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Desde el comienzo de su gobierno en 2003, Néstor Kirchner planteó que el reinicio del proceso de memoria, verdad y justicia suponía una refundación ética de la sociedad y que ésta no era una tarea de los partidos políticos. De modo deliberado, se colocó en esos primeros años en una posición atópica por la distancia que estableció respecto del partido justicialista y de la “corporación política” en general. En este contexto, los organismos de derechos humanos constituyeron una estirpe de pertenencia electiva. Asumiendo este linaje, el kirchnerismo se conectaba con quienes ofrecían el sustrato de legitimidad que la nueva etapa precisaba. La apelación explícita a este impulso ético y la re-inscripción jerarquizada en la escena pública de los principales iconos de este movimiento, después de años de permanecer en los márgenes de la resistencia, es sin duda un elemento ineludible para el análisis de este período.

Tal como Beatriz Sarlo plantea en el capítulo de su último libro donde desarrolla el tema, todo esto “No estaba escrito”. Sobre la base de las mismas coordenadas de emergencia, el nuevo gobierno podría haber hecho exactamente lo contrario o algo muy diferente. Así lo puso en evidencia el propio Kirchner en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa cuando cometió la premeditada infidencia de comentar que “en los círculos de la política argentina antes del 2003 se conversaba cómo se declaraba la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final” y por las dudas agregó: “Algún día, como dicen que todo político escribe su libro, si alguno osa decir que no es cierto colocaré todos los nombres en ese libro. Todos saben más o menos cuáles son, hay de todos los partidos o de casi todos”. Convertir esa debilidad de origen en un campo propicio para generar nuevas alianzas, romper los acuerdos transversales de impunidad y avanzar definitivamente en la búsqueda de justicia, verdad y memoria fue una decisión política del nuevo presidente, no un destino manifiesto de la historia.

Es cierto que el reinicio de los juicios fue presentado por el entonces presidente Kirchner como una especie de punto cero de la temporalidad democrática. En esta autoafirmación fundacional, el kirchnerismo hizo un recorte del pasado que no le permitió rescatar hitos incuestionables del proceso de memoria, verdad y justicia, como el trabajo de la Conadep o el Juicio a las Juntas. Que Néstor Kirchner no lo haya hecho no implica que la sociedad argentina no pueda hacerlo.

En cambio, plantear que el proceso que se inició a partir de entonces no es genuino porque Kirchner no tenía suficientes credenciales previas en el campo de los derechos humanos para transitarlo es desde todo punto de vista irrelevante. ¿En qué medida esas afirmaciones –aún si fueran ciertas– invalidan las políticas desarrolladas en esta materia? Por otro lado, más allá de los méritos personales y políticos de los líderes en cada momento histórico, importa rescatar el sujeto colectivo que hizo posible sostener y consolidar este proceso de memoria, verdad y justicia. Sarlo no lo hace, al detenerse en la anécdota y su interpretación mezquina, realiza un borramiento de esas luchas y las apaga, sugiriendo que su fuerza radica en haber sido la criptonita descubierta por Kirchner para la construcción de una supuesta imagen indestructible.

Además, frente a la lectura de su libro se imponen algunas preguntas básicas: ¿desde qué categoría de pensamiento la invención política, el empeño en componer alianzas y revalidar actores sociales preexistentes, la búsqueda de un lugar propio de enunciación que conecte con la historia colectiva, reinterpretándola, puede convertirse en motivo de amonestación? Y en lo particular ¿desde qué perspectiva la elección de los organismos de derechos humanos como lugar de referencia ética y la evocación de la militancia de la generación diezmada por la dictadura como iconos para una reconstrucción de la identidad colectiva basada en la redención del pasado resulta censurable como proyecto político? La hipótesis de Sarlo de que Kirchner se aprovechó de la irreprochabilidad de las Madres en la opinión pública para ocultar su inacción durante la dictadura, la discuten los propios discursos de Néstor Kirchner, en los que sorprende el elevado nivel de autocrítica generacional y política al respecto.

Pero más allá de estas particularidades, las críticas de Beatriz Sarlo no pueden ser escindidas de la profunda conexión que el kirchnerismo estableció entre su interpretación acerca del pasado reciente de la nación, su política de memoria, verdad y justicia y las luchas que decidió librar a lo largo de sus gobiernos. Esa configuración particular –en la que los derechos humanos jugaron un rol simbólico y político clave– condujo a que la reacción política e intelectual traspasara una barrera hasta entonces sacrosanta: el consenso de los derechos humanos postransición democrática. La disputa no es ociosa ya que, en los hechos, el kirchnerismo propuso a la sociedad una reformulación de este consenso y por ende la revisión de algunos de sus acuerdos implícitos.

Desde la perspectiva de sus críticos, bajo el kirchnerismo los derechos humanos habrían dejado de ser base del pacto social democrático para convertirse en bandera política de una facción. Bajo otra configuración de análisis, podría pensarse que el relato kirchnerista ofreció una maduración de ese consenso de la postransición: de su primera versión –más liberal– que permitió un acercamiento nacional a la causa de los derechos humanos (sobre la base de presentar a las víctimas como individuos aislados y despolitizados y a los victimarios como seres irracionales que habían actuado al margen de toda norma ética pero también al margen de la sociedad a la que pertenecían) se pasó a reponer en los intersticios vacíos de esa historia los proyectos políticos que estaban ausentes, tanto el de los vencidos como el de los vencedores. En este acto, el kirchnerismo encontró el fundamento ético para sostener sus propuestas e impugnar las de sus adversarios y al mismo tiempo ofreció a la sociedad una nueva matriz de interpretación política de los derechos humanos.

* Ex directora de Comunicación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entre 2005 y 2010. Actualmente escribe su tesis para obtener la licenciatura en Filosofía sobre “Los derechos humanos como fundamento de la reconstrucción ética y política en el período 2003-2010”.