Lidia tenía 28 años y estaba embarazada de su quinto hijo cuando un muchacho dominicano, conocido de su novio, la tentó con una oferta suculenta: 5000 dólares en billetes por llevar hasta Madrid 28 cápsulas de cocaína en su estómago y otra cantidad en la suela de sus botas. Le dijeron que los riesgos eran mínimos, que la respaldarían si algo salía mal. Tenía que viajar en avión y entregar en suelo español la droga. Allí le pagarían y entonces dejaría atrás el taller textil de Castelar, donde cosía 11 horas diarias por 150 pesos a la semana. Podría quedarse en su casa a cuidar a sus hijos, lo que tanto ansiaba. Ya no tendría que salir a trabajar a las 5 de la madrugada y volver a las 9 de la noche, como hacía siempre. Pero sus sueños se empañaron en un instante: en el aeropuerto de Ezeiza la descubrieron y desde el 9 de setiembre de 2007 está presa con su hija más pequeña. Lidia es una de las centenares de mujeres, sin antecedentes penales, la mayoría pobres pero también de sectores medios venidos abajo, que abarrotan las cárceles federales detenidas por contrabando o transporte de pequeñas cantidades de estupefacientes, delitos que no son excarcelables de acuerdo con la legislación vigente y que tienen penas de hasta 16 años de prisión. Se estima que ocho de cada diez presas en el Servicio Penitenciario Federal están encarceladas por esta causa. Más del 60 por ciento –un porcentaje altísimo– está procesada, sin condena, según informó el SPF.

“La represión del contrabando se centra especialmente en el eslabón más débil: aquellos que transportan estupefacientes en el interior del cuerpo”, advierte Mónica Cuñarro, titular de la Comisión Nacional de Políticas de Prevención y Control del Narcotráfico. Capsuleras, vagineras y valijeras detrás de las rejas, mientras “los grandes capos difícilmente caen por el poder del dinero que manejan y por las relaciones con el poder político que mantienen y que los mantienen a salvo”, analiza la experta en geopolítica del narcotráfico y seguridad hemisférica Adriana Rossi (ver aparte).

Frente a este panorama, en la Comisión Nacional de PPyCN, encargada de redactar una reforma legal en línea con el “fallo Arriola” de la Corte Suprema, consideran que la política criminal del tráfico “debe ser reorientada” al desvío de precursores químicos para elaborar estupefacientes y al contrabando o figuras graves del tráfico. “Estamos pensando en readecuar las penas de los delitos que tienen que ver con el contrabando. Queremos darle al juez opciones ante los casos en los que no hay elementos de prueba que muestren que el imputado ocupa un lugar importante en la organización, es decir, fundamentalmente cumplir con el principio de proporcionalidad de la pena –reveló Cuñarro en diálogo con Página/12–. Hoy no hay opción para la excarcelación y la tasa de procesamientos y de condenas es elevadísima”, agregó.

El eslabón menor

Hay alrededor de setecientas mujeres detenidas en cárceles federales por infracción a la Ley 23.737, de acuerdo con información suministrada a este diario por el Servicio Penitenciario Federal. Representan el 80 por ciento del total de detenidas del SPF. Una de ellas es Lidia, que está alojada en la Unidad 31, para presas con hijos menores de cinco años, del Complejo Carcelario de Ezeiza. Casi la totalidad, como ella, cayó por transportar poca cantidad de droga en el interior de su cuerpo o en equipajes, según se desprende de distintos estudios realizados por el Comité Científico Asesor que trabajó primero en la órbita del Ministerio de Justicia y luego en la Jefatura de Gabinete, también a cargo de Cuñarro. Se trata de casos de contrabando “hormiga”, como los “pasadores de frontera”, eslabones marginales de un conjunto de estrategias de transporte y distribución de las grandes organizaciones criminales. La inmensa mayoría de las causas judiciales iniciadas por tráfico de drogas en el territorio argentino apuntan a ellos. En el fuero federal del interior del país, en siete años, entre 2000 y 2006 hubo apenas 21 condenas por “organización y financiamiento del tráfico” es decir, condenas contra “peces gordos” en el negocio narco, según datos de la Oficina de Investigaciones y Estadísticas Político Criminales del Ministerio Público Fiscal a los que tuvo acceso este diario. Así como un elevado porcentaje de causas por “tenencia para consumo personal” colonizaron los últimos años las agendas de fiscalías y juzgados del fuero federal hasta el reciente “fallo Arriola” de la Corte Suprema, lo mismo ocurre con los casos de mulas, especialmente mujeres, y como consecuencia de ello, la Justicia y las fuerzas de seguridad “distraen su atención” de la pesquisa de grandes cargamentos.

Un relevamiento realizado en el tercer semestre de 2006 encontró que en todo ese año se habían iniciado un total 570 causas por transporte de estupefacientes simple y contrabando (325 y 245, respectivamente) en el fuero federal del interior del país y ninguna por “organización y financiamiento de tráfico”. En el último tiempo, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires –donde no hay detenidas por tráfico de drogas– se empezó a ver otro fenómeno: “Hay un aumento muy significativo de mujeres presas por tenencia de estupefacientes en cantidades fraccionadas directamente para la venta al consumidor. Esto es, el último eslabón de la cadena de comercialización”, reveló a Página/12 Laurana Malacalza, responsable del Area de Género del Comité Contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la provincia. Según un informe que está elaborando el organismo, el 40 por ciento de las mujeres detenidas en penales bonaerenses está en prisión por ese delito, por tener kioscos o delivery de droga, generalmente paco, en su casa de una villa. Una amplia proporción de ellas son madres con hijos menores a cargo.

Rutas

La mayoría de las mulas son detenidas en Salta y Jujuy, cuando cruzan la frontera desde Bolivia, o en el aeropuerto de Ezeiza, cuando están por embarcar rumbo a Europa, como Lidia. En menor medida en Misiones, Formosa y Corrientes, cuando entran por Paraguay –en estos casos traen marihuana–-. “A veces las entregan los propios narcos para que la policía haga estadística o para entretener a los uniformados e ingresar los cargamentos importantes por otras vías”, coincidieron varias fuentes consultadas.

Un alto porcentaje son extranjeras, latinoamericanas y de Europa del Este. El 87 por ciento de todas las mujeres detenidas de países limítrofes y Perú está en prisión por delitos contra la ley de estupefacientes, según un estudio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre Extranjeros en Cárceles Federales, al que tuvo acceso este diario. En esa situación está el 97 por ciento de las presas bolivianas, el 81,4 por ciento de las peruanas, el 76,3 por ciento de las paraguayas, el 80 por ciento de las brasileñas, el 70 por ciento de las uruguayas y el 50 por ciento de las chilenas.

“Nunca transportan grandes cantidades. Son el eslabón menor de la cadena”, coincide Sergio Paduczak, defensor público oficial ante los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción de la ciudad de Buenos Aires e integrante de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación. “En las provincias del norte las condiciones de detención son terribles, muy precarias. Están en dependencias de Gendarmería, pero las mujeres no quieren ser trasladadas a grandes unidades porque quedan lejos de sus familias. En esas dependencias no tienen talleres, no realizan ninguna actividad con peculio. Muchas son campesinas de Bolivia a las que les ofrecen 100 dólares por pasar las cápsulas, un dinero que no pueden conseguir ni con dos años de trabajo”, contó Paduczak. En los últimos años, habló con decenas de “mulas”: “Me dicen: ‘A mí las condiciones de detención no me preocupan. ¿Sabe en qué pienso? En que dejé mis dos hijos de dos y cinco años al cuidado del que tiene 9 y les dije ‘Mamá mañana vuelve’ y hace dos meses que no los veo’. Eso me dicen y las historias se repiten. Muchas cruzan con la droga en su cuerpo y su bebito en brazos. Estoy convencido de que por las capsuleras no pasa el narcotráfico”, señaló. También opina que debería preverse una reducción de pena en los casos, como éstos, de chiquitaje.