“No dudamos de las mejores intenciones de los funcionarios, pero los jueces no juzgamos intenciones, sino que analizamos las políticas que se concretan.” El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, resumió en una frase las dudas que los ministros del alto tribunal plantearon a los responsables de Acumar, el ente que tiene a su cargo las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y titular del ente, Juan José Mussi, resaltó que las acciones desarrolladas hasta el momento permitieron que “1.021.000 habitantes de esa zona tengan hoy agua potable y que 480 mil pobladores posean un nuevo sistema cloacal”. De todos modos, al admitir atrasos en la realización de las obras proyectadas, Mussi alegó que “sería iluso pensar que todo el problema se puede corregir en poco tiempo”. Los jueces expresaron, sobre todo, su preocupación por la situación sanitaria de los niños que viven en el área contaminada y por la forma en que se harán las relocalizaciones de viviendas.

“Creo que fue importante que los jueces, por primera vez, preguntaran sobre las relocalizaciones y que dejaran sentado que las personas no son objetos. Hace meses que los vecinos vienen preguntando, sin tener respuestas claras, sobre dónde irán a vivir si es que tienen que abandonar sus casas”, le dijo a Página/12 Diego Morales, titular del área de Derechos Sociales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presente en la audiencia. Mussi dijo que ya fueron relocalizadas 13.150 familias, pero de acuerdo con la información que tiene el CELS, otras 571 todavía tienen que dejar sus casas en el Gran Buenos Aires y 1860 en la ribera de la Ciudad de Buenos Aires.

La Corte reanudó ayer la audiencia pública que había pasado a cuarto intermedio el 16 de marzo, para analizar la marcha del plan de saneamiento ordenado por el tribunal en 2008, en una causa por daños y perjuicios iniciada por personas que viven a la vera del Riachuelo. El principal expositor fue Mussi, titular de la Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo), quien se refirió a “los avances conseguidos”.

“Las soluciones están en marcha”, sostuvo Mussi, quien precisó que “sobre un universo de 19.727 establecimientos industriales empadronados, 12.027 ya fueron fiscalizados y 332 presentaron planes de reconversión industrial para dejar de verter efluentes contaminantes.” Además, al 28 de febrero pasado, eran 167 los establecimientos clausurados por no cumplir con las normas ambientales. Fueron 134 los basurales “saneados y erradicados” hasta ahora.

Respecto de las familias relocalizadas, Mussi afirmó que la Acumar consiguió que “13.150 de ellas tengan hoy una vivienda digna”. En ese sentido, ante una pregunta de los jueces, aseguró que contaron con “la colaboración y el agradecimiento (de los grupos familiares) al ser llevados a viviendas más dignas”. Detalló que se limpiaron 242 kilómetros de las márgenes del Riachuelo con el trabajo de “dos mil cooperativistas”. y confirmó que “ya no quedan más barcos hundidos”.

Antes habían expuesto el adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, y el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, quien dijo que entre los años 2007 y 2010 hubo “una subejecución constante en materia presupuestaria”. En 2007 quedó sin ejecutar el 75,46 por ciento del presupuesto, en 2008 el 29,04, en 2009 el 30 por ciento, y en 2010 el 38,43 por ciento. Despouy mencionó que sólo se ejecutó el 54,2 por ciento del monto de un préstamo del BID por 500 millones de pesos, que data de 1998. De ese monto, 150 millones fueron destinados por el gobierno de entonces a planes sociales.

Las juezas Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay manifestaron sus “serias dudas” respecto de los datos estadísticos presentados por la Acumar respecto de la salud del millón de niños que vive en la zona, dado que sólo se han proporcionado “datos muy parciales”, de un pequeño sector de esa población. También cuestionaron que una serie de informaciones para las cuales la Corte les había dado un plazo de “tres meses” recién se informó “tres años después” del fallo que ordenó el saneamiento, en el año 2008. Las juezas cuestionaron que, para el seguimiento de la salud de los más pequeños, se haya elegido “el método de la Cepal, cuando se tenía uno muy eficiente, mucho más sencillo y más a mano”, diseñado por profesionales del Hospital de Pediatría Garrahan.

Diego Morales, del CELS, cuestionó el procedimiento realizado por el Acumar el 12 de mayo en Villa Luján, en Avellaneda, cuando “frente al desconcierto de la gente” del barrio informaron que debían comenzar “los trámites necesarios para ser adjudicatarios de las viviendas ubicadas en Castañares y General Paz”. Se les comunicó a los vecinos que debían dejar de inmediato las casas cercanas al Riachuelo y que, para ser adjudicatarios, tenían que afrontar pagos “acordes a sus ingresos familiares”. Ese tipo de acciones fueron cuestionadas ayer por los jueces de la Corte, que estudiarán ahora el informe de Mussi y decidirán si convocan a una nueva audiencia pública.