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Habían pasado cinco días de la sanción de la Ley Neri. En todo el país corrían las versiones sobre un supuesto veto a la ley que prohibía la publicidad del cigarrillo. Philip Morris y la British American Tobacco hacían todo tipo de esfuerzo para conseguirlo. Entre ellos, aceitaban los canales directos para llegar al entonces presidente Carlos Menem. La tarea fue encargada a Carlos Benjamín Alvarez, un prestigioso académico y cardiólogo personal de Eduardo Menem. Tal como anticipó este diario, desde hacía un año Alvarez era uno de los lobbistas latinoamericanos de las tabacaleras. Desde ese doble rol, el 6 de octubre le envió una carta a Eduardo Menem con los detalles de un informe que descartaba la relación entre el humo ambiental y las enfermedades cardíacas. Alvarez, que ahora es decano del posgrado de Ciencias de la Salud de la UCA, terminaba aquella nota con una despedida: enviaba el informe, decía, “con el objeto de aportarle elementos (para) el tan difícil problema que les toca resolver”.
Este es sólo uno de los documentos que integran la investigación que desarrollaron Joaquín Barnoya y Stanton Glantz, el grupo de científicos de la Universidad de California en San Francisco que puso al descubierto la estrategia que siguieron las tabacaleras norteamericanas para impedir en América latina la expansión del paquete de leyes conocidas como antitabáquicas. La carta enviada a Eduardo Menem, fechada el 6 de octubre del ‘92, forma parte del cúmulo de documentos que los científicos encontraron en el archivo británico de la British American Tobacco. Entre ese material al que accedió Página/12, existen otros dos documentos vinculados con el gran operativo del veto. Una de ellos es una carta firmada por Alvarez, la otra por Patrick Davies, uno de los hombres de la consultora Covington & Burling contratada por las tabacaleras para llevar adelante “The Latin Proyect”, el proyecto encarado por las compañías en Latinoamérica.
El artículo que Alvarez le enviaba al hermano del ex presidente era la culminación de un proceso que, tal como cuentan los informes, había sido puntillosamente diseñado para el país por las tabacaleras (ver aparte). Por entonces, Eduardo Menem era presidente del Senado de la Nación, y por esa condición ya no estaba vinculado formalmente con los zigzagueos que pudiera dar la ley. Para el Senado, la Ley Neri –tal como se la conoció– era ley desde el 30 de septiembre. A pesar de eso, el doctor Alvarez insistía. Su carta, pero sobre todo las relaciones personales con el ex presidente Carlos Menem que le valieron su nombramiento como lobbista de las compañías, sirvieron de hecho para conseguir el veto presidencial. El 13 de octubre del ‘92, Carlos Menem observaba “en su totalidad el proyecto de ley” aprobado en el Parlamento.
Por la gestión completa, el doctor Alvarez pidió 20 mil dólares. El 12 de noviembre le enviaba una carta (ver facsímil) con el detalle de sus honorarios a John Rupp, el jefe de Covington & Burling: “De acuerdo a nuestra conversación en Buenos Aires –decía–, debido al trabajo donde se establecen los argumentos científicos sobre la relación entre el humo ambiental y las enfermedades, que dejé en manos en su momento de las autoridades del Ejecutivo argentino, mis honorarios son 20.000 dólares”. A continuación ponía un número de cuenta para el depósito, en el Republic Bank de Nueva York.
Pocos días después, el 3 de diciembre, la plana mayor de las compañías ponía en discusión el caso del médico argentino. Patrikc Davies de la C&B les hizo una consulta formal a los dos gurúes argentinos de las tabacaleras: Jorge Basso Dastugue, de Nobleza Piccardo, y Jorge Vives de Massalin Particulares. En español, Davies sintetizaba el resultado de las llamadas telefónicas que había mantenido con ellos mismos horas antes. Tal vez éste es el documento que muestra de manera más clara el rol que jugó en el veto el actual decano de la UCA. “Hoy llamé a cada uno de ustedes -decía Davies– para conversar sobre la factura de U$S 20.000,00 que Dr.Alvarez sometió después de asistir en derrotar la ley de antitabaquismo.” Al final, Davies invitaba a los ejecutivos argentinos a emitir una opinión sobre aquellas gestiones.