“El acceso a la vivienda es un derecho. Por eso estamos acá.” Es la voz de una docena de agrupaciones sociales, cooperativas de vivienda y vecinos que acamparon ayer, por cuarto día consecutivo, frente al Instituto de Vivienda porteño (IVC) en reclamo de un plan integral de construcción de casas populares frente a la “emergencia habitacional” de la ciudad de Buenos Aires. A cinco meses de la toma del Parque Indoamericano, los manifestantes denunciaron que “falta una política pública” que apunte a solucionar las dificultades del acceso a una vivienda digna y, en ese sentido, exigieron que los gobiernos, tanto nacional como porteño, “construyan” las viviendas prometidas tras la toma del parque de Villa Soldati. En diálogo con Página/12, un grupo de vecinos adelantó que continuarán con la medida por tiempo indeterminado.

Las carpas, levantadas en la plazoleta frente al IVC, en Carlos Pellegrini y Perón, transformaron el paisaje del centro porteño. Allí, las familias nucleadas en el Movimiento por Vivienda Popular exigen “una solución definitiva” al déficit habitacional, que afecta a alrededor de 500 mil personas, según un informe de la Legislatura porteña. Frente a este panorama, pidieron que haya un aumento del presupuesto para la vivienda popular y que su ejecución sea “total” con control por parte de vecinos y organizaciones. Además, exigieron la “suspensión inmediata” de los desalojos, ya que “deja a las familias abandonadas en la calle”, denunciaron. Los acampantes, pertenecientes al MTD Aníbal Verón (CTA), MTL Rebelde y la Cooperativa 20 de Noviembre, entre otros, se instalaron el jueves al costado de la 9 de Julio.

“No hay una política para la vivienda. Uno de los principales problemas es el acceso al crédito”, se quejó uno de los referentes del acampe. Por eso, uno de los reclamos es la apertura de programas de crédito blando, como la ley 341, y el otorgamiento de créditos individuales, de 142 mil pesos. En esta línea, las familias piden que se ponga en práctica un “alquiler social”, es decir que el monto no supere el 20 por ciento del ingreso familiar, con garantía estatal. Además, “hay que simplificar la operatoria para poder acceder a los programas”, sugirió otro de los acampantes. Hasta ayer, no hubo respuestas a sus reclamos. Según contaron, desde el IVC les prometieron acordar “una reunión para el lunes (por ayer) o martes (por hoy)”, pero no todavía no habían recibido una citación.

Las banderas resguardaban a los vecinos del viento y del paso de los automóviles, mientras que los chicos jugaban dentro de las carpas. Con asambleas permanentes y una radio abierta, las organizaciones buscaron hacer visibles sus reclamos en pleno centro porteño: un impuesto a la vivienda ociosa, la sanción de una ley de emergencia habitacional, la urbanización de las villas –“sin clientelismo político”, aclararon– y juicio y castigo a los responsables de las muertes del Indoamericano. Después de esa toma, “todo siguió como si no hubiese pasado”, denunciaron.

“Si las autoridades quieren, el problema habitacional se puede resolver”, concluyó uno de los voceros del Movimiento.

Informe: Soledad Arréguez Manozzo.