[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La posdata es escueta: “Esta mañana visité a Arminda Martínez y me comprometí a mandarle una pequeña ayuda económica, así como el respaldo de una persona idónea para que pueda realizar los trámites necesarios ante la Justicia”. La firma es del intendente de San Rafael, Ernesto Sanz, y Arminda es la mujer que el año pasado fue encarcelada sin motivo cuando se le murió su séptimo hijo, un bebé de siete meses, por desnutrición. Esa fue la única señal concreta que recibió Arminda de que su suerte podría cambiar en adelante. Tal vez, con la ayuda adecuada, pueda recuperar la tenencia de sus otros seis hijos que perdió mientras estuvo detenida.
Como en un juego infantil, la responsabilidad por lo sucedido a esta mujer de 29 años que vive en el paraje El Escorial, a treinta kilómetros de San Rafael, Mendoza, parece estar siempre en otro lado. Desde que este caso paradigmático se dio a conocer en Página/12, los funcionarios mendocinos se mostraron en algún caso “molestos” –como el responsable de Salud del área de San Rafael, Daniel Cánovas– y en otros impotentes. Sanz se cuenta entre estos últimos: “Cuando la instancia se transforma de administrativa en judicial se pierde jurisdicción. Sobre la tenencia de los chicos no podemos hacer nada porque es una decisión de la Justicia”, dijo el intendente a este diario. Aunque asumió que “según mi suposición, el dinero que recibe el hermano de Arminda por el programa Familia Cuidadora debería ir a ella”. En el caso de Cánovas, sólo quiso exhibir su molestia ya que, según él, “nunca dejamos de ayudarla”.
Lo cierto es que Arminda pasó siete meses en prisión antes de ser liberada por falta de mérito. Fue demasiado tarde para recuperar la tenencia de sus otros seis hijos. Su hermano Tiburcio recibe del plan Familias Cuidadoras un subsidio de 90 pesos por niño y ése es su principal ingreso. Arminda recibía como ayuda del Estado un vale de 60 por mes y unas cuantas cajas de leche. “A mí se me murió un bebé porque a quien le pedía ayuda no me la daba. Ahora a mi hermano sí se la dan y yo pregunto por qué no me ayudan a mí, así puedo estar cerca de mis hijos.” La pregunta de Arminda es sencilla y contundente. ¿Por qué no? “El de ella es un caso particular, se dan cosas que no existen –dijo el intendente–: dos maridos golpeadores, siete chicos, es todo un problema. A lo mejor en estos casos tan particulares el sistema tenga sus fallas, porque es verdad, esos siete meses en la cárcel no tienen explicación.”
Incomunicada
Es probable que la mala suerte se haya complotado contra la funcionaria. ¿Por qué no? Los teléfonos se descomponen aun en la era privatizada, pero no deja de llamar la atención que en la semana que pasó, este diario no haya podido dar con Graciela Herranz de Pérez, presidenta del Instituto de Políticas Públicas para la Equidad entre Hombres y Mujeres, organismo que depende del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la provincia de Mendoza. En su dependencia no hay siquiera un contestador y el teléfono particular que dieron de ella en el ministerio está permanentemente ocupado. Este desencuentro es tan llamativo como la distancia que hay entre la legislación mendocina y la realidad de personas como Arminda.
“Lo que nos interesa son los chicos y ellos están bien atendidos, van a los controles médicos y aumentaron de peso”, dijo el responsable de Salud de San Rafael, pero ni a él ni a la señora Herranz de Pérez parece importarles el derecho de la madre a estar con sus hijos. El caso de Arminda no era desconocido en Mendoza: en abril se conoció su detención por una nota de la periodista María Luz Martínez del Diario Uno. Sin embargo, a fines de 2002 el ministro de Salud y Acción Social, Juan Manuel García, aseguró públicamente que “ningún niño falleció por desnutrición en la provincia durante el 2001 y el 2002”. Lo hizo cuando las luces de la televisión habían alumbrado postales increíbles del hambre en el norte del país. El caso de Arminda estaba silenciado, ella todavía estaba tras los muros de la cárcel. “Es llamativo lo que sucede en Mendoza –dijo Oscar Fappiano, secretario de Derechos Humanos de la Nación– porque se supone que han modificado la ley de menores en 1990, pero sigue existiendo la figura del peligro material o moral que permite que sucedan cosas como la de esa muchacha.”
Arminda sigue esperando. Cuando se termine la feria judicial de enero tendrá una nueva oportunidad de reclamar por sus derechos, tal vez entonces haya encontrado el asesoramiento legal que necesita para que su voz sea escuchada en los estrados donde se toman las decisiones.