Organizaciones sociales, de derechos humanos, en defensa del medio ambiente, legisladores y representantes de asambleas ciudadanas de provincias mineras exigieron ayer “la urgente y plena aplicación” de la Ley de Protección de Glaciares, ante la existencia de un “modelo saqueador y extractivista” de minería. En ese sentido, subrayaron la “resistencia social” que hay en las localidades adonde están los emprendimientos mineros. Los ambientalistas consideraron como “deficitaria e incompleta” la reglamentación de la ley, dado que no contempla el artículo 15 sobre el inventario de zonas prioritarias y auditorías ambientales. Desde el Congreso, pidieron la interpelación del secretario de Ambiente, Juan José Mussi, para que dé explicaciones sobre la reglamentación.

Las quejas de legisladores y ambientalistas se fundan en que la reglamentación de la ley fue parcial: aseguran que no contempla, entre otros, el artículo 15, que establece un inventario en zonas prioritarias –en actividad minera en la actualidad– y las auditorías ambientales a emprendimientos en ejecución para reconocer el impacto sobre el terreno. Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, explicó a Página/12 que ya se deberían haber determinado las áreas prioritarias y resuelto el mecanismo de auditoría”. Por eso, la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Reyes pidió la interpelación de Mussi.

En diálogo con este diario, Marta Maffei, autora del proyecto de ley original, consideró que “está bien que la reglamentación no sea demasiado restrictiva, porque a veces desvirtúa la propia ley. Es operativa, la mayoría no requería reglamentarse”. A su vez, explicó que “el artículo 2 dice que todo lo que no esté reglamentado debe hacerlo la autoridad de aplicación. Ahora hay que trabajar sobre eso”. Y advirtió que “la aplicación de la ley es otro paso”.

Los reclamos se enfocaron en la “resistencia” de las poblaciones a los proyectos mineros como los de San Jorge, en Uspallata, en Mendoza o Agua Rica, en Andalgalá, en Catamarca, a pesar de las leyes locales de prohibición de minerías. En ese sentido, los asambleístas criticaron las medidas cautelares en las provincias para frenar la aplicación de la legislación sobre el tema. Y uno de los ejes bajo la lupa fue el rol que tendrá la Procuración del Tesoro de la Nación para defender judicialmente la ley ante las medidas dictadas en la Justicia Federal de San Juan que suspenden la aplicación de la norma en esa provincia.

Los asambleas ciudadanas denunciaron maniobras de hostigamiento y persecución a los ambientalistas locales, tal como ocurrió hace unos días con los activistas de Greenpeace en San Juan. Eugenia Testa, de esa ONG, denunció la “resistencia” de la aplicación de la Ley de Glaciares en las provincias mineras y la “impunidad de un sector que explota los recursos y está impactando sobre el ambiente”. “El modelo minero no puede instaurarse sin la entrega, la represión y la impunidad del poder político”, dijo Elsa Quiroz, diputada nacional (CC), en la conferencia de prensa realizada en el Congreso.

También se escucharon las voces de asambleas. “El 77 por ciento de la población le dijo ‘no’ al proyecto minero San Jorge. Pero sigue avanzando, sin escuchar al pueblo. El agua de Mendoza corre riesgo de contaminación y envenenamiento por este proyecto”, contó Claudia Timoner, de la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza. De Andalgalá, Arturo Flores contó que el lugar “ya está contaminado. Todos los días hay personas con grandes problemas de salud, como cáncer. Es intolerable”.

Por su parte, Reyes enfatizó que “la reglamentación llegó tarde y mal para darles tiempo a las mineras de seguir operando”. En el transcurso de la total puesta en marcha de la ley, Javier Rodríguez Pardo, del Movimiento Antinuclear del Chubut, alertó que con este modelo “nos quedamos sin los bienes comunes (agua)”. A modo de síntesis, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, subrayó que el modelo minero “privilegia el capital financiero sobre la vida”.

Informe: Soledad Arréguez Manozzo.