La Fundación Felices los Niños, del cura Julio César Grassi, estaría utilizando con fines comerciales –en contra de lo que establecen las normas vigentes– el predio del barrio de Chacarita donde funcionaba el Hogar Convivencial San José Obrero, desalojado en mayo de 2009 por orden de la Justicia, a raíz de una denuncia de abuso sexual de chicos alojados allí (ver aparte). El Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe) hizo una presentación judicial para que el lugar, de seis mil metros cuadrados, sea restituido al Estado, que lo cedió a Grassi el 27 de mayo de 1996, por decreto del ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Según el Onabe, en el establecimiento están funcionando un call center, un locutorio y se instaló una antena de telefonía celular por la cual la empresa Nextel le estaría pagando un canon a la fundación, que accedió al espacio sólo para darle un uso social y comunitario, sin fines de lucro. El planteo del Onabe fue rechazado “in limine” (sin analizar) por la jueza Rita María Ailán, quien consideró que la medida afectaría a los chicos que concurren a una escuela y a un comedor que funcionan en el lugar. Pero según el Onabe, en los hechos, esos lugares “van a seguir funcionando”, pero a cargo de otras instituciones y no de la gente de la fundación, cuestionada por las irregularidades ocurridas en el Hogar San José Obrero (ver aparte). La medida judicial que favorece a la fundación de Grassi será apelada ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, según adelantaron las fuentes del organismo oficial.

La dirección ejecutiva del Onabe resolvió, el 3 de septiembre de 2009, por la disposición 065, revocar el “uso precario y gratuito” del inmueble, tal como se había acordado en 1996, e intimó al de-salojo en un plazo perentorio de diez días. El agumento se basó en lo que establece la ley 17.091, en el sentido de que puede disponerse el desalojo en el caso de que se compruebe que el predio haya sido “cedido en concesión” a un tercero o que “el plazo del contrato de concesión haya vencido o que éste haya sido rescindido”. Como la gente de la fundación no acató la orden de desalojo administrativa, el Onabe recurrió, sin éxito por ahora, a la Justicia.

De acuerdo con lo que declaró a Página/12 Adrián Merlo, gerente general del Onabe, en el predio de Charlone 753/755/767, del barrio de Chacarita, además del call center, el locutorio y la antena de telefonía celular, sigue funcionando un comedor al que concurren unos 60 chicos, que son asistidos por la fundación, y el colegio Santa Teresa de los Andes, que depende, no de Grassi, sino del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires. “Queremos recuperar el predio para que dejen de funcionar las actividades comerciales que ha montado la fundación, pero la intención es que sigan funcionando tanto el comedor como el colegio, dado que ese tipo de actividades son las que fueron contempladas cuando se lo dio en concesión. Fines educativos, culturales, sociales y comunitarios son los que justifican la concesión”, explicó Merlo.

Las autoridades nacionales pretenden que el comedor siga funcionando, pero bajo la coordinación de la Comunidad Bet El, cuyo referente es el rabino Daniel Goldman, además vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. “No es posible que el comedor siga a cargo de una fundación cuya principal figura ha sido condenada (a 15 años de prisión) por abuso sexual y cuyos miembros hayan sido denunciados por los malos tratos ocurridos en el Hogar San José Obrero, que fue desalojado por orden de la Justicia. Los chicos que allí estaban quedaron al cuidado de familias sustitutas por el mal trato recibido antes en el hogar”. Según Merlo, lo que se busca es que “sigan el colegio y el comedor, pero bajo la responsabilidad de la Iglesia Católica y de la comunidad judía”.

La jueza Ailán, en su fallo, resolvió “rechazar in limine (sin analizar) el pedido de lanzamiento (de-salojo)” solicitado por el Onabe, entre otras consideraciones por entender que las personas “a desalojar no son ex concesionarios de la actora (el Onabe), sino niños y jóvenes cuyas edades oscilan ‘de meses a 18 años’”. Ailán sostuvo que si bien la ley 17.091 le otorga al Estado la posibilidad de acudir a la Justicia para exigir un desalojo “ello no autoriza a hacer extensiva su aplicación a supuestos que no se encuentran contemplados en su texto, ni surgen de su espíritu”.

Como argumento, la jueza cita la Constitución Nacional y sobre todo la Convención sobre los Derechos del Niño, que “después de expresar que ‘los Estados parte respetarán los derechos enunciados’” y con ese objetivo “asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna”.

Sobre el fallo, lo que Merlo aclaró es que “en ningún momento se quiere desalojar a ningún niño ni a ningún joven, sino a los miembros de la fundación. Además, en el lugar, luego del desalojo del hogar, no vive ningún niño o niña. Los chicos que van sólo vienen al comedor y luego se retiran a sus domicilios, igual que los chicos que concurren al colegio que depende del episcopado”.

“Grassi tiene prohibido tratar con niños y la gente de la fundación fue criticada por su actuación en el Hogar San José. No entendemos la decisión de la jueza, que parece mirar hacia otro lado, sin comprender la situación que se está planteando”, aseguró Merlo. El gerente del Onabe sostuvo que la fundación, hoy presidida por el conductor de TV Raúl Portal, está haciendo “un gran negocio con un predio que se le entregó en forma gratuita, pero para fines no comerciales”.