El ministro de Educación, Esteban Bullrich, decidió ayer suspender la aplicación del “Manual de instrucciones para las tomas de escuelas”, difundido por esa cartera la semana pasada entre los directores de escuelas, en la que sugería hacer la denuncia policial y entregar la lista de estudiantes que participaban de la toma. También prometió a que funcionarios de esa cartera recorrerán las escuelas donde existen reclamos de obras de infraestructura y mañana a las 18, en un nuevo encuentro, se daría a conocer un cronograma de obras. Al menos hasta entonces, las escuelas seguirían tomadas.

El memorándum de instrucciones a los rectores había sido rechazado por la Defensoría del Pueblo, los asesores de menores, legisladores de la oposición y el gremio docente. Las tomas en escuelas de nivel medio se iniciaron hace dos semanas, por reclamos de mejoras en infraestructura, viandas y becas. Ayer se inició en algunos de los establecimientos en conflicto el proceso de mediación, en el que participan funcionarios del ministerio y los delegados estudiantiles, con la intervención del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La titular del Ministerio Público Tutelar –que nuclea a los asesores de menores–, Laura Musa, adelantó que intervendrá en “el monitoreo de las respuestas del Ejecutivo, para garantizar que se cumplan los derechos” de los adolescentes.

El propio Bullrich visitó ayer a la mañana la escuela Urquiza del barrio de Flores y se reunió con los estudiantes que toman el edificio. Hasta entonces, el titular de la cartera había sostenido que no dialogaría hasta que no se levanten las tomas. Por la noche recibió a los representantes de las veintitrés escuelas tomadas. El titular de la FUBA, Alejandro Lipcovich, quien participó de la reunión como invitado, informó a Página/12 que el ministro se había comprometido a “revisar” el cuestionado memorándum.

Musa dijo a este diario que reclamó “la derogación de las instrucciones a los directores que sugiere hacer la denuncia policial de la toma”. Contra esa misma norma, dictada por el Ministerio de Educación el 19 de este mes, los diputados Gonzalo Ruanova, Francisco “Tito” Nenna y María José Lubertino, junto al titular de UTE-Ctera, Eduardo López, presentaron un recurso de amparo para pedir que se declare su inconstitucionalidad. Por su parte, la Defensoría del Pueblo dio a conocer ayer la resolución en la que recomienda al ministro de Educación que “apele a los procedimientos de resolución pacífica de los conflictos escolares” y “deje sin efecto” el llamado “manual de procedimiento para la toma de escuelas”.

Ayer mismo, el gobierno porteño tuvo que recurrir a un decreto para dictar la emergencia edilicia en catorce edificios escolares, para habilitar en esos casos un procedimiento licitatorio de plazos abreviados. Se trata del decreto 654/10, publicado ayer, con las firmas de Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Educación, Esteban Bullrich. “Este decreto muestra el fracaso del gobierno en la aplicación de la ley de emergencia que la Legislatura le votó al gobierno de Macri en diciembre de 2007 para resolver el problema edilicio de las escuelas”, dijo a Página/12 Gustavo Lesbegueris, titular del Area Derecho a la Educación de la Defensoría. En la lista de escuelas en emergencia se encuentran tres que ya habían sido incluidas en un decreto de emergencia edilicia en el año 2000.

El cuestionado memorándum distribuido por Educación dio pie ayer, antes de su suspensión, a una denuncia policial: la presentó el rector de la Escuela Media Nº 17, de Caballito, que había sido tomada el martes, y fue desestimada por la fiscal interviniente por inexistencia de delito o contravención. El asesor tutelar Carlos Bigalli, que fue notificado de la denuncia, dijo a Página/12 que ya había intervenido ante otra denuncia, hace quince días, por parte de directivos del Colegio Mariano Moreno, en Almagro. “Pedí el archivo de la causa porque los involucrados eran menores de edad, y además no existía delito o contravención.”