketing y Opinión Pública”, la “misma usada por el Presidente Menem para sus propias encuestas, lo que aseguraba que los resultados tendrían un alto grado de credibilidad para él”. Las preguntas fueron cuidadosamente seleccionadas. La más destacada sostenía que entre quienes “conocían la ley y expresaban una opinión sobre la acción presidencial”, un 73 por ciento apoyaba un veto total o parcial.
Todas estas acciones, evidentemente, iban acompañadas de otras más indirectas. Tal como fue anticipado por Página/12, el cardiólogo Carlos Alvarez –dueño de la clínica Sacre Coeur y decano del posgrado de Ciencias de la Salud de la UCA– ya había sido incorporado al staff de científicos que producían artículos y organizaban eventos a pedido de las tabacaleras. Sólo por su gestión ante el Presidente sumó a sus honorarios una factura de 20.000 dólares que se exhibe en estas páginas.
Como se sabe, las gestiones llegaron a buen puerto. El 13 de octubre “primer día hábil tras su regreso a la Argentina, el Presidente Menem convocó a los representantes de la industria del tabaco a la Casa Rosada para informarles que vetaría la ley Neri”, dice el documento. El decreto se firmó un día después. En los diez años que siguieron no se volvió a tratar una ley que incluya una prohibición total a la publicidad de cigarrillos.