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La destituida jueza de faltas Rosa Parrilli –la que se había jactado de no pagar nunca sus multas– no volverá a cobrar su sueldo, aunque podrá conservar la obra social. Así respondió la Justicia a su pedido de seguir recibiendo salario, basado en que todavía no está firme la sentencia que la separó de su cargo.

Guillermo Scheibler –juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires– rechazó el planteo que Parrilli había sustentado en “el deterioro de su estado de salud debido a diferentes problemas que padeció, lo que repercutió en su salud mental y le acarreó inconvenientes psicológicos y psiquiátricos”. Sin embargo, dispuso preservar su acceso a la obra social, ya que “toda persona tiene reconocido su derecho a la salud de rango constitucional y es deber del Estado garantizarlo”.

El 15 de septiembre de 2009, Parrilli –jueza contravencional y de faltas de la CABA– fue a retirar su auto de la playa de infractores de la avenida 9 de Julio; allí discutió con las empleadas de tránsito Rocío Gómez y María Itatí Albe: “Todas morochas, ni una rubia contratan”, les gritó. Y agregó que, las multas, ella nunca las pagaba. No sabía que la cámara de seguridad del lugar lo registraba todo.

Sometida a juicio político, pidió licencia extraordinaria por enfermedad, que le fue otorgada a partir del 15 de octubre. Durante esta licencia, a fines de diciembre, un Jurado de Enjuiciamiento dispuso su destitución, por lo cual, a partir de febrero de este año, dejó de cobrar su sueldo.

Parrilli requirió una medida cautelar, argumentando que “la sentencia fue impugnada por arbitraria el 17 de febrero de 2010 ante el Tribunal Superior de Justicia”, por lo cual la decisión del Jurado de Enjuiciamiento “no está firme”.

La jueza argumentó que “su salario es su único sustento de vida y tiene carácter alimentario” y que “con dicho ingreso costea además el tratamiento médico, tanto suyo como de su hija”.

El juez Scheibler fundamentó su decisión de que Parrilli conserve la obra social con lo que “la presente medida tiende a evitar los mayores daños que podrían producirse si no fuera otorgada. Más aún si se tiene en cuenta que a la afección psiquiátrica, que dio origen a la licencia concedida por el Consejo de la Magistratura, se habría agregado una dolencia cardíaca”.