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En septiembre del ‘92 la Ley Neri tenía media sanción en Diputados pero llevaba veinte meses estancada en el Senado. De seguir así, a fin de mes perdería estado parlamentario. Pero repentinamente todo cambió. El último día de sesiones ordinarias, el vicepresidente del Senado Orlando Britos pidió el tratamiento acelerado de la ley antitabaco. El proyecto se aprobó sobre tablas sin pasar por ninguna de las comisiones involucradas. Cinco días después de aquello considerado un triunfo para las organizaciones de lucha contra el tabaco, una denuncia involucraba a Orlando Britos con un escandaloso pedido de coimas.
Los informes reservados de Philip Morris y British American Tobacco, ahora en manos de este diario, indican que Oraldo Britos convocó a una reunión de carácter confidencial en el Senado. El encuentro se habría realizado el viernes 25 de septiembre a las seis de la tarde en su despacho. A la cita estaban convocados representantes de las tabacaleras, de las agencias de publicidad y de los medios de comunicación. Como representante del sector de los publicistas estuvo Gustavo Krasñasky de la ya desaparecida Radiux Publicidad. Por parte de los medios de comunicación estuvo uno de los altos ejecutivos de un diario. Las tabacaleras, en cambio, no se presentaron.
Britos había preparado la reunión para negociar la sanción de la ley. De acuerdo con esta versión, el trámite para impedir el tratamiento sobre tablas de la ley les costaría a las empresas un millón de dólares. “Pero Britos no lo dijo –indica ahora una fuente calificadísima–, él planteó los términos de la negociación y en un momento dado se fue y dejó a los presentes con otra persona, que hizo la propuesta.” También de acuerdo con los documentos y con la información recogida por este diario, los dos ejecutivos rechazaron la propuesta “por escandalosa”.
Lo que sucedió en aquel encuentro rápidamente se hizo público. Quince días después de la sanción de la ley y mientras las tabacaleras peleaban ya para conseguir el veto, alguien había dejado correr los detalles de la reunión. El 15 de octubre del ‘92 El Informador Público, una publicación relacionada con los Servicios de Inteligencia, difundía una nota llamada “historia de una coima”.
A diez años la historia muestra otros matices. La versión de la coima, de acuerdo con la fuente consultada por Página/12, es correcta. ¿Pero por qué se conoció? De algún modo, resultaba funcional: la existencia de un pedido de coima ensuciaba el panorama. Ponía en duda la legitimidad de la ley Neri, del modo en el que se gestó su sanción y, obvio, cuestionaba a los propios senadores. En ese escenario, se abría un panorama distinto para discutir con más soltura el veto del presidente Carlos Menem.
Orlando Britos, quien hoy niega la existencia de aquel encuentro, ha construido su propia hipótesis al respecto. Está convencido de que aquellas denuncias partieron en el momento en el que pidió el tratamiento sobre tablas de una ley destinada al olvido: “Yo rompí un gran negocio para alguien –dice–, y con la acusación estaban preparando el terreno para evitar el escándalo que llegaría con el veto”.