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Un supermercado de la construcción deberá indemnizar con cinco mil pesos a un cliente que protestó, al parecer en un tono elevado de voz, ante una supuesta violación a la Ley del Consumidor, y terminó detenido, después de que una empleada llamara a la policía. Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Civil, que consideró que la empresa tiene la “obligación de reparar los daños provocados en el espíritu del damnificado”, que había planteado su queja –según entendió el tribunal– en base a las facultades que le confiere la Ley de Defensa del Consumidor.

El cliente “elevó repentinamente la voz mientras realizaba un reclamo dentro del establecimiento” y, al parecer, la situación superó a la empleada, quien decidió llamar a un policía “para evitar inconvenientes”, explica el fallo. Pese a la insistencia, el cliente no encontró satisfacción a su queja y, por el contrario, fue “increpado y detenido” por el policía.

El damnificado presentó una demanda judicial, que terminó en la Sala B de la Cámara Civil, integrada por los camaristas Jerónimo Sanso, Claudio Ramos Feijoo y Mauricio Mizrahi. Los jueces consideraron que el supermercado donde se produjo el episodio tiene la “obligación de reparar los daños provocados en el espíritu del damnificado”.

La responsabilidad de la cadena de supermercados fue determinada por los camaristas en base a que “la intervención de la policía dentro del local fue a raíz del requerimiento de la empleada de que era dependiente la accionada”. Es que, según los magistrados, el cliente “fue increpado y detenido por el agente que respondía al requerimiento del personal de la demandada, en un sector que era de recorrido común al personal, a vehículos y a los clientes, todo lo cual había incidido como para inducir a adoptar mayores y mejores cuidados para evitar lo que luego ocurrió”.